Hace algunos días y en absoluto hermetismo, ediles oficialistas ingresaron en el Palacio Vasallo el proyecto oficial para regular el uso de las imágenes que se obtienen de las cámaras de seguridad, que en la ciudad ya se comenzaron a poner en marcha en forma masiva. Uno de los puntos a tener en cuenta y que promete traer un fuerte debate es la idea de modificar el Código Municipal de Faltas para que el material que esos equipos captan puedan ser utilizado como elemento de prueba para sancionar infracciones de tránsito y demás tipos de contravenciones.
El municipio comenzó desde el viernes pasado aponer en funcionamiento ya de forma masiva las cámaras de seguridad. Desde esa fecha se captan imágenes desde 10 esquinas de los corredores con carriles exclusivos. Las mismas se suman a las tres que ya estaban funcionando en parte de ese sector y a otras cuatro que están colocadas en zona norte.
En el cronograma que tienen en carpeta en el Centro de Monitoreo del Sistema de Videovigilancia está previsto que el próximo 21 de julio comiencen a transmitir lentes en el Parque Alem ( la cámara estará sobre calle Nansen, en la zona del circuito conocido como “La Zapatilla”), Avenida Francia y la costa (el corazón de lo que desde hace un tiempo se conoce como Puerto Norte), Dorrego y el río (con el fin de “controlar” el parque de las Colectividades), la Estación Fluvial (el equipo estará sobre la avenida Estévez Boero) y en calle Córdoda en tres espacios; sobre su intersección con San Martín, Mitre y Caferatta.
En tanto, también desde el próximo sábado comenzarán a captarse imágenes en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), el Víctor J Vilela y el Roque Sáez Peña. Finalmente, para esa fecha además comenzará a funcionar un dispositivo en Seguí y Oroño, una esquina con gran cantidad de siniestros de tránsito.
Con todo, lo cierto es que mientras avanza la instalación de cámaras, las mismas siguen sin un marco regulatorio legal tanto a nivel provincial como local. La Legislatura santafesina sancionó a finales de 2010 la ley que controla los usos y el tratamiento que debe dárseles a las imágenes, pero el Ejecutivo aún no la reglamentó, dejando así un vacío legal, en primer término, en todo el territorio.
En Rosario, en tanto, el pasado jueves 5 de julio ingresó al Concejo municipal el proyecto de ordenanza oficial para que luego queden regulada las “misiones” y “funciones” del centro de monitoreo, haciendo también foco en este caso en las atribuciones que debería poseer el Ejecutivo local sobre el sistema. La iniciativa fue puesta a consideración de ese cuerpo por los ediles socialistas Manuel Sciutto y Viviana Foresi.
“La mayoría de los bloques entiende que hace falta esa ordenanza. La idea es pedir preferencia en breve y empezar a conversar”, sostuvo Sciutto.
En ese marco, el proyecto hace foco en un hecho que promete traer fuertes cruces entre ediles oficialistas y opositores. Según explicó Patricio Campbell, el texto de la iniciativa propone la modificación el Código de Faltas municipal para así poder labrar actas de infracción mediante “medios mecánicos. Es decir, por intermedio de las cámaras de seguridad”. A lo que se apunta es a sancionar todas las faltas que se cometan en la vía pública; desde el tránsito hasta hechos de vandalismo en el mobiliario urbano. En rigor, Ejecutivo ya había enviado al Palacio Vasallo un mensaje en febrero pidiendo esa modificación en el Código, pero la misma no reunió el consenso necesario en la comisión de Gobierno y quedó archivada.
“La multa con la cámara es en el acto, cuando detecta la infracción. Ya no va a ser necesaria la presencia del inspector en la esquina. Un lente toma imágenes a 400 metros a la redonda. Se optimizarían los recursos”, señaló Campbell. En tanto, posteriormente, el funcionario entregó detalles de cómo sería el funcionamiento. “El aparato detecta la infracción y establece una secuencia de tres tomas. Se pasa al puesto edición, se labra un acta digital y el Tribunal de Falta está al tanto en el mismo momento, ya que lo puede ver todo en la línea”, explicó.
Esta idea ya fue cuestionada por algunos ediles opositores. Además de pedir primero por la regulación integral del sistema, Roberto Superman, edil del PJ e integrante de la comisión de Gobierno, planteó que no se debe “desnaturalizar el objetivo de las videocámaras, que es el de la seguridad”. Y agregó que el fin de las modificaciones al Código de Faltas propuesto por el municipio tal como está es “recaudatorio”. El concejal argumentó que para multar ya existen los lentes que hay en algunos semáforos de la ciudad. Y sostuvo que él está por estas horas terminando de redactar su propio proyecto.
En tanto, Sciutto cuestionó esa visión. “Las cámaras son un elemento tecnológico que determina con absoluta claridad. Negar la posibilidad de que se pueda identificar un elemento de prueba tan eficaz como éste ya es infantil. Seguir especulado con esto del carácter recaudatorio es absurdo”, analizó.