El Consejo Federal de Mecanismos locales para la Prevención de la Tortura llevó adelante este miércoles una sesión extraordinaria en la capital provincial para discutir no sólo las graves denuncias presentadas por torturas en la Unidad Penal 11 de Piñero sino también para debatir sobre las últimas reformas legislativas en las condiciones de encierro aplicadas a presos de alto perfil.
Tras el encuentro, el Consejo Federal instó a la provincia a crear su Comité provincial de Prevención de la Tortura mientras que el Comité Nacional hizo una visita a la cárcel y se reunió con la Fiscalía de Violencia Institucional de Rosario para brindar estándares en la investigación de los hechos denunciados contra personas privadas de la libertad a principios de marzo.
La sesión de este miércoles se llevó a cabo dentro de la convocatoria ordinaria del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), en el que también trataron una agenda más amplia para abordar problemáticas y fenómenos que ocurren a nivel país, en las distintas jurisdicciones o provincias, describieron sus organizadores en un comunicado.
En ese sentido, Kevin Nielsen, comisionado del CNPT explicó en diálogo con el programa «Feos, Sucios y Malos» de Radio Universidad Rosario que dentro de las «funciones, atribuciones y competencias tanto del Comité Nacional como de los mecanismos locales está monitorear tanto las normativas como las prácticas en los distintos ámbitos de privación de la libertad para que estos no violenten derechos fundamentales consagrados tanto en la Constitución nacional como de los tratados internacionales de derechos humanos».
Respecto a la denuncias de torturas cometidas a presos en la Unidad Penal 11 de Piñero de principios de marzo indicó que el Comité estuvo desde un primer momento en contacto con el Servicio Público de la Defensa de Santa Fe, de quien destacó su accionar tanto en el acompañamiento de las víctimas como en las presentaciones judiciales de las que surgió una megacausa.
«Nos hemos expresado a favor del otorgamiento de los habeas corpus que fueron rechazados y están recurridos pero hay que diferenciarlos de las denuncias de torturas propiamente dichas. En los habeas corpus se discuten otro tipo de cuestiones como por ejemplo el aislamiento. Respecto a las torturas nos reunimos con la fiscal especializada en Violencia Institucional Karina Bartocci que está a cargo del caso y con la Fiscal general, las cuales nos recibieron cordialmente», explicó este miércoles para aclarar que el Comité Nacional, como órgano independiente, tiene como función dar su «opinión técnica objetiva».
Además, contó que el Comité continúa haciendo «un monitoreo de la investigación en términos que sea adecuada y llegue a una la sanción eficaz a las personas que cometen estos tipos de hechos. Es una exigencia internacional no es una opción para el Estado argentino y el avance de la investigación es central como también la protección a las víctimas, así lo hemos transmitidos a todos los operadores judiciales que nos hemos reunido inclusive al propio presidente de la Corte de Justicia provincial y a la Defensora General».
También contó que el CNPT ha remitido a la Fiscalía especializada en Violencia Institucional una serie de estándares internacionales en términos de asesoramiento de cómo se llevan adelante estas investigaciones.
Nielsen detalló que en los casos de torturas o de violencia institucional cometidos en situaciones de encierro se debe tener una adecuada valoración de las pruebas.
«Estos delitos tienen la particularidad de que casi siempre son cometidos sin testigos presenciales por lo que al momento de evaluar el testimonio de las víctimas es central por lo que también se requiere otro tipo de peritajes que tienen que ver con el impacto psíquico de la tortura como también de solicitar la adecuada calificación de estos hechos», describió.
El comisionado resaltó que en medio de estas denuncias por torturas también están analizando «el régimen denominado de presos de alto perfil que ahora también posee un aval legislativo, para determinar cómo funcionan», dijo para agregar que luego emitirán «recomendaciones a las autoridades estatales para que estas disposiciones, que bien pueden ser necesarias eventualmente, no violenten garantías constitucionales. Es decir que no lleguen a extremos que no tengan salvaguardas o un control judicial efectivo».
En ese marco reflexionó sobre el contexto actual y explicó que «hay una deriva punitiva a nivel nacional que se entremezclan con los discursos de mano dura, de pretender solucionar la inseguridad a través del endurecimiento de las condiciones carcelarias. Todo este discurso, si bien parece que corree en el plano de lo simbólico, genera prácticas concretas vulneradoras de derechos que son cientos pero que además que en su extremos son torturas, son ejecuciones extrajudiciales (es decir son muertes a manos del agentes del estado) y por tal, graves violaciones de derechos humanos. Además delitos, justamente de ahí la existencia de fiscalías especializadas en Violencia Institucional para que investiguen eficazmente estos hechos y que dicten las medidas de protección a las víctimas que siempre es difícil cuando están encarceladas porque al proteger a una persona privada de la libertad muchas veces se termina afectando otros derechos, como la vinculación familiar en los casos de trasladados».
