La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe decidió desplazar al juez del concurso preventivo de acreedores de la empresa Vicentin, le ordenó remitir las actuaciones para poder expedirse y suspendió todos los plazos procesales, en lo que se conoce como un avocamiento.
La resolución se conoció en el atardecer de este jueves, lleva la firma del presidente del máximo tribunal provincial, Julio Gutiérrez y de la prosecretaria, Fernanda Drago y ordena al juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que remita el expediente a la Corte.
A través del Oficio número 550, el máximo Tribunal de Justicia santafesina establece que el pedido de avocación, «una vez evacuado el mismo, se deberá remitir el expediente a los fines que esta Corte pueda expedirse con los autos principales a la vista», a lo que también agregó la decisión de suspender «los términos que estuvieran corriendo».
La decisión de la Corte antafesina se produjo días después de que el presidente de Vicentin, Omar Scarel, fuera detenido e imputado de desobedecer cautelares que prohíben la venta de activos de la empresa.
El miércoles de la semana pasada, el juez Nicolas Foppiani dispuso la libertad Scarel y le fijó una caución real de medio millón de dólares.
El directivo fue detenido el 6 de junio pasado en la localidad de Avellaneda, en el norte de Santa Fe, por desobedecer presuntamente las órdenes de dos jueces a través de una transacción.
La imputación contra Scarel tiene que ver con que el directivo tenía prohibido innovar sobre la composición de la masa accionaria de Vicentin. De lo que se acusa a Scarel es de celebrar un contrato de compraventa, entre Vicentin y Viterra Argentina SA.
El riesgo que existía, según voceros judiciales, era que el juez Lorenzini homologara la convocatoria antes de que se dirima en el fuero penal la legalidad de la compra-venta de acciones del 33% de Renova a la multinacional Viterra.
La decisión del máximo tribunal santafesino se produjo días antes del 30 de junio, fecha en la que vencía el período de excepción de la convocatoria donde Vicentin está concursada en u$s 1.575,4 millones.
Más de un 60% de esa acreencia la mantiene con entidades financieras nacionales e internacionales.
En el marco de la causa, Vicentin presentó una propuesta de reestructuración, que fue rechazada por el Banco Nación y el Banco Provincia, entre otras entidades, por considerarla insatisfactoria para los intereses de la banca pública.
La decisión de la Corte Suprema de Santa Fe se produjo luego de que la corredora Grassi SA, uno de los principales acreedores del concurso, pidiera el avocamiento del concurso de acreedores, señalaron fuentes judiciales.
En los primeros días de esta semana, el diputado provincial del Frente Social y Popular Carlos del Frade advirtió que «si no existe un acuerdo» en el cierre del proceso preventivo de acreedores de Vicentin, la empresa cerealera «irá a la quiebra».
Según Del Frade, la quiebra es buscada por los directivos de la compañía porque «es la mejor manera de no pagarle a nadie y seguir con sus vidas fastuosas».
La postura de los acreedores
Los acreedores comerciales de Vicentin dieron este viernes por caída la oferta de pago realizada por la empresa ante la resolución de la Corte de solicitar la remisión de las actuaciones del concurso preventivo y desplazar al juez Lorenzini, a quien acusaron de «connivencia».
El abogado Gustavo Feldman, quien patrocina a los acreedores comerciales del grupo con sede en la ciudad santafesina de Avellaneda, afirmó además que la situación del juez civil y comercial de Reconquista es «harto comprometida», y no descartó «que tenga que afrontar alguna imputación penal».
En declaraciones a radio LT9 de Santa Fe, Feldman evaluó que la causa Vicentin «es un compromiso a la entretela social, al plexo económico-financiero, de política cambiaria, compromete una las pocas actividades estratégicas que tiene el Estado nacional, que es la comercialización de granos a nivel internacional, con todo lo que eso conlleva: la captación y administración de divisas».
Para Feldman, Vicentin contó «con la anuencia y la connivencia a esta altura explícita del juez Lorenzini», a quien consideró «principal responsable del punto al que hemos llegado», y dijo que toleró «que la propuesta (de pago a los acreedores) contenga la inducción a conductas ilegales».
Explicó que la oferta de la empresa inducía a los acreedores a «incurrir en el delito de evasión agravada», al recibir una acreencia sin tributar el Impuesto a las Ganancias.
También acusó a Lorenzini de aceptar que el Grupo liquidara la empresa Emulgrain SA, «que Vicentin quiso vender, no pudo, no le autorizaron la venta del paquete accionario, entonces la liquidaron».
«Aparte, ya de por sí es sospechoso todo el plan que viene en marcha desde hace tiempo para licuar patrimonialmente lo que queda de Vicentin en lo que hace a las acciones de Renova», añadió Feldman.
Para el abogado, «el problema es que, si esto termina en una quiebra, que ojalá que no, esa operación primigenia de Renova también caería, con lo cual estaríamos ante una situación de severo compromiso para los cientos de puestos de trabajo que tiene Vicentin».
Además, consideró que lo actuado en el concurso representa «un compromiso para el orden público general como no se vio nunca en la historia de la provincia» de Santa Fe, por lo que avaló lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia.
«Acá se da la confluencia, como creo que no se ha dado nunca en la historia de Santa Fe, de compromiso de la situación institucional y de compromiso del orden público general. Acá no hay los 1.700 acreedores o los 800 o 900 defraudados por Vicentin», añadió.
En esa línea, Feldman dijo que «la Corte dispone además la suspensión de todos los términos (del concurso)», con lo cual dio por caída la oferta de pago realizada por Vicentin.
«No creo que pueda seguir subsistiendo una propuesta que nació mal parida y siguió peor. De forma tal, no imagino que se pueda refritar la propuesta originaria de Vicentin», concluyó.
