Se acabaron las vacaciones para los de toga. La Justicia reanudará esta semana su actividad regular tras la feria judicial, y con ello se reactivarán varias causas resonantes, como la del espionaje ilegal que involucra al Gobierno porteño y la de la “mafia de los medicamentos” que tiene como principal imputado al histórico cacique sindical de los bancarios Juan José Zanola, entre muchos otros expedientes.
Una de las mayores expectativas está puesta en qué hará el mediático juez federal Norberto Oyarbide en la causa por el espionaje ilegal, y si resuelve convocar como imputado al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y a su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro. El magistrado había adelantado que cabe la posibilidad de que cite a ambos funcionarios en calidad de imputados, luego de que la Cámara Federal porteña, su superior jerárquico, lo instara a profundizar en la cadena de responsabilidades políticas del caso.
Se trata de la investigación iniciada por las escuchas telefónicas detectadas al teléfono del empresario periodístico Carlos Ávila y al de Sergio Burstein, familiar de víctimas de la Amia, entre otras “víctimas”. Aquí, además, el juez tiene pendiente resolver la situación procesal del renunciado ministro de Educación porteño, Mariano Narodoswski, luego de tomarle declaración indagatoria en diciembre pasado por su presunta responsabilidad en la contratación para trabajar en dicha cartera del espía Ciro James, procesado y detenido como uno de los principales acusados. Otro de los procesados –por varios delitos y con prisión preventiva– es el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge Fino Palacios.
Otra de las causas con fuerte contenido político que maneja Oyarbide es la que investiga la comercialización de medicamentos adulterados, en la que el titular del gremio bancario, Zanola, está procesado y detenido como presunto “jefe” de una asociación ilícita dedicada a dicha maniobra.
El juez ya procesó a Zanola, al ex subsecretario de Control Sanitario Bonaerense, Alberto Costa; a la viuda de una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, Solange Bellone, y al titular de droguería San Javier, Néstor Lorenzo, entre otros. Además, debe definir si coincide con el pedido del fiscal federal Luis Comparatore y convoca a indagatoria al ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, sindicado por la oposición como uno de los “recaudadores” de la campaña presidencial de Cristina Fernández.
También se prevé que cobre un fuerte impulso la investigación por el atentado a la mutual judía Amia, en el que murieron 85 personas el 18 de julio de 1994, ya que el fiscal de la causa, Alberto Nisman, podría ordenar la captura del ex reducidor de autos Carlos Telleldin.
En los Tribunales Federales de Comodoro Py 2002 se reanudará a su vez la investigación contra funcionarios y ex funcionarios imputados por su presunta implicación en hechos de corrupción.
Por lo pronto, se prevé que finalmente la ex secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti se presente a prestar declaración indagatoria por supuesta malversación de fondos públicos. En esa causa, ya concurrió a declarar como imputado el senador nacional Luis Juez. Él y Picolotti están imputados por presunta malversación de fondos para planes ambientales que se habrían utilizado para otros destinos.
Y también se retomará la investigación sobre ex funcionarios kirchneristas que se alejaron de la función pública durante 2009: el entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime y quien estaba al frente de la secretaría de Medios, Enrique Albistur, ambos por presunto enriquecimiento ilícito.
Otro de los temas que migraron del ámbito político al judicial es el que estalló este verano entre el Banco Central y el gobierno nacional (ver página 10), que se desplegó en una multiplicidad de causas en el fuero criminal federal.
En paralelo, seguirán su curso las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Así, se retomarán las audiencias –algunas se realizaron en verano– del juicio contra Alfredo Astiz y Jorge El Tigre Acosta, entre muchos otros, por su presunta participación en delitos de lesa humanidad en la ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada (Esma, emblemático centro clandestino de detención).
