Los tres policías involucrados en la fuga de un sindicado narco ocurrida en la madrugada del lunes pasado de la Alcaldía Mayor de Jefatura fueron nuevamente indagados ayer y continúan detenidos. Es que la magistrada a cargo del Juzgado de Instrucción 1ª –donde se giró la causa luego de que se determinara que el hecho ocurrió en las primeras horas del lunes– dispuso la ampliación de la declaración indagatoria de los sospechosos. Los uniformados quedaron imputados de facilitamiento de evasión dolosa, cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Si bien existió un dictamen fiscal positivo para la libertad de los arrestados, la decisión de la magistrada mantuvo a los sospechosos tras las rejas y ahora se deberá esperar un nuevo dictamen fiscal.
Carlos Manuel Fiordellino se fugó del penal policial sin violencia. Un funcionario policial le abrió la puerta y el sindicado narco se retiró caminando de la Alcaidía con un teléfono celular en la mano y se subió a un auto que pasó a buscarlo por la puerta que da a avenida Francia al 5200. Por el hecho tres policías fueron detenidos, aunque el comisario Fabio Vega se hizo cargo del episodio y explicó que fue amenazado por el preso con dañar a su familia si no lo dejaba salir. Mientras que los otros dos policías –el oficial Nelson A. y el agente Pablo L.– se desvincularon del hecho.
Luego de la primera indagatoria ante el juez que subroga en el tribunal de Instrucción de la 15ª Nominación, Javier Beltramone, en turno hasta el fin de semana pasado, los defensores de los uniformados solicitaron la libertad de sus clientes. Pedido que obtuvo un dictamen positivo por parte de la fiscal Lucía Aráoz. Hasta allí todo hacía presumir que los policías pronto recuperarían la libertad pero la jueza Roxana Bernardelli, que asumió la investigación porque el hecho se hizo efectivo esta semana, dispuso ampliar la indagatoria de los tres uniformados y agravó la situación procesal al achacarles además los delitos de encubrimiento agravado, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En este nuevo descargo, dos de los policías se remitieron a sus dichos en la primera indagatoria, mientras que no trascendió la declaración del tercer acusado. Incluso el comisario Fabio Vega requirió la devolución del dinero secuestrado, ya que según explicó su abogada, Paula Ríos, la plata que le fue incautada correspondía al cobro del salario, hecho que –según explicó– se probó con los tickets de extracción del cajero automático donde realizó la transacción.
La defensora refirió que (el juez Javier) “Beltramone delante de mi cliente –en referencia al comisario Vega– dijo que no tenía problemas en darle la libertad y hoy (por ayer) me entero que le iban a ampliar la indagatoria; creo que hay una decisión política por detrás”.
Y agregó: “Primero la imputación era por facilitamiento y ni a él (juez Beltramone), ni a la fiscal (Lucía Aráoz) les llamó la atención la calificación y de golpe le armaron toda esta estrategia; por eso creo que es una cuestión política” expresó Ríos.
En relación con el lugar de detención de su cliente, la abogada sostuvo: “Lo tienen en un cuarto de uno por uno en la comisaría 8ª, al lado de un inodoro lleno de materia fecal”, y adelantó que su defendido va a realizar una denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos por la situación inhóspita en la que lo tienen detenido. “Me preocupa dónde está alojado; debería estar en el penal policial”, concluyó la abogada.