Nielsen indicó que en este sentido el Comité Nacional está elaborando una serie de estándares para los fiscales del país acerca de cómo investigar estas causas.
Además, señaló la importancia del periodismo y los comunicadores en la difusión de los informes del Comité Nacional y del Consejo Federal para que sean sometidos a la crítica pública que busque ser un elemento para reformas normativas o prácticas penitenciarias.
Un Comité para prevenir la Tortura
En la reunión extraordinaria del Consejo Federal de Mecanismos locales para la Prevención de la Tortura expusieron no sólo organismos expertos en la materia sino también «las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, del Servicio Público Provincial para la Defensa Penal, del Ministerio Público de la Acusación y docentes de la Universidad Nacional del Litoral, quienes brindaron información sobre la situación de las personas privadas de la libertad en esa jurisdicción, caracterizada por un incremento constante de la tasa de prisionización, con su consecuente impacto en la sobrepoblación y en la vulneración de derechos de las personas detenidas», resaltaron en el comunicado.
Nielsen describió que hicieron una visita y tras la sesión de este miércoles, el Comité Nacional emitirá un informe con todos los hallazgos y las conclusiones como también con la respuesta de la autoridades. «Estamos en un período de reserva que nos indica la ley debido a que tenemos que remitirlo a las autoridades y esperar su respuesta».
A su vez, el Consejo Federal resolvió tras la sesión instar a la provincia de Santa Fe a la creación de un Comité o Mecanismo Local de Prevención de la Tortura para que implemente políticas de prevención de las violaciones a los derechos humanos.
🇦🇷 Finalizó la Sesión Ordinaria del Consejo Federal de Mecanismos Locales que se llevó a cabo en #SantaFe.
📌Entre los temas destacados se abordaron el estado actual de sobrepoblación, la salud, la provisión de alimentos y la educación en los lugares de encierro. pic.twitter.com/UgQrPbutne
— Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (@CNPTArgentina) May 16, 2024
Este documento fue firmado por los representantes de los Mecanismos Locales de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego AIAS, Tucumán, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Procuración Penitenciaria de la Nación.
«Es una obligación pendiente en este campo que reiteradamente los organismos del sistema universal de derechos humanos han observado al Estado», remarca el documento para enumerar que ya se pronunciaron al respecto el Subcomité para la Prevención de la Tortura y el Relator contra la Tortura y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en sus últimos informes sobre el país.
La resolución incluye en este mismo incumplimiento a otras nueve provincias Catamarca, Córdoba, Formosa, La Pampa, La Rioja, Río Negro, San Luis, San Juan y Santa Cruz donde resaltan que la constitución de estos Mecanismos de Prevención «deben ajustarse a los requisitos mínimos del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y la ley 26.827, en especial los de independencia funcional, autarquía financiera y dotación presupuestaria adecuada para el cumplimiento de sus funciones».
El comisionado Nielsen recordó que esta recomendación ya había sido dispuesta en 2018 tras la primera visita del Comité Nacional en la elaboración del informe sobre la condiciones de detención como de las torturas cometidas por el Servicio Penitenciario santafesino era contundente. «Hoy en día estamos ante una realidad que es una continuidad, pero que además se integran con estas reformas normativas que avalan legalmente un régimen especial, algo que parece ser de excepción, y lo estamos evaluando», resaltó para sumar que Santa Fe ha duplicado su población encarcelada en los últimos 10 años.
Respecto a las funciones que posee un Comité provincial de Prevención de la Tortura, el comisionado detalló que es una institución que no depende de ninguna autoridad del Estado que deberá visitar los espacios de privación de la libertad y tener acceso amplio e irrestricto y pueda entrevistarse confidencialmente con las personas privadas de la libertad.
«La existencia de este Comité local es fundamental porque tiene una función netamente preventiva. En los lugares donde existe la posibilidad de las torturas en contextos de encierro disminuye mientras que en donde no hay, son una realidad palpable y muchas veces cotidiana por más de que sea un fenómeno que está un poco invisibilizado en términos de la agenda pública», cerró.
