El Concejo Municipal votó una convocatoria a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia y de la Empresa Provincial de la Energía a fin de que informen sobre la “factibilidad” del Complejo Maui. El proyecto se basa en una denuncia del Taller Ecologista sobre la electricidad que consumirá uno de los flamantes, lujosos –y a futuro carísimos– emprendimientos inmobiliarios que se construyen con la premisa de ofrecer una envidiable vista al Paraná. Es que en este caso hay un problema: al no ser posible el aprovisionamiento de gas natural por red, todo allí será en base a la electricidad: “El pedido se fundamenta en la evaluación del impacto ambiental de estas construcciones y su falta de inversión en infraestructura más sustentable. Según la publicidad del Complejo Maui, se construirían 600 departamentos y, comparándolo con un pueblo como Ibarlucea –que tiene esta cantidad en viviendas de habitantes estables– el futuro emprendimiento inmobiliario gastaría 13 veces más energía eléctrica”, remarcó el edil socialista Edgardo Falcón, autor de la iniciativa que se aprobó en forma unánime.
“Según se puede inferir de las propias publicidades y averiguaciones que se desarrollaron, este complejo habitacional no contaría con el servicio de gas natural y todo se usaría con energía eléctrica, desde el calentamiento del agua, pasando por los hornos, cocinas, aire acondicionado y cortinas electrónicas, con el consiguiente aumento en el consumo de este bien tan escaso”, explicó el concejal Falcón al fundamentar su proyecto.
En rigor, la autorización para construir el complejo de estas características en la costanera norte suena cuanto menos a contramano de otras políticas municipales presentadas como “de Estado”, como la todavía reciente creación de un área para impulsar, precisamente, construcciones que gasten menos energía, no más.
De hecho, a mediados de febrero pasado, el propio intendente Miguel Lifschitz presentó frente a todo su gabinete y a directivos de las empresas de servicios públicos –entre ellas la EPE– el “Programa de Construcciones Sustentables y Eficiencia Energética”, La estructura, creada a partir del impulso del mismo jefe del Palacio de los Leones, quedó bajo el mando del arquitecto Oscar González, quien hasta entonces, y durante una década, había estado a cargo de la Dirección General de Obras Particulares. El encargo del intendente al funcionario fue conformar un departamento que a mediano y largo plazo tenga influencia decisiva para aprobar o denegar un permiso de edificación: para ello el área también elaborará propuestas legislativas que irían planteando nuevas obligaciones. “Imagino que en 3, 4 ó 5 años no solamente arquitectos e ingenieros serán los encargados de evaluar una obra. Habrá otros profesionales que analizarán el impacto ambiental o el balance térmico de un edificio”, definió entonces González a este diario.
Según la información que reunió el edil Falcón, el Complejo Maui no parece seguir esa estrategia: solicitó a la EPE para una primera etapa 5,3 megavatios de demanda total, con proyección a 7,7 megavatios. Esa “demanda total” planteada en la ordenanza que votó el Concejo –aclaran desde la misma Empresa Provincial a El Ciudadano– es la infraestructura necesaria para abastecer un consumo máximo, es decir una suerte de “resguardo” muy superior a la potencia que efectivamente se va a consumir después.
Empero, de igual modo la cifra sorprende: según la EPE, General Motors en General Alvear consume, por caso 7 megavatios. Y se trata de un planta donde hay 3.300 trabajadores, y la proyección es sumar 600 nuevos puestos para cerrar 2012 con una producción de 150.000 vehículos. El casino City Center consume en promedio 6 megavatios, con capacidad instalada para un pico de 15. Y el shopping El Portal consume 5 megavatios.
“Muchas veces cuando se proyecta una obra de mucha envergadura se tienen en cuenta prioridades distintivas para valorizar y destacar la edificación, como así también las inversiones a realizar en infraestructura, sin ponderar correctamente la problemática ambiental de la zona. Esta tarea debe regularla y supervisarla el Estado en sus tres niveles, para salvaguardar el bien común”, planteó Falcón tras recordar que la crisis energética “representa una de las mayores dificultades a vencer a nivel mundial” y Rosario “no está exenta” del problema.