Esta semana un estudio de abogados patrocinantes de acreedores de Vicentin, presentó un escrito ante Fabián Lorenzini, el juez que lleva adelante el concurso de acreedores, en el que pidieron la remoción de los síndicos que forman parte del proceso. Entienden que hubo un amparo exclusivo sobre los intereses de la concursada y que nunca se resguardaron los de quienes aún están en la fila para cobrar.
Esta situación se presentó a pocos días de que finalice el plazo de exclusividad para que la agroexportadora en default logre reunir el aval a su propuesta, algo que hoy aparece como un escenario cada vez más lejano. También se da poco después de que la conducción del directorio presente una nueva «Propuesta de Organización Empresaria” para el período 2022-2033, con la cual Vicentin quedaría en manos de los denominados interesados estratégicos y cedería sus principales negocios a una sociedad compuesta por los mismos accionistas de la concursada para zafar.
Otro de los que intervino en este debate es Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación, principal acreedor de Vicentin, quien se encargó de ratificar la posición que manifestó la entidad a través de un comunicado hace algunos días, y volvió a rechazar de plano la última oferta que puso sobre la mesa el directorio de la agroexportadora. “La oferta es inaceptable. Como funcionario público y representante de los intereses de todos los argentinos no puedo aceptar que les metan las manos en el bolsillo”, deslizó en el marco de su visita a Expoagro, y manifestó su apoyo a la propuesta de cramdown (salvataje) elevada por un grupo de acreedores.
En medio de rechazos y denuncias, el diputado y miembro de la Comisión bicameral de Seguimiento de Vicentin, Carlos Del Frade, se refirió al avance por parte de la empresa con la presentación de su último plan de negocios y consideró: “El gobierno nacional en primer lugar y el provincial, en segundo término, deberán hacerse presente en este proceso que va camino a consolidar uno de los más grandes saqueos de la historia argentina contemporánea”.
Pedido de remoción
“La Sindicatura designada en el concurso preventivo de Vicentin jamás estuvo a la altura de un trámite judicial de semejante magnitud”, señalaron a través de un escrito presentado en el juzgado de Reconquista los abogados Franco Dimonaco y Leandro Salvatierra. En el mismo solicitaron la designación de un órgano sindical suplente para lo que resta del período concursal.
“Su actuación se ha circunscripto a acompañar el desarrollo del proceso como espectador, mientras eran denunciadas innumerables irregularidades y desmanejos de la concursada que ameritaban una actuación activa, máxime teniendo en cuenta que el cuestionado órgano es auxiliar del juez y cumple funciones públicas, no sólo en resguardo de los intereses de la deudora sino también de los acreedores”, agregaron.
El pedido de “urgente remoción” se funda además en el hecho de haber ignorado una auditoría forense que evidenció severas irregularidades sobre los balances contables. Pero además expusieron que los miembros de la sindicatura dieron lugar a una última oferta con fuertes cuestionamientos en el plano legal pero al mismo tiempo desestimaron la propuesta de cramdown, que según los abogados, está ajustada a derecho.
El pedido firmado por los letrados Salvatierra y Dimonaco, no solo solicita la remoción de los síndicos Carlos Amut, Ernesto García y Diego Telesco, sino que también cuestiona las ganancias que están percibiendo durante y que recibirán una vez concluido el proceso concursal. La defensa de los acreedores destaca que durante todo este tiempo hubo una conducta “sumisa” por parte de la sindicatura, particularmente a partir de la pasividad ante las dos últimas ofertas presentadas por el directorio.
El plan de Scarell y compañía
Mientras sigue el concurso y se achica el plazo de exclusividad para reunir las voluntades necesarias, el directorio de la agroexportadora avanza en un plan empresarial para 2022-2023 que ya fue presentado ante el juzgado civil y comercial Nº 2 de Reconquista, con el que buscan ceder sus principales negocios a los denominados interesados estratégicos (Aca, Molinos y Viterra).
