La ex jefa del Comando Radioeléctrico de la Costa Nadia Lucrecia Soperez volvió a la cárcel. La mujer policía, de 37 años, gozaba de prisión domiciliaria acusada de unos 40 delitos cometidos en 2017, entre ellos torturas, amenazas, robos, abusos de arma, falsedad ideológica, allanamientos y detenciones ilegales.
El viernes pasado le imputaron nuevos ilícitos cometidos desde su computadora con falsos perfiles de Facebook y este domingo un juez santafesino ordenó que cumpla la medida cautelar en una unidad penitenciaria.
Así lo dispuso el juez Héctor Gabriel Candioti en una audiencia llevada a cabo en la mañana de ayer en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Los fiscales que investigan los hechos son Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez.
Según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), los nuevos delitos que cometió la ex jefa policial fueron la violación de secretos en concurso real con amenazas coactivas (en dos hechos) y la coautoría de apremios ilegales agravados por la violencia.
Los fiscales Hernández y Jiménez recordaron que “la imputada venía cumplimiento prisión preventiva domiciliaria, pero a raíz de estos nuevos ilícitos imputados el pasado viernes por la fiscal María Laura Urquiza, ahora cambió su situación procesal. El juez Candioti revocó la prisión preventiva domiciliaria y ordenó que la mujer vuelva a ser alojada en un establecimiento de detención”.
Por Facebook
En relación a los delitos atribuidos, Hernández y Jiménez detallaron que “la violación de secretos y las amenazas coactivas son por hechos ocurridos el lunes 19 de agosto y el jueves 12 de septiembre”.
Los funcionarios del MPA precisaron que “a través de la red social Facebook y desde tres perfiles distintos la efectiva policial publicó fotos sacadas en 2017 en la subcomisaría 4ª de Rincón a un adolescente que fue trasladado ese año cuando era menor de edad. Las imágenes fueron publicadas en Facebook con comentarios agresivos, amenazantes y amedrentadores”, dijeron los fiscales.
Así se refirieron a la cuenta “Libertad Comando de la Costa, Unidad Regional Uno” donde Soperez publica la imagen del adolescente esposado acompañada de la leyenda: “Rata inmunda nos cansamos de meterte preso”.
También otras imágenes en la que aparece con otros masculinos privados de la libertad con el texto: “Lo vas a pagar y la noche será testigo, ya nos vamos a ver en el juicio”, en referencia al proceso que enfrenta junto a una decena de policías por apremios ilegales.
La acusada posteó además varias veces el prontuario del menor con la frase: “Los niños del fiscal Hernández”, en relación al funcionario que lleva adelante la investigación en su contra.
Los fiscales precisaron durante la audiencia que efectiva policial “también publicó un video filmado en el interior de una vivienda particular donde se observa a un masculino quien presuntamente estaría cometiendo un ilícito.
Además publicó imágenes de los elementos que se habrían secuestrado, de la ropa y de las zapatillas del imputado. En ese sentido los fiscales agregaron que “el acceso a este material es porque la mujer investigada fue personal policial en funciones y prestó servicios en la zona”.
Torturas a un menor
Acerca del hecho ocurrido en 2017, Hernández y Jiménez explicaron que “fue un ilícito que se suma a los anteriores que ya se le imputaron a la mujer recién ahora por avances en la investigación”. Los fiscales recordaron que “se trató de un hecho en el cual la agente imputada y otros policías le aplicaron tratos rigurosos y ásperos a un menor de edad. Le propinaron golpes de puños y patadas en distintas partes del cuerpo, le pisaron la cabeza y lo dejaron caer en reiteradas oportunidades por el terraplén de la zona de la vía muerta del Colastiné. Una vez que lo trasladaron a la subcomisaría 4ª, le colocaron una bolsa en la cabeza (tortura conocida como submarino seco) y le produjeron lesiones de carácter leve”.
Detención
La detención de la policía Nadia Soperez tuvo lugar el miércoles de la semana pasada en el marco de un allanamiento realizado en la vivienda de la ciudad de San José de Rincón en la que cumplía la prisión preventiva domiciliaria. “Desde ese día quedó privada de su libertad, el viernes se realizó la audiencia imputativa en la que se le atribuyeron los nuevos ilícitos y ayer se le impuso la medida cautelar”, concluyeron Hernández y Jiménez.
Más de 40 delitos
Hernández y Jiménez recordaron que la prisión preventiva que cumplía Nadia Soperez respondía a una investigación en la que está imputada como autora y coautora –junto a otros policías– de 41 hechos ilícitos entre ellos torturas; robos; allanamientos ilegales; apremios; amenazas coactivas; falsedad ideológica; privación ilegítima de la libertad; vejaciones; apremios; abuso de armas y severidades”.
Los fiscales informaron que “uno de los ilícitos más reiterado consistía en ingresar a domicilios particulares sin la correspondiente orden de allanamiento, agredir y golpear a las personas que estaban en el lugar –en algunos casos de forma realmente cruel– y llevarse pertenencias de las víctimas”. Hernández y Jiménez añadieron que “finalmente, realizaban actas de procedimiento en las que insertaban declaraciones falsas con la deliberada intención de ocultar los delitos cometidos”.
Otros nueve investigados
Además de Soperez hay otros nueve policías que integraban el Comando Radioeléctrico de la Costa que también fueron imputados y cuya investigación está en curso.
Por su parte, el suboficial Juan Emilio Torres de 29 años fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo por 39 delitos que cometió –junto a otros integrantes del Comando Radioeléctrico de la Costa– en el marco de seis hechos entre octubre y noviembre de 2017.
En relación a la situación procesal de cada uno de los investigados, el fiscal Hernández explicó que “fue revisada por jueces de distinta instancia en al menos 15 oportunidades”.
El funcionario del MPA agregó que “desde que se inició la investigación y hasta la actualidad, ya intervinieron jueces de primera instancia y de segunda instancia, quienes opinaron acerca del mérito de la investigación realizada por la Fiscalía. Los magistrados confirmaron, con el grado de probabilidad exigido en esta instancia de la investigación, que los hechos ilícitos existieron y fueron cometidos por los policías investigados”.
