Estados Unidos responsabilizó este lunes al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, por la violencia que ya dejó un saldo de unos 350 muertos desde el inicio de las protestas antigubernamentales en abril.
En una nota oficial, la Casa Blanca aseguró que Ortega y Murillo «son responsables en última instancia por los grupos parapoliciales favorables al gobierno que han brutalizado a su propio pueblo».
Fue la primera vez que Estados Unidos responsabiliza nominal y directamente al actual presidente y su esposa por la situación en Nicaragua, y por ello volvió a reclamar el anticipo de las elecciones presidenciales previstas para 2021.
«Estados Unidos está del lado del pueblo de Nicaragua, incluyendo miembros del Frente Sandinista, que piden reformas democráticas y el fin de la violencia», afirmó la Casa Blanca, haciendo alusión al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Para el gobierno estadounidense del magnate republicano Donald Trump, la celebración de «elecciones libres, justas y transparentes son la única avenida hacia el restablecimiento de la democracia en Nicaragua».
«Fortalecer» el diálogo político
A su turno, la cadena de televisión CNN en Español anunció este lunes que transmitirá una entrevista exclusiva con Ortega, pero en fragmentos anticipados de ese diálogo el presidente nicaragüense discutió la realización de un referendo sobre la posibilidad de anticipar las elecciones.
«Podemos preguntarle a la gente, claro que sí. El problema aquí es que si dicen que sí pues haremos elecciones anticipadas, pero si dicen que no van a decir que hicimos fraude (…) Porque el trabajo para fortalecer el sistema electoral necesita de recursos», dijo.
En otro anticipo de la entrevista, Ortega afirmó que ha contactado al secretario general de la ONU «y diferentes organismos internacionales» para «fortalecer la comisión del diálogo y que esto nos ayude a que tengamos buenos resultados».
La idea de esos contactos sería «incluir otros actores que puedan fortalecer el trabajo que ha venido haciendo la Iglesia», según dijo.
La Iglesia católica nicaragüense ayuda en un diálogo entre el gobierno y el arco opositor nucleado en la Alianza Cívica.
Sugerencia de más sanciones
Las protestas en Nicaragua se iniciaron el pasado 18 de abril contra una reforma del seguro social pero derivaron en masivas manifestaciones que fueron respondidas por fuerte represión, en un ciclo de violencia que motivó pedidos de renuncia de Ortega.
En el documento divulgado este lunes, la Casa Blanca pasó revista a las medidas adoptadas a este respecto, en especial la sanción a tres funcionarios nicaragüenses, paso que consideró «el inicio, no el fin, de potenciales sanciones».
Con esas sanciones, el gobierno «está demostrando que hará responsables por sus actos a funcionarios del gobierno de Ortega que autoricen violencia y roben a los nicaragüenses».
Además, Washington revocó o restringió el otorgamiento de visas a funcionarios nicaragüenses que hayan tenido cualquier relación con represión a protestas o actos de violencia.
El pasado martes, el vicepresidente Mike Pence ya había exigido a Ortega el fin de la violencia en Nicaragua, que consideró «patrocinada por el Estado».
Más tarde, durante una ceremonia sobre libertad religiosa que se realizó en el Departamento de Estado, Pence aseguró que en Nicaragua el gobierno «está virtualmente en guerra con la Iglesia católica» y personas «armadas con machetes (…) han atacado templos y propiedades de la Iglesia».
Daniel Ortega, que gobernó de 1979 a 1990 y volvió al poder en 2007, ofreció la semana pasada una entrevista al canal de TV estadounidense FoxNews en la que descartó renunciar a la presidencia.
«Inestabilidad, inseguridad…»
De acuerdo con Ortega, «adelantar las elecciones crearía inestabilidad, inseguridad y empeoraría las cosas».
En esa entrevista, Ortega también buscó reducir el tono de enfrentamiento con la Iglesia católica, y negó que hombres armados relacionados con el gobierno hayan matado a tiros a dos jóvenes refugiados en una iglesia.
La semana pasada, la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó una resolución en la que pide al gobierno la adopción de más sanciones contra funcionarios nicaragüenses.
El texto «pide a Estados Unidos que continúe condenando las atrocidades en Nicaragua, exija la liberación de los detenidos injustamente e identifique a aquellas personas cuya participación en esta violencia califica para la imposición de sanciones».
Esas sanciones, como las adoptadas el 5 de julio contra tres funcionarios, se apoyan en la llamada «ley Magnitsky», aprobada por el Congreso estadounidense para sancionar funcionarios rusos por la muerte de Sergei Magnitsky en 2009.
Esa ley, sin embargo, pasó a ser utilizada por el gobierno para sancionar funcionarios extranjeros cuando considera que ha habido abusos o violaciones de los derechos humanos.
