María Eugenia Vidal sondeó en –al menos– dos terminales, una del entorno de Ricardo Casal y la otra de Alejandro Marambio, ex interventor del Servicio Penitenciario Federal, para que aporten nombres que puedan conducir el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). En los dos sectores rechazaron el ofrecimiento, al punto que Florencia Piermarini, jefa penitenciaria hasta este domingo, venía con tarea residual de la gestión de Daniel Scioli al igual que César Albarracín, responsable político en el Ministerio de Justicia del SPB.
Que de la multiplicidad de cargos y oficinas que tiene el universo bonaerense, la butaca penitenciaria haya sido rechazada –dos, o hasta en tres ocasiones– opera como un reflejo del voltaje y la crisis del SPB. El elemento adicional fue político: un pedido de emergencia penitenciaria propuesto por Vidal y enviado a la Legislatura que otorga superpoderes no sólo para la compras y obras –por la vía rápida, al margen de los controles habituales– sino que también habilita cesantías y remociones exprés.
A 17 días de asumir, el domingo a las 2.30 AM, Vidal debutó finalmente como gobernadora al aterrizar en medio de una crisis donde el principal componente es la incertidumbre.
¿Dos presos “famosos”, que tenía custodia especial, se fugan de un penal de máxima seguridad? ¿Casualmente uno de los fugados fue el declarante mediático que involucró a su competidor en la disputa electoral por la gobernación?
Cruce de fuegos
Por esto último, desde el kirchnerismo se vinculó la fuga con una “devolución de favores” a Martín Lanatta por sus declaraciones contra Aníbal Fernández. El propio ex jefe de Gabinete dijo no descartar que se haya tratado de un “gesto” por aquellas declaraciones.
En esas brumas, aparece una obviedad: la fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanatta, y de Víctor Schillaci, los tres inculpados por el triple crimen de General Rodríguez, difícilmente haya podido producirse sin algún nivel de complicidad operativa desde el propio SPB.
La dimensión de la crisis del sistema penitenciario bonaerense, en una transición a las apuradas y sin designaciones del nuevo gobierno, se expresó en la renuncia que Piermarini presentó a mediados de la semana pasada pero que no fue aceptada.
Un servicio complicado
Tampoco Carlos Mahiques, el ministro de Justicia que designó Vidal, pareció dimensionar los riesgos de un SPB sin comando operativo ni político. El resultado se vio el domingo: la fuga a medianoche y la inevitable aparición de Cristian Ritondo, el ministro de Seguridad, como vocero de crisis de Vidal de un área que no le pertenece más allá del protocolo de búsqueda de los fugados. Ritondo quiso, cuando se armaba el equipo vidalista, que Justicia vuelva al esquema de Seguridad, en cuyo caso se hubiese quedado también con el manejo del SPB. Pero no ocurrió: la gobernadora optó por mantener divididas las áreas, como ocurrió históricamente más allá de algunos períodos de gestión de Casal y, antes, de León Carlos Arslanian.
Debut en el volcán
Vidal, porque el centro de la escena lo ocupó Mauricio Macri, tuvo hasta anteayer un inicio de gestión pacífico y sin estridencias: no hubo, como otros años, piquetes masivos, ni protestas por cortes de luz, ni motines en los penales (fin de año es la peor época) ni, tampoco, crisis callejera.
La fuga alteró esa falsa calma que, hasta acá, sólo había tenido un ribete político: la discusión en la Legislatura con el peronismo para la aprobación del Presupuesto 2016 con un pedido de endeudamiento histórico, de más de 100 mil millones de pesos. Pero esa tirantez era, incluso, cómoda porque operaba más como daño interno de un peronismo multitribal que sobre el naciente gobierno bonaerense.
El domingo Vidal despertó en medio de ese monstruo que es la provincia de Buenos Aires dentro de un episodio de película: una fuga de un penal híper vigilado y de dos de los presos más “visibles” de la población carcelaria. En medio de esa crisis, removió a las autoridades del SPB que ya se habían ido, al responsable del penal y nombró a Fernando Díaz, que viene del Servicio Federal pero fue, en tiempos de Felipe Solá y Eduardo “Lalo” Di Rocco, ministro de Justicia, interventor del SPB. Ligado a Marambio, Díaz desembarca de urgencia aunque las negociaciones habían comenzado unos días atrás.
