El directorio de Vicentin sostuvo este martes -a través de una solicitada- que “la compañía se encuentra preparada para cumplir con los compromisos asumidos en la propuesta concursal”, y que confía en que “las trabas” que lo impiden “serán resueltas a la brevedad” por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que tiene bajo análisis el expediente del concurso preventivo.
En el texto publicado este martes en diarios locales, la agroexportadora santafesina atribuyó su cesación de pagos a una “crisis financiera” y aseguró tener el aval a su propuesta de pago de una “contundente mayoría de acreedores”, objetivo que alcanzó “sin requerir de fondos de asistencia de índole pública”.
Al respecto, el diputado provincial santafesino Carlos Del Frade, que integra la comisión parlamentaria de seguimiento del concurso de Vicentin, denunció que la denominada ‘crisis financiera’ fue una estudiada operación de vaciamiento, endeudamiento millonario en dólares avalados por entidades estatales conducidas por funcionarios corruptos y fuga de 791 millones de dólares entre agosto de 2019 y enero de 2020.
El legislador también recordó, en declaraciones a la prensa, que 14 directivos de Vicentin están procesados “por estafas reiteradas y tienen libertad porque debieron pagar una caución por diez millones de dólares”.
La solicitada publicada este martes por Vicentin está dirigida a los acreedores del concurso, colaboradores, proveedores e integrantes de la cadena de valor.
En el texto, la firma subrayó que ya consiguió las mayorías tanto de acreedores como de capital exigidas por la ley para arribar a un acuerdo de pago.
Recuerda que para eso, Vicentin requiere “la previa homologación firme del acuerdo concursal (…) así como también del levantamiento de las demás restricciones dictadas en los diversos procedimientos existentes que pudieran impedir su cumplimiento”.
Así se refiere al necesario levantamiento de dos medidas cautelares dictadas por la Justicia de Rosario que le impide disponer de sus activos, lo que complica el plan de Vicentin de vender el 33,3% de acciones que aún conserva en la empresa Renova a su socia Viterra (ex Glencore).
Por el intento de traspasado de esas acciones, por unos US$ 300 millones, fue imputado por desobediencia judicial el presidente del directorio de Vicentin, Omar Scarel.
La solicitada también recuerda que la Corte Suprema santafesina se avocó al concurso de Vicentin -un mecanismo homologable al per saltum- y suspendió los plazos procesales, “por lo que en este momento no hay fecha prevista para el vencimiento del período de exclusividad ni para la homologación judicial del acuerdo”.
De todos modos, la agroexportadora confía en que “las trabas para poder dar inicio al cumplimiento del acuerdo preventivo serán resueltas a la brevedad y que prontamente podamos comenzar a realizar los pagos comprometidos”.
Al conocerse la solicitada, el diputado Del Frade señaló que “el principal acreedor, el Banco Nación, jamás homologó la propuesta de la compañía”.
“La permanente negación de las causas penales que muestra de manera contundente los delitos cometidos por gran parte de las autoridades de Vicentin parece ser igual que los nombres de los vinos del conglomerado: maniobras sucias de contrabandistas y tramposos”, concluyó el legislador, en referencia a los nombres comerciales de los vinos que produce la empresa «El Contrabandista» y «El Tramposo».
