Alvaro Arellano
La semana pasada inició el proceso de inscripción para acceder a los vouchers educativos que promueve el gobierno nacional destinado a alumnos de escuelas privadas, y emergieron nuevamente las críticas sobre el sistema, ya que expone algunas inconsistencias que tiene el modelo político y económico de Javier Milei. Es que uno de los requisitos que se les pide a las familias que quieran acceder a ese beneficio es que sus ingresos no superen $1.400.000. Pero, en paralelo, desde Casa Rosada insisten con el proyecto para restituir Ganancias, considerando que deben pagarlo quienes ganan montos similares a esa cifra.
Desde el gobierno consideran que aquellas familias que perciben $1.400.000 atraviesan suficientes dificultades económicas como para recibir la ayuda del Estado a través de la subvención de la cuota privada de sus hijos, pero en simultáneo estiman que alguien que cobra cerca de $1.800.000 tiene ingresos suficientes como para tributar Ganancias. La decisión, que generó revuelo desde su anuncio en la discusión política, también sumó inconsistencias al criterio del Ejecutivo a la hora de direccionar sus prioridades.
Esta medida se lleva adelante en un contexto de recorte presupuestario a la educación pública, reflejado en transferencias directas al sector, ajustes en negociaciones paritarias y suspensión de programa educativos. De hecho en su momento desde Amsafé ya advirtieron que esta medida está vinculada con el avance en la privatización de la educación pública. Por su parte, el secretario general de Sadop en Santa Fe, Pedro Bayúgar, señaló que el gremio se opone a la iniciativa al considerar que “profundiza la desigualdad” y la calificó como un “subsidio a los empleadores”.
Respecto de este concepto, Bayúgar amplió: “Esto de que los vouchers son para los padres de alumnos de escuela privada es parte de la bicicleta financiera. Va a los padres para que los padres solamente puedan pagar con ese dinero parte de la cuota de las escuelas privadas. En definitiva, es una bicicleta para que llegue a los empleadores”. Y agregó: “Es un nuevo subsidio a nuestros empleadores, que están exentos del impuesto a las Ganancias por dedicarse a la educación, mientras que a nosotros se nos amenaza con cobrarnos nuevamente el impuesto a las ganancias”.
El beneficio que lanzó el Ministerio de Capital Humano pretende “ayudar a familias” que envían a sus hijos a establecimientos de los niveles inicial, primario y secundario privados con cuota de hasta $54.396. A su vez detallaron que se subsidiará el 50% del valor del arancel de jornada simple, sin incluir actividades extraprogramáticas y el voucher tendrá un tope de $27.198.
Inconsistencias
Otro de los requisitos que solicita el gobierno para otorgar el voucher es que los padres cuenten con un ingreso familiar menor a 7 veces del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), fijado en $202.800, equivalente a $1.419.600. Este parámetro genera discordia, ya que así como el Estado cree que es suficiente para considerar pobres a quienes perciben ese monto de ingresos, también consideran que un monto similar es suficiente para aplicar Ganancias.
Mientras entró en vigencia la inscripción para el voucher educativo, el gobierno nacional sigue negociando la posibilidad de ingresar al Congreso la restitución de Ganancias. Todavía no está claro si estaría incluida en la nueva ley Ómnibus o la discusión iría en paralelo, pero sí el propio ministro del Interior, Guillermo Francos, reconoció que de aprobarse volvería a un escenario similar al que regía antes de los cambios en 2023 e implicaría que alrededor de 800 mil asalariados vuelvan a estar alcanzados por el tributo.
La propuesta del Ejecutivo, en principio preveía que empezarán a tributar los asalariados que alcancen un salario bruto de $1.250.000 en el caso de los solteros (empleados o jubilados sin deducciones por familia), que redundaba en un ingreso neto de $1.053.291. Pero como si fuera poco, el propio Francos indicó que se podría aplicar un retroactivo sobre el último trimestre de 2023, como así también sobre los primeros meses del 2024.
Este lunes el ministro se reunió con gobernadores, incluido Maximiliano Pullaro y luego de la reunión se conoció que el proyecto consiste en cobrarle el tributo a quienes tengan salarios brutos de $.1800.000. La iniciativa iría en paralelo a la nueva Ley Ómnibus que están negociando con mandatarios provinciales, y el objetivo del Ejecutivo nacional es aprobar todo antes del famoso Pacto de Mayo.
El proyecto del oficialismo, todavía en discusión y usado como moneda de cambio con los gobernadores -que a su vez deberán ingeniérselas para explicarle a su electorado cuál es la razón de apoyar esta iniciativa nacional-, pretende instaurar un modelo de escalas progresivas y alícuotas incrementales (del 5% al 35%), con el piso de $1.800.000 para los contribuyentes solteros. Actualmente, esa cifra es de $3.042.000 (el SMN desde marzo de 2024 se ubica en $202.800), lo cual implicaría que alrededor de 800 mil asalariados volverían a estar alcanzados por el impuesto.
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