La cerealera Vicentín pasó de ser la sexta exportadora de granos y derivados de la Argentina a incurrir en cesación de pagos con una deuda cercana a los 100 mil millones de pesos, y a ser intervenida por el Estado nacional ante el riesgo de quiebra y extranjerización de la empresa.
Fundada en 1929 en la localidad santafesina de Avellaneda, Vicentin hoy posee no sólo la agroexportadora y procesadora de granos sino también empresas de biocombustibles, frigoríficos y algodoneras, entre otras, y sorprendió al anunciar a principios de diciembre pasado su incapacidad para afrontar el pago a proveedores de granos y acreedores financieros.
Así, el 5 de diciembre la empresa alegó «estrés financiero» y anunció una «reestructuración» de pagos para poder hacer frente a sus deudas, que en ese momento se estimaban en 350 millones de dólares.
Las razones que la compañía esgrimió para incurrir en una cesación de pagos fue que se había «visto negativamente afectada por un contexto de crisis recurrentes, aumento de tasas de financiamiento, cierre de mercados y el incremento permanente del costo argentino».
Tras conocerse el inminente default, Vicentin apostó por un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) en el cual realizó una oferta dolarizada y sin quita para productores chicos y pidió un plazo de ocho años a los corredores y acopiadores, con la condición de que los proveedores sigan entregando granos, mientras que para el Banco Nación, su principal acreedor financiero, todavía no se conocía una oferta.
Tras fracasar en ese intento, el 10 de febrero la empresa resolvió pedir en los juzgados santafesinos de Reconquista un concurso preventivo de acreedores.
Así, el juez de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Denominación de Reconquista, Fabián Lorenzini, aceptó la petición de la empresa, la cual declaró deudas por 99.345,26 millones de pesos a 2.638 acreedores, de los cuales 1.895 son proveedores de granos y 37 acreedores financieros.
Según la empresa, la deuda con los proveedores de granos alcanzaba los 25.656 millones de pesos, mientras que las obligaciones impagas con los acreedores financieros ascendían a 63.961,56 millones de pesos, de los cuales más de 18.500 millones correspondían al Banco Nación.
Ante esta situación, el pasado lunes el gobierno nacional dispuso la intervención de la empresa a través de un decreto de necesidad y urgencia, cuestión que se efectivizó el miércoles, y anunció que enviará al Congreso un proyecto de expropiación de la firma.
El presidente Alberto Fernández fundamentó el rescate de la compañía ante el eventual riesgo de que el concurso preventivo desemboque en una quiebra y de que esto derive en la extranjerización de la misma.
En diálogo con radio Con Vos, Fernández sostuvo que el Estado se está «haciendo cargo de una empresa en quiebra, no de una empresa próspera», y sostuvo que «se trata de una decisión excepcional por su naturaleza estratégica».
En ese sentido, expresó que las «empresas en quiebra tienen un proceso previo que a veces son exitosos y evitan la quiebra, pero temo que en este caso no lo hubiera sido, el concurso preventivo hubiera derivado en una quiebra», y agregó que «en ese río revuelto hubieran ganado los que ganan siempre, que son las exportadoras multinacionales».
Por su parte, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, afirmó que la intervención a Vicentin «es una decisión política estratégica» y remarcó que «el instrumento para que la Argentina no pierda la empresa es la expropiación».
Según Basterra, del concurso de acreedores «no se percibe una salida sana y se corre un gran riesgo de trasnacionalización de la empresa”.
Esta decisión despertó las críticas de parte del sector agroindustrial y agroexportador al sostener que la intervención y expropiación es «ilegal» y que «no se respeta la división de poderes», ya que la empresa en estos momentos atraviesa un concurso preventivo de acreedores en manos de la Justicia santafesina.
Otro punto que encendió las alarmas en el gobierno es la deuda que Vicentin posee con el Banco Nación (BNA), valuada en 18.500 millones de pesos, y el modo en que se llegó a ese número.
Según el director del BNA, Claudio Lozano, «en el proceso de endeudamiento que fue acumulando Vicentin con el banco superó los límites a los que podía acceder en función de la normativa correspondiente fijada por el Ente Regulador para las Grandes Empresas».
«Sin embargo y sin fundamento alguno -agregó- la empresa obtuvo la refinanciación que requería sin hacer las cancelaciones correspondientes para volver a encuadrar en la normativa».
Para Lozano, «ninguno de los números disponibles justifica la repentina crisis financiera de Vicentin. El principal aportante de Juntos por el Cambio en la última elección comenzó a incumplir con los pagos al Banco Nación casi en simultáneo con la elección de las PASO y la derrota de Mauricio Macri», remarcó.
A partir de esto, la situación entre la empresa, comandada por Gustavo Nardelli y Alberto Padoan, y su relación con el BNA tuvo sus derivaciones judiciales.
Por un lado, el fiscal federal Gerardo Pollicita lleva adelante una investigación sobre el otorgamiento de créditos a la cerealera VicentIn durante el gobierno de Cambiemos.
La UIF, por su parte, acusó a la empresa de haber simulado su situación de cesación de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior, e involucró en las supuestas maniobras al ex mandatario Mauricio Macri, a los ex titulares del Banco Central, Guido Sandleris; y del Banco Nación, Javier González Fraga; y a los dueños de la cerealera.
