La implementación de la Iglesia de Santa Fe de un sistema propio para presentar denuncias por casos de abuso sexual por parte de clérigos generó la reacción de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina, que le recordó a la curia que «no es lo mismo un pecado que un delito, y que la Iglesia no es el Estado».
El documento de la Red, difundido en las últimas horas, hace referencia a una denuncia penal de un abogado rosarino contra los arzobispos de Santa Fe, Sergio Fenoy, y de Rosario, Eduardo Eliseo Martín por «usurpación de funciones», que es investigada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia.
La presentación judicial del abogado Carlos Ensinck considera que la Iglesia se arroga una potestad que le corresponde al Estado con su sistema para presentar «sospechas fundadas y/o denuncias sobre casos de abuso sexual contra menores y adultos vulnerables, por parte de clérigos y consagrados, y del encubrimiento de los mismos».
Ahora, la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico señala que «parece absurdo hasta bizarro, pero es imperioso recordar, tener presente, repetir y repetir que no es lo mismo un pecado que un delito, que no es lo mismo víctima que victimario, y que la Iglesia no es el Estado».
El texto, que señala que la Red «es un espacio donde se comparten vivencias, se reúne e intercambia información, y también se detecta, denuncia y atrapa a delincuentes», indica luego que con el intento de las autoridades de Santa Fe «la Iglesia Católica intenta evadir y burlar el debido proceso».
Añade que «una vez más intenta quebrar la Justicia, la única Justicia para delitos graves cometidos por quienes forman la iglesia» y sostiene que «quienes delinquen vienen por los testimonios de las víctimas» y «con el objetivo de siempre, encubrir delincuentes».
«El propósito es claro, quieren recabar toda la información posible en relación a los delitos cometidos, para de este modo desarticular a la víctima y evitar el desarrollo del debido proceso», agrega el documento, que advierte que el sistema permite «generar un capital de información indispensable para futuras defensas de sus denunciados/delincuentes».
La Red cuestiona que los informes presentados ante la Iglesia por las víctimas deben indicar el tiempo y lugar de los hechos, las personas involucradas o que sepan de los abusos, y que deberán estar firmados, con número de DNI y un teléfono o dirección de correo electrónico.
«Esto es, cuando menos, extraño. ¿Quién en su sano juicio recurriría al victimario mismo para solicitar justicia y reparación? ¿Qué nos hace creer o considerar que quienes ya optaron por proteger, resguardar y encubrir delincuentes, optarán ahora por las víctimas?», cuestiona el documento.
Y a continuación considera que «la historia, los hechos y nuestra experiencia propia certifican que no lo harán, que ya eligieron».
«Ya han tomado partido y es por los delincuentes. Lo hicieron así con los curas Ilarraz, Moya, Escobar Gaviria, en Entre Ríos, y hasta César Grassi a varios años de su condena conserva el estado clerical. Siguen siendo curas, son delincuentes que son parte de la institución eclesiástica. Y es así porque tienen el aval del mismo Papa Francisco», añade el texto.
