La causa Vicentin entrará en una nueva etapa luego de que el procurador general de la Corte de Santa Fe, Jorge Barraguirre determine en el transcruso de esta semana si corresponde o no el proceso de avocamiento de la Corte provincial en el concurso preventivo. Asoman distintas posibilidades: una sería que acepte el pedido de avocamiento del máximo tribunal le remita el expediente, otra opción sería rechazar esa solicitud y devolverle el expediente al juez Fabián Lorenzini, mientras que una tercera alternativa sería, desestimar el pedido, pero girar la causa a otro juzgado.
La definición de Barraguirre no tiene carácter vinculante pero los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, aguardan el pronunciamiento para definir el futuro de la causa. Daniel Erbetta, ministro del tribunal ya adelantó que la resolución tendrá lugar recién a mediados de octubre. Por el momento los plazos concursales se encuentran suspendidos y la incertidumbre de acreedores y trabajadores que dependen de la firma se profundiza.
Otra de las cuestiones sobre la que deberá expresarse Barraguirre, tiene que ver con el pedido de jury sobre el juez Fabián Lorenzini por parte de un importante acreedor del concurso. En ese sentido, y en paralelo a las tres alternativas mencionadas sobre el posible futuro del proceso concursal, emerge también la posibilidad de que el procurador sugiera instituir a un fiscal provincial civil para que se presente y ejerza un control externo del concurso. Se trataría de una recomendación casi inédita.
La semana pasada, y antes de emitir su dictamen, Jorge Barraguirre pasó por la Legislatura para recoger la mirada de los integrantes de la Comisión de Seguimiento del caso Vicentin. De acuerdo a lo que manifestó ante este medio el diputado y miembro de ese cuerpo, Luis Rubeo, el procurador se limitó a escucharlos sin dar un solo indicio sobre lo que puede definir al respecto. Solo adelantó que su posición se conocería la semana siguiente.
“Primero pidió que la Comisión envíe todos los despachos y si le podían adjuntar la documentación de cada uno de los dictámenes. No hizo consideraciones respecto a su dictamen, solo resaltó que no tiene carácter vinculante, no adelantó ningún tipo de posición”, deslizó Rubeo.
Los legisladores dejaron en claro que lo expuesto por Jorge Barraguirre estuvo estrechamente ligado al pedido de avocamiento, y que no hizo mención alguna al pedido de jury, que será otra de las cuestiones sobre la que deberá manifestarse. Esa presentación estuvo a cargo del abogado penalista Gustavo Feldman, quien en su momento pidió investigar si Lorenzini incurrió en una falta de cumplimiento de los deberes de su cargo.
La definición que dé a conocer el procurador en este sentido, a diferencia de los que interprete sobre el avocamiento, sí tendrá carácter vinculante. Para este caso emerge la posibilidad de incluir a un fiscal provincial para que ejerza un control externo en el concurso.
Durante la última semana y a medida que se iba acercando la fecha para la definición de Barraguirre surgieron rumores de todo tipo. Lo cierto es que la presentación sentará un precedente fundamental para el futuro de la causa.
A partir de esa consideración, la Corte definirá si desplaza al juez civil y comercial de turno y se hace cargo del expediente o si lo deja en manos de Lorenzini nuevamente. Ya todos sus miembros manifestaron la voluntad de intervenir en el asunto ante las irregularidades que plantearon los acreedores.
Sospechas por posible imparcialidad
En este contexto, parte del universo acreedor ya dejó entrever su malestar por una posible definición de Barraguirre favorable a Vicentin. Anticipan una posible devolución del expediente al juez Lorenzini y echan un manto de duda sobre la imparcialidad del procurador.
Esto tiene vínculo con otro caso resonante en la provincia, que es nada más ni nada menos que el fallo por la deuda histórica de Nación con Santa Fe. Quienes cuestionan esa relación, se remontaron a la época de Jorge Barraguirre como fiscal de Estado del gobierno provincial gestionado por el Frente Progresista que contrató los servicios de Ricardo Gil Lavedra para litigar contra Nación.
En este sentido, ese grupo de acreedores considera que puede existir aún cierto vínculo entre el actual procurador y entonces fiscal (Barraguirre), y el actual abogado de Vicentin y entonces patrocinante de la provincia (Gil Lavedra).
Hace algunos días, la Corte Suprema de Justicia de la Nación homologó el acuerdo firmado por el gobierno nacional y Santa Fe para el pago de la deuda por $ 151.873 millones a favor de la provincia. Se trata del cumplimiento del fallo del máximo tribunal que en 2015 declaró inconstitucional la detracción del 15% de coparticipación para financiar a la Ansés. A partir de esta definición, se conocerá cuánto le debe la provincia al estudio de abogados liderados por Gil Lavedra que litigó contra Nación.
El caso está atravesado por algunas particularidades vinculadas al contexto político del año en que la Corte falló a favor de Santa Fe. Una de ellas tiene que ver con que en ese entonces, el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra se mostraba cercano a referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) en la antesala a la asunción de Mauricio Macri a la presidencia y mantenía vínculos con el Frente Progresista Cívico y Social.
Siete años después de ese fallo, Barraguirre deberá hacer su descargo por otra causa, en la que también se encuentra involucrado quien en aquel entonces fue contratado por el gobierno que él integraba.
La otra cara de la deuda histórica: ¿Cuánto le debe Santa Fe a Rozenkrantz, Gil Lavedra y Bouzat?
