El portal económico Punto Biz publicó con la firma de Mariano Galíndez una nota sobre otras graves irregularidades en las que incurrió el conglomerado Vicentin, empresa diversificada que dejó un tendal de acreedores poco después de recibir un irregular mega préstamo del Estado en tiempo de descuento de la gestión Cambiemos: el último balance conocido de la cerealera fue el que cerró en octubre de 2018 con el reflejo de un buen estado financiero. El de 2019 no está: no lo vio su principal acreedor, el Banco Nación, ni el consorcio de bancos privados a los que no les pagó créditos y ni siquiera el juez en lo Civil y Comercial de Avellaneda que entiende en en el concurso, Fabián Lorencini: el magistrado sólo recibió en febrero pasado de la empresa un resumen contable que, extrañamente, aceptó.
El escueto resumen que Vicentin presentó en febrero –el 9 tramitó su concurso de acreedores– mostraba un cimbronazo respecto del balance auditado de 2018 cuyos detalles y razones permanecen en las sombras: una pérdida de nada menos que el 88 por ciento de su patrimonio en apenas 16 meses. Una debacle cuyas explicaciones son otra deuda impaga.
La nota de Punto Biz menciona a la consultora internacional KPMG, que auditó el balance 2018 del conglomerado nacido en Avellaneda en 1929, entonces apenas como un almacén de ramos generales bajo el formato de una empresa familiar que hace tiempo dejó de ser. «A partir de ahí, no tuvimos más relación», le dijeron a Galíndez desde la firma de servicios profesionales con presencia en más de 150 países.
La deuda del balance 2019 se suma a las otras: según informes de funcionarios nacionales, asciende a 99,345 millones de pesos, o 1.400 millones de dólares. El principal acreedor es el Banco Nación, con algo más de 18 mil millones de pesos.
El famoso último balance desaparecido tampoco fue puesto en la agenda con la que el Directorio llamó a la asamblea general ordinaria de accionistas del 19 de marzo pasado. Sin esa información, hay que rastrear el derrumbe por otros lados. Lo extraño, de acuerdo a lo que publica Punto Biz, es que el juez Lorencini haya aceptado sin más un resumen en su lugar cuando la empresa presentó el concurso de acreedores en su despacho. El magistrado sostuvo su posición a pesar de las quejas de abogados que representan a los numerosos damnificados por la cerealera.
El consorcio de acreedores de bancos extranjeros a los que Vicentin les debe en conjunto el 40 por ciento de sus impagos, cansado del ninguneo informativo, acudió a la Justicia de Estados Unidos para que desde allí tramiten esas averiguaciones. El escándalo dejó de ser fronteras adentro.
Esos bancos del exterior tienen en su poder un informe de los estados contables al 31 de julio de 2019, dado que la agroexportadora estaba obligada a brindarles información periódica. Según ese documento, la posición financiera de Vicentin era sólida en esa fecha. Lo que ocurrió desde entonces hasta el febrero siguiente en el que pidió el concurso es un agujero negro. Las entidades financieras hacen foco en qué pasó con la pérdida de unos mil millones de dólares de patrimonio en apenas esos siete meses. No hay explicaciones. Tampoco, para la desaparición del 88 por ciento del patrimonio de la agroexportadora que media entre el último balance de 2018 y el informe escueto que la empresa le presentó al juez en febrero pasado.
La investigación del caso que presentó el economista Claudio Lozano, uno de los directores del Banco Nación, precisa que entre los acreedores de Vicentin se destacan 37 entidades financieras que concentran el monto mayoritario de la deuda (63.962 millones de pesos). Unos 1.895 productores quedaron plantados con acreencias por 25.657 millones millones de pesos. Y lo más llamativo: hay deudas impagas con sociedades relacionadas con la propia empresa, como las controladas Diferol y Vicentin Paraguay y la vinculada Renova. Este grupo suma acreencias por 5.428 millones de pesos bajo la sospecha de maniobras de vaciamiento vía autopréstamos.
El estudio Moyano y Asociados, especializado en detección de operaciones de ocultamiento de activos que fue contratado por un grupo de acreedores de Vicentin, detectó un entramado de firmas offshore –bajo la denominación de Nacadie– vinculadas a la cerealera santafesina. Allí está centrada la sospecha de numerosas maniobras de triangulación de exportaciones para evadir al fisco argentino, mediante sellos corporativos radicados administrativamente en Paraguay y Uruguay, pero también en paraísos fiscales.
