A 50 años del último golpe de Estado, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad actualizó el mapa de la persecución penal de las agresiones sexuales cometidas en el contexto del terrorismo de Estado en Argentina entre 1976 y 1983. Los números confirman un avance clave en la lucha por memoria, verdad y justicia: 61 sentencias reconocen estos delitos como parte del plan criminal de la última dictadura cívico-militar.
De acuerdo al relevamiento oficial, desde 2006 se dictaron en todo el país 361 sentencias en juicios de lesa humanidad. De ese total, 61 fallos incluyeron explícitamente la violencia sexual, una conquista jurídica que permitió visibilizar una de las caras más crueles de la represión ilegal. La primera sentencia en este sentido fue en 2010 en Mar del Plata. En Rosario la primera vez fue en 2020, en la megacausa Feced.
En términos de responsables, las condenas por estos crímenes alcanzan a 174 personas, dentro de un universo de 1231 condenados desde la reapertura de los procesos judiciales. Las víctimas identificadas en las sentencias son 230 mujeres y 40 varones, víctimas de un abanico de conductas que el derecho tipifica como agresiones sexuales.
La Procuración también informó que, al cabo de los juicios, 45 personas acusadas por este tipo de delitos resultaron absueltas.
Política criminal con perspectiva de género
El camino hacia la justicia plena tuvo un hito fundacional en 2010, cuando el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata dictó la primera condena que incluyó delitos sexuales: prisión perpetua para el suboficial de la Armada Rafael Molina. Ese fallo abrió una puerta que ya no volvió a cerrarse.
Desde entonces, todos los años —excepto 2011— se registraron sentencias que incorporaron estas violencias. Los años con mayor cantidad de fallos en esa línea fueron 2013, 2017, 2018 y 2022, con cinco cada uno. El pico más alto se dio en 2023, con seis sentencias. El año pasado, en tanto, se registraron dos, igualando la marca de 2012.
Precisamente 2012 fue un año bisagra a nivel institucional. A través de la Resolución PGN 557/2012, el Ministerio Público Fiscal instruyó a las y los fiscales a investigar y requerir la sanción de los delitos de violencia sexual de forma autónoma, sin subsumirlos en otras figuras como la de tormentos. Esa directriz marcó un antes y un después en la política criminal del organismo y en la forma de juzgar el horror.
