El parlamento de Cataluña aprobó ayer una resolución que insta al gobierno regional que surja de las elecciones del 25 de noviembre a celebrar un referendo sobre la independencia de la región nororiental respecto de España.
En pleno recrudecimiento de la crisis económica y aumento del malestar social, se abre así un conflicto político de gran calado que añade más incertidumbre a la compleja situación que vive España.
La vía soberanista inaugurada por Cataluña, apoyada en el “derecho de autodeterminación”, se enfrenta no sólo a obstáculos jurídicos fijados por la Constitución española sino a la firme determinación política del Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP) de velar por la integridad territorial de España.
Sin embargo, la masiva marcha del 11 de septiembre en el país condal puso de manifiesto que el independentismo está ganando adeptos en Cataluña, montada sobre el escenario de incertidumbre abonado por la crisis económica que atraviesa toda España.
Esta crisis sumó ayer otra señal al conocerse que la comunidad de Castilla-La Mancha también solicitará un rescate al Estado central por 848 millones de euros para evitar el default.
Con Castilla-La Mancha ya son cinco (Valencia, Cataluña, Murcia y Andalucía) las comunidades que acudirán al fondo de rescate creado por el Ejecutivo y dotado con 18.000 millones de euros.
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