Este lunes personal de la Agencia de Investigación Criminal llevó adelante 17 órdenes de allanamientos solicitada por el fiscal Miguel Moreno en el marco de la causa dónde se investiga a Vicentin SAIC por una estafa millonaria. Las medidas se realizan domicilios particulares y algunas empresas vinculadas al grupo. El objetivo de los procedimientos es el secuestro de dispositivos electrónicos y documentación de interés para la causa.
La investigación contra la firma Vicentin SAIC sigue adelante, las denuncias de sus acreedores se acumulan. Entre ellas la que presentó la corredora Rosarina Grassi S.A. ante el fiscal Miguel Moreno que lleva adelante la pesquisa. El eje de la cuestión se encuentra en el balance 2019 para el abogado de la empresa acreedora Gustavo Felman es la principal prueba del ardid y la estafa.
La concursada empresa tiene una deuda dentro del trámite judicial que se sigue en el fuero civil de 500 millones de dólares, según informaron fuentes del caso.
Al momento de la denuncia de la firma Grassi S.A. su abogado dijo que el balance “es una suerte de sinceramiento que desnuda las falencias, mentiras y falsedades de los otros balances, de 2018 para atrás”. Agregó que los números “están manipulados, adulterados y falseados para aparentar una solidez, liquidez y solvencia que en realidad no tenía”. Contó que comparado con la información del 2018 hubo una pérdida de mil millones de dólares.
“Esta maniobra seguramente obedecía a que si hubieran reflejado la realidad en sus estados contables, muy probablemente se hubieran vistos privados de obtener los créditos que les otorgaron las distintas entidades financieras y la posibilidad de continuar operando en el mercado por pérdida de confianza”, dice la denuncia según la fuente.
La pesquisa a cargo de Moreno continúa con medidas para robustecer la evidencia. Esta lunes 17 allanamientos simultáneos tuvieron lugar en distintos puntos de la provincia. Catorce de ellos son a domicilios particulares de ex directivos de la firma o personas vinculadas a ellos, también se allanaron empresas vinculadas a la empresa ubicadas en Reconquista y una en San Lorenzo, según una fuente fiscal. El fin de las medidas judiciales solicitadas por el fiscal es la documentación e información almacenada en dispositivos electrónicos que pudieran ser de interés para la causa.
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Los procedimientos son realizados por personal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos de Fiscalía, personal del Organismo de Investigación del MPA, y personal de la AIC, en zonas de:
Las medidas se realizaron en Calle 7 al 800, Calle 16 al 400, San Martín al 600, Calle 24 al 600, Calle 9 al 500, Calle 13 al 1000, dos propiedades en Calle 16 al 400, Calle 16 al 1200, Calle 13 al 1100 y Calle 14 al 400, todos de la localidad de Avellaneda. También hubo procedimientos en Alvear al 900 y 9 de Julio al 600 de Reconquista y otro en ruta nacional AO12, kilómetro 64 de San Lorenzo.
En todos los casos se dispuso secuestro de material de interés para la investigación; secuestro de dispositivos de almacenamientos electrónicos, celulares, relevamiento de vehículos hallados y documentación de interés para la causa; además la identificación de todas las personas que se encuentran en los inmuebles. No hay órdenes de detención libradas.
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