El Concejo Municipal aprobó en su sesión de ayer varias ordenanzas, pero la de regulación integral de las agencias de seguridad privada sobresalió por el debate que originó en el recinto, que algunos ediles se animaron a calificar como de ribetes “académicos” y hasta “filosóficos”.
La iniciativa que desató el rico intercambio de consideraciones lleva la firma de Héctor Cavallero y María Fernanda Gigliani, integrantes de la bancada del Partido del Progreso Social (PPS). Una de las restantes, que como la anterior merecieron el voto unánime de los ediles, fue la que presentó Osvaldo Miatello, de Encuentro por Rosario-Partido Justicialista, que ordena la contratación de músicos o agrupaciones locales cuando se presenten en Rosario artistas no residentes en la ciudad. Y la otra, con autoría de Daniela León, de la Unión Cívica Radical, fija requisitos para el cobro de los honorarios por parte de los ejecutores fiscales de la Municipalidad.
La norma que estipula una serie de requisitos y seguimientos para las empresas de vigilancia privada fue la que originó un fuerte debate con contenido académico e impronta ideológica en el que hasta se recordó la década de 1990, caracterizada por el retiro estatal de obligaciones que le competen por su carácter social.
La defensa del proyecto estuvo a cargo de Cavallero, quien recordó que en la provincia existe apenas una resolución ministerial, “la 521, de 1991”, que regula el tema. Lo que calificó de “precario” dado que “ni siquiera es un decreto del gobernador”.
El edil cuestionó el manejo de algunas de las agencias de seguridad privada: “Nos hemos sentido vigilados, pero más que vigilados para que no nos roben, vigilados para ver cuando no estamos (en casa) para asaltarnos”. La norma votada establece que las empresas deberán contar con la habilitación municipal correspondiente y estar registradas, autorizadas y habilitadas por la correspondiente repartición provincial y por la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana municipal, que por su parte deberá establecer los requisitos respecto de la identificación del personal, de los medios de movilidad y la ubicación de las garitas, para que éstas no obstaculicen el tránsito o la circulación peatonal.
Sobre los puestos de vigilancia, el texto determina que deberán contar con el certificado de habilitación por parte de la EPE. Este punto, ya lo había explicado Cavallero, se fundamenta en que muchas de las garitas están “enganchadas” a líneas de energía.
Para Cavallero, con la ordenanza se “da un paso importante”, y estimó que Rosario se posiciona a la vanguardia en el tema. La iniciativa fue avalada por Jorge Boasso, del bloque Radical, quien incorporó al debate cifras que, dramatizó, lo “espantan”: la cantidad de empleados de seguridad privada en la ciudad, que cifró en 5.600, es mayor que los 4.500 efectivos que adjudicó a la presencia policial en las calles de la ciudad. El edil previno que desde el sector de la seguridad privada “se van a poner muy molestos ante este avance nuestro, porque el negocio de ellos es la inseguridad”.
En tanto, Gonzalo del Cerro, del bloque Convicción Radical Arturo Illia, expresó su apoyo a la iniciativa y acuñó una opinión sobre la inequidad social al enunciar que “el (ciudadano) que más recursos tiene comienza a ser el más cuidado, y el menos favorecido es el que tiene menor protección”.
Desde otra vereda ideológica, el titular del bloque Unión PRO Federal, Rodrigo López Molina, juzgó que la seguridad privada “es un instrumento de combate al delito”. Fue la “mirada distinta”, afín a los cuerpos de vigilancia no estatales. De esta diferencia acusó recibo Boasso. “Tenemos pensamientos filosóficos diferentes”, sentenció.
En una nueva intervención, Cavallero, recordó que el proyecto que se aprobaba es uno de los que presentó en torno del tema seguridad. El restante, insistió, apunta al comercio de artículos robados. Hasta se permitió dar un ejemplo sin ambigüedades respecto de- la prevalencia de esa economía del delito al señalar que “en la esquina de avenida Francia y bulevar 27 de Febrero venden llantas usadas que son robadas”.
Hubo nuevas intervenciones. Boasso sostuvo que “el principio de subsidiaridad (en el servicio de seguridad) es contrario del de solidaridad”. Y retrucó esta vez López Molina al repetir que “se puede regular porque lo puede hacer el privado”.
