Una denuncia por asociación ilícita contra ejecutivos de Vicentin se sumó en las últimas horas a las ya conocidas por estafa y administración fraudulenta, en el marco de la investigación penal contra la empresa con sede en Reconquista. La novedad de la acción presentada por dos abogados penalistas ante el Ministerio Público de la Acusación en nombre del empresario Raúl Corgnali es que pide investigar “como posibles autores en el grado y/o modo de jefes, organizadores y/o miembros del delito enunciado, pudiendo surgir como probables en tal carácter a los representantes de las sociedades Viterra, ACA, KPMG y Bunge”. Pero, además, también incluye en ese pedido de investigación al juez del concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, y a la sindicatura concursal”.
“El plan comenzó con la falsa propuesta de diciembre de 2021 y el acting de Lorenzini rechazándola enérgicamente y habilitando la última prorroga a marzo de 2022. Y si no fuera porque a Molinos le dio pudor y se bajó del grupo comprador, hoy -y en sólo 2 meses- lo estamos viendo cuasi ejecutado”, explica el texto de la extensa denuncia, que abunda en el concepto de “robar a los robados”.
“Al momento de que fueron presentadas a los acreedores, las propuestas ya tenían todos los activos de Vicentin distribuidos entre Viterra (oferta inicial en pesos, al tipo de cambio oficial, sobre las restantes acciones de Renova cauteladas penalmente), ACA y Bunge (otra vez en pesos al tipo de cambio oficial y como fórmula de pago de acciones de Vicentin, que administra un simpático fideicomiso sobre el saldo de créditos capitalizados) y la familia Vicentin (hermoso swap asimétrico), y el resto de los acreedores cobrarían con suerte el 20% de la deuda histórica verificada”, explicaron los denunciantes.
La denuncia relata una larga serie de acciones por las que, asegura, los directivos de Vicentin transfirieron. propiedades de la familia antes y después de la presentación en concurso preventivo. “Vía sociedades off shore quedaron todos ricos con empresa pobre. Pero, si bien esos ductos tenían flujos desiguales, (los más vinculados a los principales directivos y a los socios externos que tenían privilegio), el ducto «democratizador» era el denominado «Family Group» (como si al llamarlo en ingles le diera -además de glamour- legitimidad). Allí derivaron gran parte de lo mal habido”, resaltaron.
“Existe un acuerdo entre los distintos miembros de la organización criminal, que como se dijo precedentemente, utilizaron a esta sociedad y a todo su entramado para estafar, desviar activos y consolidar lo conseguido, con una clara distribución de roles, que perduró en el tiempo y que se mantiene incluso hasta la actualidad, con la connivencia de otras empresas que consolidan los fraudes, siendo la mascarilla perfectamente armada para que en definitiva, quienes deshonraron a quienes confiaron en Vicentín pudieran con este entramado conservar ocultamente su patrimonio”, denunciaron.
Del Frade: «El gobierno nacional debe intervenir»
El diputado provincial Carlos del Frade, integrante de la comisión investigadora de la Legislatura de Santa Fe sobre el caso Vicentin, consideró que las causas penales que investigan el vaciamiento de la agroexportadora abren “la posibilidad del salvataje” para reconvertir la empresa, y sostuvo que en ese proceso “el gobierno nacional debe intervenir”.
El legislador y periodista rosarino explicó que el concurso preventivo de acreedores quedó sin efecto: “La Corte Suprema de Santa Fe intervino allí, se suspendió. Ahora en este proceso lo que empieza a caerse es el famoso acuerdo que Vicentin dijo que había logrado” con sus acreedores, añadió Del Frade.
En ese sentido el diputado del Frente Social y Popular, agregó que “la cuestión en lo penal abre la posibilidad del salvataje, en inglés el cramdown, donde claramente el gobierno nacional debe intervenir”.
“A la resolución la Justicia ya la tomó”, insistió el legislador. “Se produce esto del avocamiento, con lo cual el cramdown va a empezar a producirse de acuerdo a cómo siga la cuestión en la Justicia Civil y Comercial. Pero ya me parece que se puede presentar el gobierno de «motu proprio», como de hecho se están presentando estas denuncias en la causa penal”, evaluó.
Del Frade sostuvo que Vicentin, a través de su filial en Paraguay, “falsificaba absolutamente todo con el objetivo de pagar menos impuestos en la Argentina”.
“La maniobra era informar que las exportaciones salían desde el Paraguay, pero en realidad no salían desde Paraguay, porque ahí había una oficina para seis personas, no había almacenes, no había depósitos, no había nada”, insistió.
“Ahora lo termina reconociendo, diciendo que no tenían plantas de silos ni de almacenamiento, por lo tanto ése es el reconocimiento del que se habla, de una gran defraudación de este consorcio, que generó un vaciamiento enorme para después el endeudamiento millonario y la fuga», agregó.
También se refirió a otra denuncia penal, en ese caso respecto de que Vicentin Family Group, “que es la empresa que Vicentin colocó en su momento en Uruguay, sirvió para construir todo este vaciamiento a favor de sus grupos empresarios extranjeros amigos, como son los filibusteros de Glencore y de Viterra”.
Sobre esa denuncia, Del Frade dijo que “esto empezó a partir del año 2018, un plan de vaciamiento, de fuga y de traspaso de todo los activos a los grupos extranjeros, insisto, filibusteros, como es el caso de Glencore, que ahora es Viterra, el principal exportador de la Argentina”.
