La violencia doméstica “es una problemática social, de educación, de tratamiento de adicciones, de contención y también de prevención”, definió ayer Cristina Garros Martínez, jueza dela Cortede Justicia de Salta, quien asistió a la apertura de las deliberaciones de responsables de Oficinas de Violencia Doméstica (OVD) en funcionamiento en distintos puntos del país que se reúnen en la capital de la provincia norteña para intercambiar experiencias y unificar los sistemas estadísticos.
Analía Monferrer, secretaria dela OVDdela Suprema Cortede Justicia dela Nación, agregó por su parte que “el objetivo es que las réplicas de estas oficinas que se instalen en el país tengan en cuenta determinados requisitos”.
Las jornadas de trabajo concluirán hoy con la planificación de la agenda del año próximo y la lectura de las conclusiones del encuentro.
Al referirse a la experiencia dela OVDdela Corte Suprema, Monferrer expresó que “se ha demostrado que funciona y que es una buena práctica, que ha tenido un éxito absoluto en cuanto al sistema de atención y a facilitar el acceso ala Justiciade las víctimas de violencia doméstica”.
Además, remarcó que el funcionamiento de este organismo “facilita la administración de Justicia de quienes integran la magistratura, porque el objetivo principal de la oficina es facilitar la tarea a jueces y juezas para que puedan contar con una evaluación de riesgo que les permita fundamentar las medidas de protección”.
Por el momento, sólo los poderes judiciales de Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Formosa cuentan con oficinas de Violencia Doméstica, además de la que funciona enla Corte Supremade Justicia dela Nación. Noobstante, de la reunión participan también funcionarios de Jujuy, Chubut, Río Negro, Santa Cruz,La Riojay Tierra del Fuego, además de miembros de Unicef.
“La implementación de las oficinas en el país es un proceso lento, si tenemos en cuenta quela Corte Supremadela Nación, que en principio tiene un mayor presupuesto que las cortes provinciales, demoró cuatro años para quela OVDcomience a funcionar efectivamente, desde que comenzó el proyecto”, apuntó Monferrer.
En este sentido, la funcionaria explicó que las provincias “tienen que ir evaluando cómo van a implementar estas oficinas, adecuándose a las realidades locales”.
