El juez federal Julián Ercolini ordenó el embargo preventivo de los bienes inmuebles de Algodonera Avellaneda, una de las compañías que integra el grupo Vicentin, en el marco de la causa penal que inició el Banco Nación (BNA) para evitar el vaciamiento de la empresa cerealera santafesina, que le adeuda 300 millones de dólares. Ante este panorama, el diputado provincial Carlos del Frade le solicitó al gobierno santafesino que informe la situación laboral de los trabajadores, teniendo en cuenta que durante este año ya «estuvieron sumergidos en un profundo conflicto salarial con la patronal».
La decisión adoptada por el magistrado se realizó “sin afectar el normal giro comercial de la empresa, que continuará con su posesión”, con lo cual la empresa podrá seguir con sus operaciones habituales, pero con el impedimento de transferir cualquiera de los bienes embargados por la Justicia federal.
De esta forma, Ercolini prohibió la venta o transferencia de diferentes bienes muebles de Algodonera Avellaneda, entre los cuales se encuentran 13 vehículos, entre camionetas, camiones y tractores, así como otras maquinarias agrícolas, informó la entidad oficial en un comunicado.
“En función de los lineamientos establecidos por el Superior en la resolución de fecha 2 de diciembre del corriente y del conocimiento actual que se tiene del patrimonio de la empresa a partir de la instrucción realizada por el Sr. fiscal en el legajo de investigación patrimonial, habré de establecer el embargo preventivo de los bienes de Algodonera Avellaneda SA», preciso el juez Ercolini en un fragmento de su fallo, citado en un comunicado del BNA.
En su fallo, Ercolini aseguró que los bienes fueron «individualizados de manera tal que no se afecte el giro comercial de la empresa pero se aseguren bienes suficientes para no tornar ilusorias las posibles consecuencias patrimoniales de la presente investigación”.
«El reclamo judicial del BNA apuntó desde el comienzo de la gestión a cargo del presidente de la entidad, Eduardo Hecker, para recuperar los más de 300 millones de dólares de deuda que mantiene el grupo Vincetin con el banco por créditos otorgados durante el bienio 2018/19», afirmó el BNA en una comunicación oficial.
La causa se inició a fines de enero de 2020, cuando el abogado y presidente de la Fundación por la Paz, Fernando Míguez, denunció al ex presidente del BNA, Javier González Fraga, y a otros ex funcionarios por el delito de defraudación por los préstamos otorgados a Vicentin, en base a un informe elaborado por uno de los directores actuales del Banco, Claudio Lozano.
En ese documento, Lozano analizó el estado de la empresa durante los últimos años y el proceso de endeudamiento con el Nación que, aseguró, «superó los límites a los que podía acceder en función de la normativa» y que, sin embargo, obtuvo una refinanciación sin hacer las cancelaciones correspondientes para readecuarse.
Asimismo, destacó que la información disponible no justifica la crisis financiera de Vicentin –que señala como principal aportante a la campaña presidencial de Mauricio Macri con 13.500.000 pesos– y que el incumplimiento de la empresa comenzó «casi en simultaneo con la elección de las Paso y la derrota de Mauricio Macri».
Actualmente Vicentin enfrenta un concurso de acreedores en la Justicia santafesina por 99.345,2 millones de pesos, de los cuales el 64% (63.962 millones) está en manos de 37 bancos y el 30% (25.657 millones), de 1.895 productores de granos, en la cual el Banco Nación forma parte como principal perjudicado.
Preocupación por el destino de las fuentes laborales
Ante esta situación, el diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos del Frade, presentó un proyecto de comunicación en el cual le solicitó al «Poder Ejecutivo, a través de sus organismos correspondientes, informe la situación laboral de las y los trabajadores de la Algodonera Avellaneda, luego del embargo de sus bienes dictaminado por el juez federal Julián Ercolini».
«La situación de todas las empresas del conglomerado Vicentin es muy preocupante debido a la intransigencia de la firma de traer el dinero depositado en el exterior», figura entre los fundamentos del proyecto y agrega que el embargo «trae mucha inquietud por el presente de las y los trabajadores» de la algodonera de Reconquista.
«Aunque las informaciones periodísticas dan cuenta que la decisión no afecta el normal giro comercial de la empresa, la que podrá seguir con sus operaciones habituales, pero con el impedimento de transferir los bienes embargados, no hay certezas sobre el futuro laboral inmediato del personal de la firma», expresó el diputado en el proyecto de comunicación.
«Durante gran parte de 2020, las y los trabajadores de Algodonera Avellaneda estuvieron sumergidos en un profundo conflicto salarial con la patronal y también relacionado con el encuadre sindical. Por eso es imperativo conocer el cuadro de situación de la gente que trabaja en la empresa luego de conocida esta decisión», concluyó Del Frade.
