La deuda total del Grupo Vicentin es un 15% superior a la que se calculó a principios de año, cuando inició el concurso de acreedores. El dato surge del expediente que lleva adelante el juez de Reconquista Fabián Lorenzini, quien recibió el pedido de verificación de 1733 acreedores sobre un total de 2638 informados al comienzo del trámite.
El martes finalizó el período de verificación de créditos en el marco de la convocatoria que conduce el juez Lorenzini. El pasivo reclamado a la empresa oriunda de Avellaneda es un 15% superior a lo que había anunciado la propia aceitera, a pesar de que se presentaron a reclamar deudas el 65% de los acreedores que figuraban en la apertura del proceso que se tramita en los Tribunales de Reconquista.
Según publicó el portal especializado Punto Biz, en base a datos de la Sindicatura, los reclamos de los acreedores de Vicentin suman 33.605.120.999,52 pesos argentinos, 1.341.032.036,03 dólares y 39.125,38 euros. A esas deudas se suma un monto de 1.947.003.584,95 pesos en la categoría de “eventuales”, que refiere a aquellos créditos que están sujetos a una condicionalidad especial (por ejemplo, una resolución judicial).
Cuando empezó el concurso, Vicentin había informado una deuda global de casi 100 mil millones de pesos (99.345 millones), que incluía una parte importante en dólares (el 70%). Finalizada la etapa de verificación, la conclusión es que la deuda reclamada por los acreedores de Vicentin es un 15% superior al monto inicial.
La mayor diferencia entre lo que expuso la empresa y la verificación final es por las deudas en dólares: en febrero, a una cotización de 60 pesos, la empresa decía deber 1.142 millones de dólares; ahora, sus acreedores reclaman un total de 1.341 millones, un 17% más (198 millones de dólares).
La deuda en pesos también es superior a la informada inicialmente: 33.605 millones contra 30.117 millones, un 11% más.
A partir de ahora, se abre un plazo durante el cual la empresa puede impugnar determinadas presentaciones o realizar correcciones sobre los montos que se le reclaman. Después de eso, los síndicos –Carlos Amut, Ernesto García y Diego Telesco tienen que elaborar un informe general sobre la situación patrimonial y las deudas de la empresa. Ese proceso se completaría recién a fin de año o a principios de 2021.
Inhibición de bienes
El abogado Gustavo Feldman, que representa a particulares y a empresas acreedoras de Vicentin, presentó en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario un pedido de inhibición general de bienes contra el grupo de Avellaneda con el objetivo de evitar maniobras de vaciamiento o fuga de capitales.
La denuncia apunta al Directorio de la empresa y busca determinar si hubo “un esquema defraudatorio a gran escala” y un plan de vaciamiento. El pedido de inhibición de bienes alcanza “no solo a las personas físicas relacionadas con Vicentin sino a todas aquellas sociedades conectadas directa o indirectamente con ésta o con accionistas de éstas”.
Intervención provincial
Mientras avanza el concurso de acreedores, el juez Lorenzini aún tiene que decidir sobre el pedido que hizo la provincia a través de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) para intervenir el Directorio de Vicentin.
La intención de la IGPJ, explicada por su titular María Victoria Stratta, era lograr el control de la administración de la empresa, algo que fue rechazado por los propios accionistas con aval del magistrado de Reconquista.
A diferencia de la intervención nacional, que fue denegada por Lorenzini el 19 de junio –apenas diez días después de la presentación inicial–, el pedido de la provincia aún no tuvo respuesta por parte del juez de Reconquista.
