Gimena González Salas*
El mundo en el que estamos inmersos depende en gran medida de las nuevas tecnologías de la información. La internet es una gran red, donde interactúan millones de personas por segundo, así la difusión y masificación de diversos contenidos, ya sean maliciosos o no, se produce de manera inmediata.
Si bien esta herramienta ha favorecido a la divulgación y comunicación, también reproduce de manera virtual las dinámicas de imposición de poder, desigualdad y violencia, basadas en consideraciones hegemónicas de género.
Cuando una persona utiliza contenido de otra para hacer daño a su autoestima o dignidad estamos al frente de un mal uso de las nuevas tecnologías. Producto de la hiperconectividad, suceden muchas situaciones de las que no somos conscientes, donde se expone nuestra vida privada sin posibilidad de control.
Datos oficiales indican que cerca del 50% de las mujeres ha padecido algún tipo de violencia de género digital, potenciada en la pandemia. En la medida en que normalicemos un mal uso de las nuevas tecnologías, se corre el riesgo de promover insensibilización ante posibles consecuencias en la víctima.
Se considera violencia de género digital a toda manifestación de violencia indiscriminada
En términos específicos, se considera violencia de género digital a toda manifestación de violencia indiscriminada, como así también magnificada por el uso de las nuevas tecnologías e internet, que provoca el impedimento en el goce de derechos y libertades de las víctimas. Incluye todo tipo de agresión psicológica que realiza un agresor a una víctima.
En tanto afecta la integridad de las personas, es considerado también un acto plausible de ser penalizado.
Los mensajes violentos que circulan a través de redes sociales, o los correos electrónicos, suelen ser reiterados y cuya principal finalidad es la dominación, intromisión y discriminación a la privacidad de la víctima. Un rasgo característico es el anonimato del agresor y daños imposibles de dimensionar por la rapidez en la que se viralizan los contenidos digitales.
Los diferentes medios o canales por los que mayormente se produce este tipo de violencia están asociados a redes sociales, apps de citas, páginas web, correos electrónicos e incluso puede involucrar mensajes de texto y llamadas telefónicas.
Junto a la violencia digital, el cibercontrol es una tendencia que se ha ido incrementando. Esto se vincula con la necesidad de los agresores de tener mayor control, demandan ubicación geográfica, contenido compartido y en casos donde el control es mayor, se exige la revelación de contraseñas, datos e información íntima, así como también se restringe o prohíbe el uso de redes, dispositivos electrónicos, etc.
La violencia de género digital no es más que una nueva expresión de la tradicional violencia de género
Existen diversas manifestaciones de violencia de género digital, las principales son: acosar o controlar usando el teléfono, interferir en las relaciones en Internet con otras personas, espiar el teléfono, censurar fotos que se publican y comparten en redes sociales, el control excesivo en las redes sociales, exigir el envío de la localización, obligar al envío de imágenes íntimas, solicitar el acceso a claves personales de la otra persona, que te pida ver un chat con otra persona e incluso mostrar enfado por no tener siempre una respuesta inmediata online.
La violencia de género digital no es más que una nueva expresión de la tradicional violencia de género. Es por esto que, si bien la legislación aún es limitada en los intercambios virtuales, todas aquellas personas que son o han sido víctimas, ya sea a través del ciberacoso, la sextorsión, el seguimiento con aplicaciones espía la suplantación de identidad, a través de amenazas por redes sociales, email o redes sociales, ciberbullying, grooming, prohibición, etc. deben hacer la denuncia para que los casos puedan ser alcanzados por la justicia.
La campaña “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres” (https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/unite), pone el foco en el rol central de las activistas, organizaciones feministas y de mujeres de la sociedad civil para prevenir, atender y erradicar la violencia basada en género.
Una realidad que continúa afectando de forma desproporcionada a miles de mujeres, niñas y colectivos LGBTIQ+.
¿Cómo podemos garantizar que las mujeres denuncien de forma segura las múltiples violencias que sufren? Dándoles todas las garantías necesarias de que no enfrentarán más violencias en ese camino. En ese sentido, debe garantizarse el acceso a la justicia.
Los Ministerios Públicos tienen un papel fundamental para prevenir actos de violencia, asegurar una investigación adecuada con perspectiva de género y sin sesgos discriminatorios contra las mujeres, y la atención y protección de los derechos de las víctimas y supervivientes.
Son pasos necesarios para que mujeres y niñas de Argentina y todo el continente tengan acceso a la justicia y para prevenir y eliminar la violencia, el acoso, las amenazas, la intimidación y la discriminación contra las defensoras de los derechos humanos y las activistas de los derechos de las mujeres en toda su diversidad.
*Diplomada en Equidad de Género y Prevención de la Violencia y en Innovación Educativa, docente y experta de Identidad Argentina
