La causa Vicentin sumó un nuevo capítulo este lunes tras una serie de allanamientos en oficinas ligadas a la agroexportadora y la detención del presidente del directorio, Omar Sacarel, apuntado de encabezar la venta de activos de la empresa que se encuentran inhibidos por la Justicia.
Este hecho se dio a conocer a poco menos de un mes de que venza el nuevo período que tiene la agroexportadora para reunir las voluntades suficientes que convaliden su última oferta. Solo de esa manera podría evitar la quiebra, aunque también está la posibilidad de hacer lugar a una instancia de cram down, el salvataje encabezado por un grupo de acreedores. La detención del directivo deja en suspenso el concurso y queda en manos del juez Fabián Lorenzini el futuro del proceso.
Hace algunos días el abogado Gustavo Feldman, defensor de uno de los grupos de acreedores más importantes del concurso, había hecho una presentación ante los fiscales en referencia a los directivos de la empresa. En la misma expuso, que la última oferta de Vicentin plantea que parte del pago lo va a hacer con la venta de sus acciones en Renova a su socia Viterra, maniobra que no correspondería en el marco de la ley ante la existencia de cautelares que pesan sobre la agroexportadora.
Durante la mañana del lunes, la Unidad de Delitos Económicos y Complejos del Ministerio Público de la Acusación llevó adelante por pedido del fiscal Sebastián Narvaja allanamientos en las torres de Puerto Norte, donde funcionan las oficinas de Viterra, socia comercial de Vicentin. En simultáneo detenían en la localidad de Avellaneda a Omar Scarel.
Los fiscales Narvaja y Miguel Moreno investigan también al presidente del directorio por maniobras realizadas antes de ocupar la presidencia de Vicentin, cuando era contador de la firma. Entre otras acciones, le endilga haber confeccionado y utilizado balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 con datos falsos que ocultaban los verdaderos números de la empresa.
También se le imputa haber presentado informes ante bancos internacionales con la intención de mostrar que Vicentin poseía una posición financiera sólida para conseguir créditos. Esas maniobras habrían sido realizadas presuntamente por Scarel entre enero de 2017 y julio de 2019 y le habrían permitido a la aceitera conseguir créditos por US$ 500 millones.
Horas después de la detención, Vicentin difundió un comunicado en el que dijeron que «es absolutamente falso» que la compañía haya «incumplido estas restricciones y todos los acuerdos concursales alcanzados hasta el momento». La nota de prensa niega que haya existido un «incumplimiento o desobediencia de una medida cautelar dictada, que establece restricciones sobre posibles ventas de activos o acciones de la sociedad».
El hecho que motorizó la detención del empresario, venía siendo advertido hace varios meses por Gustavo Feldman, patrocinante de uno de los grupos acreedores más importantes, cuando anticipó que Vicentin pretendía desprenderse del porcentaje que le quedaba de Renova para transferirlo a Viterra, maniobra que constituía un delito-
Vicentin: malestar por la última prórroga y advertencia por una maniobra que va a generar polémica
Pedido de detención
La presentación de Feldman, en su carácter de apoderado de Olzen Industria y Calzados Sociedad Anónima, expuso detalladamente las irregularidades por las cuales advirtió nuevamente a los fiscales sobre las irregularidades cometidas por los directivos de Vicentin.
Cabe aclarar que el escrito hace hincapié a que lo expresado no es un pedido, ya que la víctima no tiene derecho de petición, aunque si a ser oída. Lo que se expresa en el texto, está contemplado en el ejercicio del derecho constitucional.
En primer lugar se refirió a la ilegítima disposición de bienes sujetos a medidas cautelares. Es decir, a una propuesta de pago a acreedores que contempla la venta de bienes y activos, sabiendo que es una maniobra que está fuera del marco de la ley, ya que pesan sobre la concursada una serie de medidas cautelares que lo impide.
A través del escrito, señaló: “La propuesta contempla pagos para los cuales se deben ejecutar contratos celebrados con los interesados estratégicos, que implican la venta de bienes y acciones cuya disposición se encuentra vedada por las cautelares dispuesta a pedido de esta fiscalía, sin advertir de esto a los acreedores y sin siquiera mencionar su existencia en los contratos que celebró con los interesados estratégicos”.
Por otra parte, agregó que, si bien en la propuesta enviada a los acreedores para su aprobación, se expresa que parte de los fondos con los que se dice que se afrontarán los pagos provienen de la venta de Renova y de otros activos de la concursada, no se hace referencia a las cautelares trabadas en sede penal, que impiden que tales acuerdos se puedan hacer efectivos.
