Por Mauro Federico / puenteaereodigital
Empresas que evaden impuestos hubo siempre. Estados que miran para otro lado, también. La historia enseña que para evitar los abusos del poder económico y recuperar lo robado, a veces es necesario actuar con fortaleza, sin que ello suponga violar las leyes. Un claro ejemplo ocurrió hace más de ochenta años durante la llamada Década Infame, cuando al gobierno de facto de Agustín P. Justo no le quedó otro camino que iniciar un reclamo formal ante la Justicia contra el Grupo Bemberg por la evasión del impuesto a la transferencia de bienes, mediante la constitución de sociedades anónimas con residencia en el extranjero (una de las formas más utilizadas por los holdings argentinos para eludir el pago de cargas impositivas).
El caso Bemberg se inició en 1937 y terminó transformándose en uno de los escándalos económicos más importantes de la restauración conservadora. El “trust” propiedad de esta tradicional familia alemana, llegó a deber al Estado argentino la suma de $ 181.000.000 a principios de la década del cuarenta, solamente en concepto de impuesto a la herencia. Esta defraudación había sido tolerada y legitimada por los gobiernos de la Década Infame.
Cuando Juan Domingo Perón llegó a la presidencia en 1946, la concentración económica y el desenvolvimiento de prácticas monopólicas afectaban a vastos sectores de la industria. Entre ellos, la cervecera ocupaba un lugar de importancia debido a que se trataba de un producto de consumo masivo, cuya demanda crecía vertiginosamente desde finales del siglo XIX. Si bien el justicialismo ensayó diversos instrumentos de contralor comercial y financiero de los grupos empresariales, eludió la expropiación y la nacionalización de grandes sectores de la industria.
La ofensiva de Perón contra el grupo Bemberg fue excepcional. A través de la sanción de la ley 14.122, dispuso la liquidación de sus bienes, para luego adquirir las empresas a precios bajos, con lo que el Estado pasó a tener el control público de la industria cervecera y puso en marcha ambiciosas iniciativas de cogestión obrera a través de cooperativas que participaron del control de las compañías. En su ensayo sobre La nacionalización de las empresas Bemberg, el analista Claudio Belini recuerda que “esta medida fue presentada por sus detractores como expresión del autoritarismo de Perón o bien como una venganza personal de Evita contra los que no apoyaban la tarea de su fundación”.
Curiosamente setenta años después, la oposición encarnada en los fragmentos aún humeantes del detonado gobierno de Mauricio Macri, aliada con los sectores de la economía concentrada y las patronales agropecuarias, utilizan argumentos similares para enfrentar la decisión de Alberto Fernández de avanzar en la intervención y posterior expropiación del Grupo Vicentin. El “espejo” de aquel autoritarismo es el chavismo venezolano; y la figura de Evita, hoy la encarna Cristina Fernández de Kirchner, que en la afiebrada mente de sus contreras, “busca vengarse por aquella derrota de la 125”.
Mal que les pese a quienes construyeron esta demonización de los hechos, existió en la decisión de intervenir en el desaguisado de Vicentin una clara muestra de lo que expresa la esencia misma del Frente de Todos. Y eso quedó evidenciado en la conferencia de prensa en la que el presidente anunció la intervención flanqueado por el ministro de Producción Matías Kulfas y la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien reporta en la interna del FdT a la vicepresidenta. “Muchas gracias por haber escuchado la idea”, le dice la legisladora al presidente cuando le cede la palabra, a lo que Alberto le responde: “Gracias por habernos ayudado en la redacción de la iniciativa y en la idea”. El acto arrojó gestualidades claras que permiten inferir cómo se produjo el proceso de decisión para intervenir la empresa Vicentin. La idea fue de Cristina, la decisión de impulsar el proyecto –como debe ser- corresponde al primer mandatario.
Cacerolas para los fideos
Salieron a las calles y a los balcones. Algunos tenían cacerolas, otros banderas con el logo impreso de la empresa. El epicentro fue la localidad santafesina de Avellaneda, donde se encuentran las oficinas del holding cerealero más importante de la provincia. Pero también se hicieron sentir en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires. “#Vicentin no se expropia”, fue la consigna agitada en redes sociales por el puñado de miles que se manifestaron sin tener bien en claro siquiera de qué se trataba la demanda. Legisladores opositores y empresarios también expresaron su oposición a la iniciativa. Sin embargo, ninguno planteó alternativas para rescatar al grupo Vicentin, pagar su deuda con el Banco Nación, la AFIP y 2500 productores de Córdoba y Santa Fe, evitar el desguace de la empresa y mantener las 7000 fuentes de trabajo directas. Lo único que hicieron fue cuestionar la única propuesta que contempla todas esas variables: la efectuada por el gobierno nacional.
Es más que evidente que el Frente de Todos no tenía en sus planes expropiar ninguna empresa y mucho menos en medio de la ríspida negociación con los bonistas externos que requiere de muchos avales externos a quienes no les agrada demasiado este tipo de prácticas intervencionistas. Además, el gobierno se ve en la obligación de rescatar a su principal banco público, a quien Vicentin le adeuda un monto que representa un tercio de sus beneficios y que, al no pagarse, coloca en una comprometida situación financiera a la entidad. Solo al Nación la empresa intervenida le adeuda 300 millones de dólares. Si se le suma la deuda con AFIP y la que mantiene con otros bancos públicos, el monto se eleva casi hasta los 600 millones de dólares. Pasando en limpio: Vicentin quiebra y no cobra nadie. O sea vos tampoco.
