Alvaro Arellano
Este miércoles se llevó adelante la audiencia pública sobre Vicentin en la Cámara de Diputados de la provincia con la participación de sectores políticos, judiciales y afectados por la cesación de pagos durante diciembre de 2019 por parte de la agroexportadora, cuyo directorio está imputado por presunta defraudación millonaria.
Durante las intervenciones, prevaleció un insistente pedido a los gobiernos nacional y provincial para que intervengan en la causa con el objetivo de cuidar los puestos laborales. En tanto, se destacó la participación de los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, quienes siguen el caso desde el principio. Este último consideró que existe “una aplicación diferencial de la ley” para los imputados por el pagadiós de 1.500 millones de dólares.
Mientras avanzan las causas por el carril jurídico, la comisión de Diputados, que se conformó en simultáneo a que la firma consiguiera que el juez norteño Fabián Lorenzini tomara el control sobre la causa, busca una salida al conflicto. Para eso insistieron con la intervención de los distintos estamentos del Estado, pero manifestaron su preocupación por la ausencia de representantes del Banco Nación, uno de los acreedores más importantes.
Entre los objetivos, los miembros de la comisión plantearon: la defensa irrestricta de trabajadores, no perder la posibilidad de tener una empresa con capitales nacionales y saber qué pasó con los fondos públicos y privados que suman 1.500 millones de dólares.
Entre los expositores en la audiencia, que fue presidida por el diputado provincial Luis Rubeo, hablaron: Claudio Lozano (ex director del Banco Nación), Leandro Monzón (delegado del gremio de Aceiteros), los diputados Fabián Palo Oliver, Carlos Del Frade, Rubén Giustiniani, Matilde Bruera, Ariel Bermúdez, distintos productores granarios damnificados por el default, Gustavo Feldman (abogado que representa a un importante grupo de acreedores) y Estanislao Bougain (director independiente de Vicentin).
Los legisladores y miembros de la Comisión, Rubén Giustiniani, Fabián Palo Oliver y Carlos Del Frade hicieron hincapié en la necesidad de que intervengan provincia y Nación con el objetivo de encontrar una solución a la continuidad operativa de la empresa y evitar las pérdidas laborales.
En el mismo sentido, el abogado Gustavo Feldman (representante de uno de los productores acreedores más importantes) reclamó: “Me llama la atención y me apena que acá no haya nadie del Banco Nación. No puede faltar nadie de Nación ni del gobierno nacional”. Respecto a la oferta del directorio, en la que ofrece la venta de activos cautelados, consideró: “No se puede usar el botín para pagar una deuda, eso es lo que pretende la propuesta de Vicentin”.
También hubo lugar para la intervención del único representante de la defaulteada. Estanislao Bourgain, director independiente de Vicentin, respaldó la última propuesta efectuada en el proceso concursal y ratificó que cuentan con las voluntades suficientes para lograr la homologación del acuerdo. Además defendió la venta de activos por la que se investiga a Omar Scarel y consideró que esa era “la única forma transparente de pagar”.
Promediando la audiencia, tomó la palabra el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini y los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, quienes siguen de cerca la causa civil, que ahora está manos de la Corte por un avocamiento, e investigan la causa penal. Este último, aprovechó para hacer hincapié en que a lo largo del proceso hubo “delitos de cuello blanco” en los que se dio “una aplicación diferencial de le ley”.
Los conceptos más sobresalientes de los fiscales
Sebastián Narvaja – fiscal de la Unidad de Delitos Económicos
-Queremos llamar la atención sobre la importancia de esta audiencia, que tiene que ver con delitos de cuello blanco, delitos cometidos por personas con estatus económico y social.
-Esto se conoce como la aplicación diferencial de la ley, en el sentido que contra la promesa de aplicar la ley por igual a todas las personas, en los casos de imputados de cuello blanco, las instituciones reaccionan de manera distinta. Todas las interpretaciones son favorables a los acusados. Las garantías que normalmente son interpretadas con determinados límites son con límites mucho más amplios.
-El derecho penal está pensado con imputados débiles, con personas que solas se enfrentan al poder del Estado, pero en estos casos los acusados cuentan con más recursos técnicos y económicos que los que contamos funcionarios del Estado.
-Las penas son bajas en comparación con otras. Una persona usando un cuchillo roba una bicicleta arranca con penas de 5 años, pero en este caso donde hay un daño de 1.500 millones de dólares, la pena mínima es un mes.
-Toda la estructura cultural conspira y es parte de esta barrera que constituye lo que se define como aplicación diferencial de la ley.
-Bajo esas consideraciones intervienen también conglomerados de periodistas afines a los imputados. Nos viene quedando cada vez más claro que la aplicación diferencial de la ley es un problema que enfrentamos y vamos a seguir teniendo por delante.
-Hay que poner un granito de arena para que se logre una aplicación justa de la ley, que tiene que vencer esta inercia de aplicación diferencial para delitos de cuello blanco.
Miguel Moreno – fiscal de la Unidad de Delitos Económicos
-Recibimos denuncias de productores que se sentían estafados y nunca se expusieron las dificultades económicas que atravesaba la empresa.
-Con los productores el modus operandi era el mismo. Recibir granos ocultando el desbalance financiero.
-Transcurrido un tiempo de investigación donde la maniobra delictiva quedaba más clara, aparecieron entidades financieras internacionales, que denunciaban un fraude más sofisticado, vinculado a la falsedad de informes y balances.
-La empresa en los contratos con entidades internacionales se había comprometido a seguir determinadas pautas. Vicentin les exhibía como propio el grano que había comprado y no había pagado, pero no se registraba la deuda respecto a ese futuro pago.
-Los créditos que recibía era para prefinanciar exportaciones, no para pagar a productores.
-Hay 14 imputados, ex directivos de Vicentin que colaboraron a la comisión de hechos delictivos. El pasivo oscila los 700 millones de dólares.
-También detectamos inconductas procesales que hacen ejercer influencia indebida sobre la sindicatura concursal. Detectamos que la nueva dirección cooptó a un síndico así como hemos detectado que desde el estudio donde se presenta el concurso preventivo se patrocina a acreedores vinculados al grupo societario.
-Son irregularidades que intentaban la consagración de la estafa que se cometió en primera instancia. Se han fijado cauciones dinerarias importantes.
-Detectamos la desobediencia en cabeza de Omar Scarel a una cautelar que se había ordenado en cuanto a la participación accionaria de Vicentin en otras empresas. A pesar de eso, Scarel buscó un acuerdo que permita la salida del concurso vendiendo el 33% que le quedaba de las empresas de Renova a Viterra.
-En un principio el pedido de caución fue de 250 mil dólares, luego se bajó. Es una lucha que tenemos a diario de lograr prisiones preventivas en casos que entendemos que corresponden.
-La Fiscalía está definiendo y finalizando la acusación contra los 14 directivos de Vicentin y tres de Renova. Por todos los hechos que tenemos imputados y en los que creemos todos tienen responsabilidad penal.
-Antes de fin de año la acusación va a estar presentada.
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