La propuesta de “salvataje” que lleva la firma de Omar Scarell presidente del directorio, y uno de los diez acusados por delitos de estafa, pretende transferir al grupo familiar los activos que no son de su interés. Propone repartir las tenencias accionarias de las firmas que integran Vicentin Saic (la cerealera) y Vicentin Family Group (holding dueño de la familia accionista, y que el juez Lorenzini no involucró en el concurso).
El texto publicado en el expediente, indica: «Vicentin finalizará el reordenamiento definitivo de activos para evitar todo riesgo fuera de las actividades que se desarrollan en el nodo Norte y en el complejo Avellaneda. Todas ellas desarrollan un objeto social distinto y alejado del de Vicentin, razón por la cual no integran la lógica industrial y comercial de ésta, y, por tanto, tampoco de la de los interesados estratégicos».
El Plan de Empresa que presentó Scarel abarca un proceso de doce años (entre el actual y el 2033 incluídos) durante el cual la gestión empresaria quedaría en manos de los que denomina Interesados Estratégicos. Para llevar adelante esta iniciativa es necesaria la aprobación de la última oferta.
A la finalización de ese período de 12 años, de acuerdo al esquema que presenta la propuesta del directivo procesado, ACA, Molinos y Viterra se quedarían con el 95% de la actual Vicentin SA, que a esa altura conservaría todo el núcleo de empresas vinculadas al negocio de granos, agrupados en lo que denomina «Nodo Sur» y «Complejo Avellaneda (Santa Fe)».
Si esta posibilidad prospera, Vicentin SAIC adquirirá las participaciones de Vicentin Family Group (VFG) en las empresas Renopack, Patagonia Bioenergía y Oleaginosa San Lorenzo, para que queden incorporadas al paquete que al final del proceso quedaría en manos de Viterra-Molinos-ACA.
A cambio, Vicentin SAIC le cederá a VFG sus participaciones en: Río del Norte, Vicentin Desarrollos, Diferol, Friar, Buyanor, Terminal Puerto de Rosario, Playa Puerto, Juviar, Sir Cotton, Algodonera Avellaneda, y las bodegas ENAV y Sottano. Vicentin le cedería a VFG, además, los créditos de los que es titular en las empresas: Algodonera Avellaneda, Buyanor, Vicentin Desarrollos, IA Latam, Logística Rio Arriba, Nacadie Comercial, Servicios Fluviales, Sir Cotton, Sottano, Vicentin Chile, Vicentin Family Group y VFG Inversiones.
En otras palabras, el objetivo de la concursada es transferir esos activos a la empresa familiar, compuesta en parte por los mismos directivos, pero sin estar afectada por el concurso. De esta manera consolidarían una separación para alejar los activos del alcance de los acreedores.
“Síntesis del vaciamiento”
El diputado provincial y miembro de la Comisión bicameral de seguimiento de Vicentin, Carlos Del Frade, catalogó a la propuesta como “el colmo del cinismo” y consideró: “El documento de Vicentin, en definitiva, es la síntesis del proceso de vaciamiento, fuga y endeudamiento del grupo. No hay explicaciones. Solamente la promesa de un futuro mejor fundamentado, especial y básicamente, en una fenomenal construcción de impunidad”.
En paralelo a ese plan de negocios, agregó: “El presidente del directorio de Vicentin, además, anuncia la liquidación de Vicentin Europa SL; Vicentin SAIC, sucursal Uruguay; reestructuración de los pasivos y liquidación de Vicentin Paraguay SA y venta de activos non core. Esos cierres de oficinas parecen anunciar un plan de exterminio de documentación y pruebas que podrían explicar el fenomenal desarrollo y diversificación del grupo desde 2002 en adelante y que ahora, a través de este documento, entierran definitivamente”.
Por último, Del Frade insistió: “El gobierno nacional en primer lugar y el provincial, en segundo término, deberán hacerse presente en este proceso que va camino a consolidar uno de los más grandes saqueos de la historia argentina contemporánea”.
