Los departamentos de un complejo habitacional construidos en el barrio porteño Bajo Flores, que habían sido ocupados en forma ilegal tres meses atrás, fueron desalojados totalmente ayer, en un operativo durante el cual algunos de los usurpadores prendieron fuego a cinco viviendas, además de causar otros destrozos.
No obstante el desalojo, la entrega de los departamentos a sus verdaderos adjudicatarios se retrasará varios meses a causa de los destrozos y el robo de elementos por parte de los usurpadores, ya que las unidades quedaron prácticamente inhabitables.
Las llamas iniciadas en forma retardada mediante la quema de colchones debieron ser controladas por bomberos de la Policía Federal que entraron al lugar flanqueados por efectivos de la misma fuerza y la Policía Metropolitana.
Tras una negociación en la que intervino activamente la ministra de Desarrollo Social porteña, María Eugenia Vidal, unas 120 personas abandonaron el predio que ocupaban en forma ilegal desde hacía casi tres meses, generando una situación que sumó roces en la relación entre los gobiernos porteño y nacional.
“El complejo está totalmente vacío y ahora quedó a disposición del Instituto de Vivienda de la Ciudad, y va a ser custodiado en forma conjunta por la Policía Metropolitana y la Federal”, dijo el ministro de Seguridad de la ciudad, Guillermo Montenegro, una vez completado el operativo, poco antes del mediodía de ayer.
Efectivos de la Metropolitana y la Federal se habían apostado desde temprano para dar cumplimiento a la orden de desalojo emitida por el juez federal de Quilmes Luis Armella, quien en su momento dio lugar a una demanda de habitantes de predios cercanos al Riachuelo, legítimos adjudicatarios de estas viviendas.
Montenegro recordó que la Federal “recién cumplió con la orden de Armella a partir de la ratificación de la Corte Suprema y ahora se trabajó con la Policía Metropolitana en forma coordinada”.
Por su parte, Vidal confirmó que “lamentablemente va a demandar varios meses” la entrega de los departamentos a sus verdaderos adjudicatarios a causa de los destrozos y faltantes que se registraron en las unidades, las cuales “no están en condiciones” de ser habitadas en lo inmediato.
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