La comisión de seguimiento de la causa Vicentin en la Cámara de Diputados de Santa Fe presentó este martes el cuarto informe. «Todos estos elementos queríamos dar a conocer hoy porque entendemos que el caso es una de las problemáticas más importantes que se está llevando adelante en el país, en la provincia de Santa Fe y que lamentablemente puede tener un desenlace poco feliz por lo que evaluamos», advirtió el diputado provincial Luis Rubeo.
Para el presidente de la comisión de seguimiento de la causa Vicentin, «siguen teniendo total vigencia los objetivos planteados cuando pusimos en marcha esta comisión: defender los puestos de trabajo, evitar la extranjerización de la empresa y saber dónde están los dineros públicos que se deben».
En representación del conjunto, Rubeo se jactó de que «somos el único ámbito político plural que viene funcionando desde el sector estatal. Esta comisión está integrada por todo el arco político de la Cámara de Diputados. Y todas las acciones que damos a conocer están absolutamente respaldadas por la documentación correspondiente».
El cuarto informe incluye las audiencias que se celebraron desde la comisión de seguimiento desde marzo hasta septiembre. «Comenzamos en la localidad de Reconquista, adonde fuimos a hablar con los trabajadores. Recuerden que se había iniciado un proceso por parte del actual directorio del Grupo Vicentin sobre un supuesto acuerdo sobre algunas quitas que se venían planteando».
«Queríamos conocer el pensamiento de los trabajadores y nos reunimos con los aceiteros, con los textiles y con los de la carne. Cada sector nos dio su problemática», apuntó Rubeo en conferencia de prensa.
«La otra cuestión era hablar con el juez (Fabián) Lorenzini, quien ya en aquella época había dictado la prórroga al concurso solicitado por la empresa. Nos interesaba saber qué elementos había valorado para decretar esta prórroga, que dicho sea de paso será el 16 de diciembre y resultará clave», evaluó el diputado provincial justicialista.
«También le preguntamos qué elementos había valorado para pesificar la deuda, ya que hay una parte que está dolarizada y otra que está pesificada. Nos dijo que lo hizo ajustándose a las reglas concursales que determinan cómo es el procedimiento», argumentó Rubeo.
Y añadió: «Procedimiento que el juez Lorenzini ha venido cumpliendo religiosamente, aunque algunos pensamos que más allá de que se ajustan a derecho, fueron bastante laxos y de alguna manera beneficiaron al grupo que hoy administra la empresa».
El nuevo informe también contempla la audiencia que legisladores provinciales mantuvieron en Buenos Aires con directivos del Banco Nación. «En ese momento parecía que el banco respaldaba el pedido de quita que el directorio de Vicentin había hecho, para llevar adelante el pago a los acreedores. Esa versión fue absolutamente desmentida por el presidente de la entidad. Es más, ratificaron que quieren llegar al fondo de la cuestión y que querían cobrar los 300 millones de dólares que la empresa le debe al Banco Nación», advirtió Rubeo.
Además, «aprovechamos ese viaje y nos cruzamos a Casa de Gobierno para presentar un pedido de audiencia al presidente (Alberto Fernández). Todavía no hemos tenido respuestas. Seguimos valorando que la instancia final de la resolución es con un alto involucramiento del gobierno nacional, del gobierno provincial, de los acreedores públicos y privados, de los acreedores granarios y del sector cooperativo».
Vicentin, la firma que vendía confiabilidad y provocó default millonario que se presume fraudulento
Cuando la comisión de seguimiento fue a reunirse con el directorio en la localidad de Avellaneda, aún estaba vivo Sergio Nardelli. «Nos dijo tres cosas: que hacía falta plata y lo valorizó en 300 millones de dólares. La segunda, refinanciación de las bancas públicas y privadas para poner en funcionamiento el circuito de comercialización que en aquel momento estaba vedado porque la empresa estaba en cesación de pagos. Y la tercera, la más difícil según él, que era recomponer la confianza. Nadie le va a dar plata a un directorio que es la continuidad del directorio anterior, que viene defaulteando a la empresa por 1500 millones de dólares».
Asimismo el informe contiene un relevamiento de los veedores de la auditoría forense. «Acá se demuestra que pudo haber habido un falseamiento de datos sistemático por parte de la empresa. Según ellos, no puede ser que una empresa que venía teniendo una actividad exitosa, con balances positivos hasta el 2018, a partir del año siguiente haya entrado en una situación de quebranto y de cesación de pagos».
Por último, Rubeo indicó que «Afip plantea que se retrotraiga todo tipo de venta, como el caso de Friar y de Renova al grupo Glencore, porque se determinaría que todo es parte de la misma situación».
