La Cámara de Diputados de Santa Fe comenzará a tratar en comisiones un proyecto de ley que prevé la creación de un Sistema Integral de Respuestas Estatales a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. La iniciativa de la diputada Lionella Cattalini (FPCyS) apunta a que el Estado provincial brinde asistencia interdisciplinaria, además de herramientas a las mujeres que sufren este tipo de violencia para que puedan salir de esa situación. Contempla asistencias económicas, facilidades para la inserción laboral, la creación o fortalecimiento de una red de casas de protección y prioridad en el otorgamiento de viviendas estatales en todo el territorio provincial.
“Hay muchas herramientas que funcionan, pero hay que concentrarlas”, dijo a El Ciudadano la diputada provincial Lionella Cattalini, autora del proyecto que contó con el aval de otras legisladoras del Frente Progresista y de otros bloques. “El objetivo es que ahora que fue creada una Secretaría de Igualdad, todos los programas que existen en relación a la violencia de género funcionen bajo su órbita”, detalló.
El proyecto de ley que ingresó al recinto el jueves 21 de mayo en el marco de una sesión virtual, apunta a la creación de un Sistema Integral de Respuestas Estatales a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. “Hay programas que apuntan a la asistencia, pero proponemos dar un paso más para lograr que la mujer salga lo más rápido posible de la situación de violencia en la que se encuentra”, remarcó Cattalini. “Entendemos que hay que crear un sistema nuevo que sea integral, transversal y de rápida acción”, agregó.
Un sistema integral
El proyecto es claro: “Las mujeres que logran empezar a salir de los contextos de violencia necesitan de un Estado presente, que contenga, repare y brinde posibilidades de inclusión social para desarrollar una vida en condiciones de dignidad”.
“Aún hoy las mujeres encuentran numerosos obstáculos y sienten la falta de un acompañamiento necesario para salir de los contextos de violencia. Esto hace necesario y urgente que el Estado en todos sus niveles refuerce su accionar con programas dotados de todos los recursos económicos y humanos suficientes, que mejoren las condiciones de las mujeres víctimas de violencia de género”, dice el proyecto, que deberá recorrer una serie de comisiones de la Cámara baja antes de ser tratado en el recinto.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa apunta a brindar soluciones habitacionales a las mujeres cuando deciden irse de sus casas en el marco de situaciones de violencia, para atender el momento de urgencia y resguardar su integridad física. La propuesta de Cattalini apunta a la creación y regulación de Casas de Protección en todo el territorio provincial.
“Si bien nuestra provincia presenta un desarrollo colaborativo entre el Estado provincial y municipios y comunas en cuanto a las Casas de Protección, creemos que resulta indispensable que se avance en la creación de estos espacios en toda la provincia y que en todos ellos existan equipos interdisciplinarios que dediquen sus esfuerzos y trabajo en el acompañamiento de cada mujer en su estadía en las casas y que, en forma conjunta con los equipos interdisciplinarios provinciales, diagramen posibilidades de inserción social, económica, laboral y emocional de la víctima”, explica el proyecto.
Así, la ley va más allá y se ocupa de lo que ocurre después, una vez finalizada la estadía en estas Casas de Protección. “En el contexto de violencia, la posibilidad de perder el lugar donde se vive, donde se habita, y la amenaza de quedar en la calle, especialmente cuando están involucrados hijes, puede ser un factor determinante para continuar o no en la relación violenta”, dice el proyecto, que promueve que las políticas de vivienda desarrolladas por el Estado adopten una perspectiva de género y consideren la situación habitacional de estas mujeres, cuando no se logre solucionar la situación de violencia excluyendo al agresor del hogar y estableciendo la titularidad de la mujer sobre la casa que habitaba.
Otro punto clave es la del acceso de las mujeres al mercado de trabajo. La iniciativa de Cattalini proyecta la posibilidad de mejorar su inserción laboral para conseguir un empleo en relación de dependencia o potenciar emprendimientos productivos por cuenta propia que incrementen su empoderamiento y autonomía. “Para esto se requerirá de un Estado comprometido y activo para lograr resultados favorables”, dice el proyecto.
El proyecto prevé también la obligación de la provincia de otorgar una prestación económica a las víctimas: “Una de las formas de violencia es la violencia económica, vinculada estrechamente con la dependencia económica de sus cónyuges. Las mujeres necesitan tener autonomía, especialmente en el primer momento en que deciden irse de sus hogares o separarse de sus agresores. Esa autonomía no se logra sólo con acompañamiento psicológico y jurídico, sino que debe poder contar con la posibilidad de subsistir sin tener que estar sometida a otra persona”.
Por este motivo la ley demanda que el Estado provincial brinde una prestación económica para las mujeres con menos recursos, para que esa situación de desventaja no signifique una revictimización.
Además, la normativa promueve el acceso a la educación, para que las mujeres completen su educación formal y puedan capacitarse profesionalmente.
