El conflicto ambiental que hace más de dos años protagoniza el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, con vecinos organizados para preservar la reserva natural Parque Rafael de Aguiar está lejos de resolverse. La judicialización del reclamo, que busca frenar el avance de la obra pública sobre bosques nativos y humedales, derivó en una medida cautelar que prohíbe el ingreso de maquinaria pesada. Pero hasta ahora no se logró garantizar su cumplimiento. Días atrás, una nueva denuncia por “desobediencia a una orden judicial” y “mala fe procesal” fue presentada ante el Corte Suprema de Justicia bonaerense junto a filmaciones que muestran una retroexcavadora operando dentro de la isla Ballestero.
La denuncia fue presentada por la Asociación Civil Foro Medio Ambiental San Nicolás (Fomea) y señala “nuevos hechos de incumplimiento” por parte del Municipio al que acusan de haber “ocultado maliciosamente” el ingreso de una máquina retroexcavadora a la reserva ecológica pese a que una medida cautelar lo prohíbe expresamente.
En el escrito advierten que esa maquinaria pesada fue utilizada durante los días 5 y 6 de septiembre dentro de la isla Ballestero donde se registraron “importantes movimientos de suelo” que deben ser entendidos como “nueva obra” ya que los operarios trabajaron en la “expansión del terraplén que la Autoridad del Agua dictaminó que es clandestino y que debía restituirse a su estado natural”. También señalan que en la misma zona los operarios municipales utilizaron la maquinaria para realizar una “canalización no autorizada” de gran profundidad.
El intendente de San Nicolás deberá restituir la Isla Ballestero a su estado natural
Mala fe
Además de reprochar “el historial de infracciones, clandestinidad y conductas reprochables” por parte del gobierno nicoleño, la ONG repudió en su denuncia la “vaguedad” del abogado del Municipio que al ser consultado por los trabajos que estaban realizando con maquinaria pesada respondió que sólo eran “tareas de mantenimiento”. Para los denunciantes, el letrado “faltó a la verdad sobre cuál era el verdadero carácter de las obras ejecutadas”, según dijeron a El Ciudadano.
Ante ello, los denunciantes aclaran en la denuncia que las únicas obras autorizadas por la medida cautelar vigente son aquellas destinadas a la “construcción de equipamientos que propendan estrictamente a la seguridad de las personas”.
En ese contexto denunciaron también “mala fe procesal” y manifestaron la necesidad de cortar con la “cadena interminable” de presentaciones por desobediencias que, ante la falta de sanciones, se repiten y derivan en desgaste jurisdiccional y daño ambiental.
“La Municipalidad de San Nicolás y su letrado patrocinante falsean los datos que incorporan con pleno conocimiento de la falsedad que alegan y los datos que adulteran son realmente importantes, trascendentes y determinantes”, reza un párrafo de la denuncia que señala la trascendencia de “introducir en territorio prohibido una maquina no autorizada bajo el falso argumento esgrimido”.
Agregan que tal falsedad quedó revelada con filmaciones que muestran la retroexcavadora “ampliando el terraplén clandestino, con el agravante que el letrado de la Municipalidad estaba frente a esa máquina” mientras operaba dentro de la isla Ballestero.
En la misma línea, los denunciantes de la ONG dijeron que la mala fe encuentra más relevancia aún en expresiones de las autoridades municipales que cuestionados por el cuidado de la flora y la fauna respondieron que lo están haciendo “como siempre”, siendo que tienen sanciones oficiales por desmonte del bosque nativo y daño a los cuerpos de agua.
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El agravante, según Fomea, es que “el daño se causa al ambiente”, un bien jurídico que cuenta con una protección constitucional que trasciende el deber de «no dañar» e impone el «deber de preservarlo».
Clandestino
El mes pasado, la Autoridad del Agua (ADA) dictaminó que las obras ejecutadas por Passaglia dentro de la isla Ballestero, como parte de la reserva natural Parque Rafael de Aguiar, son ilegales y dañan el ambiente e instaron a que restituya el terreno a su estado natural.
Las obras cuestionadas se realizaron en la zona donde el verano pasado construyeron dos balnearios “públicos” para lo cual debieron desmontar más de 70 hectáreas de bosque nativo protegidos por ley como “categoría rojo”, que determina el mayor valor ambiental por su estado originario.
La Autoridad del Agua aclaró que nunca autorizó los 6 kilómetros de terraplenes y canalizaciones que construyeron sobre las lagunas El Saco y la Quebrada por lo que tildó esas obras de clandestinas y dictaminó que se restituya el terreno a su estado natural, al resaltar que los movimientos de suelo cambiaron la configuración topográfica de la zona perjudicando la funcionalidad del ecosistema.
“Nada de lo ordenado por las autoridades provinciales fue acatado y el intendente Municipal sigue desobedeciendo a la Suprema Corte aprovechándose de la desidia y lentitud del Ministerio Público Fiscal que no avanza en la investigación penal que le corresponde”, afirmaron desde Fomea.
