Rosario cuenta con unas 250 empresas de seguridad privada. El gremio Sutca (Sindicato de Custodios, Vigiladores y Trabajadores de Seguridad), uno de los que representa a los empleados de esas firmas, denunció que dos empleadoras desafectaron a trabajadores luego de que hicieran reclamos salariales –bono de fin de año y sueldos– y este jueves expusieron esas irregularidades con dos concentraciones en las que exigieron la reincorporación de los cesanteados.
La primera movida fue un escrache a la empresa SCV (Servicio Central de Vigilancia) en su sede de Alvear al 400. Dos de sus empleados, que prestan servicio de seguridad en el Banco Municipal dejaron de prestar servicios al no ser convocados por la firma. El gremio exige que les paguen el bono de fin de año de 5 mil pesos que los trabajadores no percibieron y reclamaron. El secretario del sindicato, Ariel Braticevich, le dijo a El Ciudadano que el detonante de la protesta fue el miércoles 26 de diciembre. “Desde el empresa le dijeron que el gremio oficial acordó de que el bono se pagará en futuros aumentos, lo cual es totalmente ilegal porque el decreto no tiene nada que ver con ningún gremio”, señaló Braticevich y agregó: “El tema es que es una persecución gremial, los compañeros reciben este tipo de sanciones, es decir que no los vuelven a llamar para prestar servicios cuando hacen reclamos por cuestiones que le corresponden por decreto”.
El sindicalista señaló que la primera medida fue concentrar frente a la empresa. Si no obtienen respuesta, entonces irán a “los responsables solidarios, que son las firmas o entidades donde el personal presta el servicio”.
La empresa SCV cuenta con entre 600 y 700 trabajadores repartidos en numerosas empresas públicas y privadas, como el Banco Municipal, la portuaria Terminal 6 y la aceitera Vicentin. Dos empleados fueron desafectados ante su reclamo del pago del bono. Pero pueden ser más a futuro, avisó Braticevich. “Ya tomamos acciones legales con nuestros abogados por esos casos”, dijo.
El gremio también movilizó hacia la sede del Museo de la Memoria (Córdoba al 2000) para pedir para que la Municipalidad le rescinda el contrato a la empresa que presta servicio en esa institución, Eurosegur. Denuncian que durante tres meses pagó a un empleado un tercio de su sueldo: cinco mil pesos.
Eurosegur, dijo el gremialista, es una pyme que hace figurar un capital de apenas 120 mil pesos en la que los mismos dueños realizan las tareas de vigilancia y supervisión. En esa empresa trabajaba un hombre que durante 3 meses percibió un tercio de su salario y él mismo dejó de ir a trabajar. “Lo obligaban a concurrir a su puesto de trabajo y hay amenazas a través de WhatsApp”, explicó Ariel y siguió: “La empresa es contratada por el municipio y ellos son tan responsables como Eurosegur de lo que cobra nuestro compañero. Nosotros exigimos que no contraten más a esa empresa de seguridad, porque no cumple con los derechos de los empleados”.
