“¿Desde cuándo la celeridad es un derecho constitucional?”. Alberto Dalla Vía, presidente de la Cámara Nacional Electoral (CNE), se zambulló en una ironía para evitar reflejar en público lo que sostiene, con intensidad, en privado: que la Justicia tiene un manojo de dudas y rechazos a la reforma electoral promovida por Mauricio Macri.
El último viernes, en una cumbre de ONG para analizar la reforma, Dalla Vía desgajó, con protocolo de magistrados, un menú de tachas serias al proyecto del PRO que ayer volvió a discutirse en el plenario de comisiones que preside Pablo Tonelli y que amontona vetos y correcciones: el FpV anticipó su rechazo total, el Bloque Justicialista (BJ) anunció un apoyo crítico y hasta la UCR, asumen, plantea objeciones.
Corralito
La gambeta radical fastidia al PRO. “Acuerdan una cosa en el Ejecutivo y después no lo sostienen en el Congreso”, se quejó un macrista y citó un ejemplo: José Corral, jefe del Comité UCR, le propuso a Rogelio Frigerio y Adrián Pérez que en las Paso sólo se elija candidato a presidente y se deje a criterio de éste la selección del vice. La idea la validó Ernesto Sanz, el radical más macrista de la Vía Láctea, pero la diputada Carla Carrizo se opuso a esa reforma en nombre del bloque radical que capitanea Mario Negri.
Las Paso con corralito son, por estas horas, la principal traba para conseguir la mayoría especial que requieren las reformas electorales. El otro aspecto que asoma es plantear, por ley, que la instrumentación debe ser escalonada. El texto original contempla esa posibilidad, pero en Casa Rosada insisten, todavía, con la idea de que haya tecno-voto en todo el país en 2017.
El gobierno defiende la postura como una cuestión “conceptual” referida a darles valor a las internas y apunta que técnicamente sería complicado garantizar todas las ofertas electorales en una misma pantalla de votación. Los antecedentes parecen refutarlo: en Salta, donde se empezó a usar el tecno-voto en 2011, se llegó a incluir 36 listas distintas en una misma pantalla.
Tardanza
Dependerá, claro, del tamaño. El modelo coreano que explora el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, incluye pantallas de no más de 10 pulgadas contra las usadas en Salta y en Capital Federal en 2015, que fueron de 17 pulgadas. “En Corea del Sur, donde el voto electrónico se está probando, las ofertas electorales son muy pocas” por las características políticas del país, indica un conocedor del sistema para compararlo con el caso criollo. Hay otras diferencias: según Ibarra, cada “buzón” de votación costaría unos 200 dólares mientras que las máquinas usadas en Salta y Capital rondan los 2.000 dólares, aunque en estos distritos el Estado nos las compra, sino que las alquila.
En la Justicia, donde abundan las objeciones y el malestar, dicen que la teoría del gobierno de que “máquinas de votación se pueden reutilizar con otro fin” es una falsedad. El relato de la reutilización Ibarra lo invocó ante los diputados para plantear que el costo del sistema se compensará. Hay un factor puntual: la ley de la Boleta Única Electrónica (BUE) establece que los buzones de votación no deben tener capacidad para almacenar información ni, tampoco, dispositivos que permitan acceder de manera remota o inalámbrica (por ejemplo, bluetooth) como medida de seguridad para evitar intromisiones. “¿Para qué pueden servir, entonces, máquinas que no tengan ni disco rígido ni vías de conexión?”, se preguntan en la CNE.
Hay, sin embargo, una ristra de asuntos más ardientes en el ring judicial que quizá se exterioricen cuando los integrantes de la Cámara, Dalla Vía y Santiago Corcuera, y los jueces federales con competencia electoral de todo el país participen de una cumbre en Casa Rosada con Frigerio y Pérez.
Puntos de conflicto
El gobierno está desde diciembre con la reforma, pero recién en julio envió el proyecto y en agosto empezó el tratamiento legislativo. En zona judicial, sostienen que se perdieron “varios meses” por “improvisación e ineptitud” oficial, lo que puede, en caso de que se apruebe la ley, dejar un plazo drástico para la instrumentación y, sobre todo, el control del sistema de votación.
“Lo único que sabemos es que Macri quiere que se vote en 2017”, se resignó un magistrado. “Lo que el gobierno debe saber es que la Justicia, si cree que no están dadas las condiciones, no dudará en plantear que no se puede instrumentar”, agrega a manera de advertencia. En definitiva, la CNE y los jueces serán los que deberán homologar el sistema y si consideran que no hay garantías (o tiempo suficiente para hacer los ensayos y correcciones), podrían suspender la instrumentación.
La reforma que empezó pretenciosa se acota, al final, al tecno-voto y no avanza en aspectos como transferir a la Justicia el escrutinio provisorio. “Cuando el PRO era oposición, decían que el conteo no lo podía hacer el Estado. Pero sigue en manos del Estado”, facturan en la Justicia mientras sostienen que no se los consultó sobre su opinión. En la Justicia, en general, prefieren la boleta única de papel aunque no rechazan el tecno-voto escalonado.
