El Senado provincial votará hoy una serie de proyectos para darles más poder a fiscales y jueces. El objetivo es que haya “mayor resguardo de la acción punitiva”, que puedan ir a fondo en las investigaciones de delitos y en la posterior acusación. La Cámara alta votará hoy un texto que unifica variadas propuestas: algunas del Ejecutivo, otras de operadores del sistema penal y otras de los propios legisladores. Fueron sintetizadas en un proyecto que –al cierre de esta edición– estaba acordado en un 95%, según el senador del departamento General López, Lisandro Enrico.
Ayer funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se reunieron con senadores de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El subsecretario de Asuntos Penales de la provincia Lisandro Martínez Gorostiaga, junto a otras autoridades del Ministerio de Justicia, les pidió a los senadores el tratamiento urgente del proyecto ante el reclamo social de terminar con la impunidad en la provincia.
Además de Enrico –quien viene impulsando reformas al Código Procesal Penal desde hace dos años, hasta ahora sin éxito–, estuvieron en el encuentro el presidente de la mencionada Comisión de Asuntos Constitucionales Raúl Gramajo (departamento 9 de Julio), Emilio Jatón (La Capital), Rodrigo Borla (San Justo) y Orfilio Marcón (General Obligado). En el Senado hay acuerdo para votar las reformas, que luego deberán pasar el filtro de la Cámara de Diputados.
Los cambios
Las modificaciones propuestas al Código Procesal Penal buscan darles más facultades a los fiscales y establecer criterios más amplios para la prisión preventiva y los allanamientos. También se proponen cambios en el sistema de juicio abreviado, se determinan mayores plazos para las detenciones y las audiencias imputativas y un mayor resguardo para las víctimas al momento de hacer el reconocimiento del acusado.
Juicio abreviado: la reforma establece una mayor rigurosidad en el procedimiento cuando se trata de delitos graves. En el caso de penas mayores a seis años se exigirá la conformidad no sólo del fiscal regional, sino también del fiscal general de la provincia. “El juicio abreviado no es un instituto disvalioso, pero no se debe utilizar indiscriminadamente. Debe haber una mayor rigurosidad en el uso del mismo para evitar algunas situaciones de público conocimiento”, sostienen desde el Ministerio de Justicia. Con el mismo espíritu se regulará el principio de oportunidad.
Prisión preventiva: los jueces van a tener una mayor posibilidad de dictarla, manteniendo los mismos presupuestos pero solo con recaudos: verosimilitud del derecho y peligro de fuga, o la proporcionalidad del delito. Se mantiene el criterio de rigurosidad y de tutela del imputado, pero se les da mayores facultades a los jueces.
Flagrancia: la reforma obligará a la Policía a detener a los imputados en los casos de flagrancia. Ahora tienen la posibilidad de detenerlos, pero con el cambio tendrán la obligación de hacerlo. Según el senador Enrico, hoy la flagrancia es aplicada a criterio del fiscal; a partir de ahora quedará establecida en la ley.
Detenciones: se extenderá el plazo de detención que ordenan los fiscales. Hoy es de 24 horas, prorrogable por otras 24; la propuesta implica 72 horas con una prórroga por otras 24. También se plantea extender el plazo para la audiencia imputativa.
Allanamientos: seguirá siendo obligatoria la autorización del juez previa al procedimiento del fiscal, pero se ampliarán los márgenes que hoy son de 12 horas (de 8 a 20) y se podrán realizar durante las 24 horas del día.
La opinión de Enrico
Para el senador Enrico, las reformas no suponen un viraje hacia una política criminal de mano dura: “Queremos que los fiscales tengan mayor resguardo de la acción punitiva, mayor profundidad en su trabajo. Tenemos que aggiornar y mejorar la ley para un mejor funcionamiento de la Justicia”.
Y añadió: “Necesitamos fiscales que tengan más acción punitiva, que si hay un delito, que el fiscal acuse, el defensor intervenga y después defina el juez. Hoy el principio de objetividad hace que muchos fiscales vayan a media máquina, no a fondo. Queremos que los fiscales tengan el temperamento de sostener la acción punitiva y llevarla adelante”.