Ni hablar sobre las irregularidades que presenta la deuda. Unos cien millones se le prestaron durante noviembre de 2019, tras la derrota de Macri en las elecciones generales, incluso cuando la empresa estaba en cesación de pagos. A la semana de haber recibido el último tramo del dinero, pidió la convocatoria de acreedores. La maniobra, repetida hasta el hartazgo por el gobierno macrista, era clara. Se le otorgaba un préstamo impagable a un grupo “amigo” –principal sostén de la campaña macrista en tierras santafesinas– para luego propiciar un negocio que tuviera participación de socios “extranjeros” para salvar la empresa.
Además de las esperables voces opositoras, aparecieron otros que –desde los márgenes de la coalición gobernante– expresaron su disidencia con la idea de la expropiación. Desde el muy enojado Guillermo Moreno, hasta el ecuménico Eduardo Duhalde, expresaron su disidencia en los medios de comunicación. Otros, sin exponerse, también manifestaron su contrariedad, como por ejemplo algunos dirigentes del Frente Renovador y ciertos integrantes del círculo cercano al presidente. Incluso a mitad de semana se echó a correr la versión de que Alberto recularía en su decisión producto de la presión ejercida por los opositores al proyecto. Nada de eso sucedió.
La verdadera joya de la abuela
Detrás de la polémica desatada por la expropiación de Vicentin aparece la sombra de la multinacional Glencore, uno de los holdings más grandes del mundo dedicados al comercio de alimentos y commodities. Este monstruo se asoció con la empresa santafesina en 2007 para conformar Renova, un joint venture en el que las dos empresas tenían el 50% de las acciones. Esta es la verdadera joya de la abuela.
En su reporte anual de 2019, la compañía reporta haber obtenido ingresos brutos por 11.600 millones de dólares entre sus dos ramas: industrial, que incluye explotación de minas de carbón, cobre, cobalto, zinc, níquel y otras ferroaleaciones; y comercial, dedicada a la compra y venta de materias primas de productos alimenticios. De hecho, Glencore llega a controlar el 10% del mercado global de trigo y cerca del 25% del de girasol, cebada y colza. Para evitar costos de logística inmanejables, la multinacional cuenta con una flota de barcos mayor a la de la Armada Británica, administra 150 bases en 35 países y emplea a más de 160 mil personas.
A pesar de su poderío (o justamente por él) el grupo no estuvo exento de escándalos de corrupción. Su fundador, Marc Rich, fue acusado en 1983 por la fiscalía neoyorquina por una evasión fiscal superior a los 50 millones de dólares. Para evadir a la justicia, el empresario se mudó a Suiza. Hasta que en una de las últimas decisiones de su gobierno, el presidente Bill Clinton resolvió indultarlo en enero de 2001. Las irregularidades del holding también aparecieron en los Panamá Papers y los Paradise Papers, que revelaron el uso de empresas offshore en paraísos fiscales para evadir impuestos. Uno de los casos más sonados fue el de Glencore Australia, investigada por la Australian Taxation Office (ATO) por evadir el pago de 2.500 millones de dólares.
En Argentina, la empresa es propietaria del 50% de la empresa minera Alumbrera, cuyo emprendimiento principal es Bajo de la Alumbrera, en la provincia de Catamarca (norte), que produce anualmente 321.000 toneladas de concentrado de cobre y oro. La firma controla toda la cadena, con un proceso que abarca operaciones en Catamarca, Tucumán y Santa Fe y que incluye la extracción, el pasaje por una planta concentradora, un mineraloducto, el filtrado y su posterior traslado al Puerto General San Martín, en Santa Fe, desde donde parten entre uno y dos buques mensuales por el río Paraná hacia los mercados internacionales.
No es la única terminal portuaria administrada por Glencore. La otra, también ubicada en la provincia de Santa Fe, está dentro de la Planta Timbúes de Renova, la empresa de gestiona en sociedad con la argentina Vicentin para elaborar productos como aceite de soja, harina de soja, biodiesel o glicerina, entre otros. La mala situación económica de Vicentin en los últimos años llevó a la empresa argentina a ofrecer a Glencore la venta de su participación en Renova. En diciembre, ambas firmas cerraron un acuerdo por el que Glencore aumentaba su participación de 50% a 66% de las acciones. En abril, le ofreció pagar 325 millones de dólares por el 33% que aún seguía en manos de Vicentin, aunque el acuerdo no se cerró. Y ahora todo quedaría en la nada si se concreta la expropiación que le arrebataría a la multinacional el control de una actividad estratégica para el desarrollo energético de la Argentina.
El gran desafío
“Vicentin llegó a ser la empresa agroexportadora número uno de la Argentina porque apostó a la producción industrial. En los años del macrismo, sin embargo, los créditos del Banco Nación desbarrancaron en maniobras financieras que deben investigarse judicialmente y que generaron la angustia de casi treinta mil familias que sufrieron las consecuencias de una política que priorizó lo financiero, el lavado de dinero y la fuga de capitales por encima de lo productivo”, sostiene Carlos del Frade diputado provincial de Santa Fe y miembro de la Comisión creada por la legislatura para investigar el affaire.
La idea de Del Frade va en sintonía con lo que propuso el economista Claudio Lozano, actualmente miembro del Directorio del Nación, de promover la creación de una empresa pública, mixta, que permita la participación de trabajadores, productores, cooperativas y el conocimiento de profesionales surgidos de las universidades de Rosario y el Litoral. “Hay futuro para Vicentin y Santa Fe en la medida que se profundice la democracia, la transparencia y la participación, teniendo como base el respeto a las familias trabajadoras y la necesidad de contar con el estado nacional jugando fuerte y marcando la cancha en el negocio exportador y en el sistema financiero”, concluye el legislador.