De hecho, menciona Feldman, se establece una especie de “cláusula barredora” que obliga a los acreedores a “aceptar de manera incondicionada todos estos actos (sobre los que nada se explica en esa propuesta) y se los hace renunciar a todo posible reclamo futuro”.
En segundo lugar, y para redondear su presentación, el abogado penalista hizo referencia a la existencia de peligrosidad procesal cierta y actual. Allí explicó que, pese a conocer la investigación que existe en su contra y la prohibición de disponer de activos tales como Renova, los imputados decidieron avanzar aceptando la oferta de compra de esa firma, sin advertir esto ni a sus acreedores ni a la Fiscalía, y sin contar con autorización judicial para ello.
A su vez, explicó que para evitar cualquier tipo de riesgo para su socia Viterra, le asignaron facultades exclusivas en las que asentaron que esa empresa tendrá el derecho, a su exclusivo criterio, de dispensar total o parcialmente, el cumplimiento de cualquiera de estas condiciones que no se encontrara cumplida en el momento correspondiente.
“La referida cláusula implica por ejemplo que Viterra (que ya tiene antecedentes de haber brindado todo tipo de “colaboración” a Vicentin) podría no exigir el levantamiento de las cautelares y perfeccionar la transferencia de las acciones pese a ello, y entonces cuando se intente en el futuro hacer efectivas las cautelares mediante el decomiso, podría invocar un mejor derecho producto de su compra “de buena fe” y resistir cualquier tipo de desapoderamiento”, explicó Feldman.
La respuesta
Pocas horas después de conocida la detención de Scarel, la primera reacción de la empresa fue descalificar la acción de la Justicia de Santa Fe.
A través de un comunicado dijeron que «es absolutamente falso» que la compañía haya «incumplido estas restricciones y todos los acuerdos concursales alcanzados hasta el momento».
La nota de prensa niega que haya existido un «incumplimiento o desobediencia de una medida cautelar dictada, que establece restricciones sobre posibles ventas de activos o acciones de la sociedad».
En tanto, Vicentin señaló que esos acuerdos «se encuentran en instancias precontractuales ad referéndum de las respectivas homologaciones judiciales y de los levantamientos de las medidas cautelares interpuestas”
En el texto difundido, añadieron: «El señor Scarel como todos los miembros del directorio de Vicentin SAIC imputados en la causa, han estado siempre a derecho, a disposición de la justicia y han prestado su colaboración cada vez que esta les ha sido requerida”.
Por último, enfatizaron: «Llama poderosamente la atención que este hecho (la detención) ocurra cuando se han alcanzado las mayorías de cápitas necesarias para aprobar la propuesta concursal y cuando el concurso se encuentra próximo a resolverse con la aprobación de las entidades financieras, para alcanzar la mayoría necesaria en cuanto al capital requerido”.
Concurso en suspenso
Este nuevo escándalo estalló a pocos días de que venza la nueva prórroga que le cedieron a la agroexportadora para reunir las voluntades necesarias con el objetivo de convalidar su última oferta.
Durante los últimos días, desde Vicentin confiaban en lograr la mayoría correspondiente. Según trascendió desde la agroexportadora, contaban con la mayoría de acreedores necesaria, pero todavía no habían logrado el 66% del capital de deuda que les exige el acuerdo.
De hecho, la semana pasada, Eduardo Hecker, titular del Banco Nación, acreedor privilegiado, a quien le quedaron debiendo unos 300 millones de dólares, ratificó el rechazo a esa última oferta.
En diálogo con la prensa durante su visita a Rosario, donde compartió en evento con el gobernador Omar Perotti, Hecker destacó: “La propuesta no nos satisface y no difiere de lo que en su momento el juez de la convocatoria, Fabián Lorenzini, tildó como abusiva y por eso no entendemos cómo podría cambiar el criterio y homologarla si en realidad no difiere de la original”.
Consultado sobre una alternativa para el futuro de la empresa, el titular del Banco Nación consideró que lo primordial es que la firma no se desaguace ni se extranjerice, y apuntó: “El juez habilitó el estudio del cram down y nosotros estamos explorando esa alternativa en diálogo con acreedores granarios”.
El trámite del concurso ahora quedará atravesado por lo expuesto a partir de la detención. Resta saber qué postura tomará Fabián Lorenzini, juez del concurso, de cara a la etapa cúlmine del proceso.
