En un clima de creciente tensión política, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia anunció una nueva postergación de los comicios generales por la pandemia de coronavirus y los convocó para el próximo 18 de octubre, decisión que el ex presidente Evo Morales calificó de «inconstitucional» y que puso en alerta a la principal central obrera del país y disparó una advertencia de movilización nacional de varias federaciones indígenas.
Bolivia atraviesa una aceleración de la curva de contagios de coronavirus que tiene al borde del colapso a importantes sectores del sistema sanitario, especialmente en las ciudades más grandes.
Sin embargo, el país también transita una profunda crisis política desde que en noviembre pasado Morales renunció y denunció un golpe de Estado en medio de protestas masivas y proclamas policiales y militares.
La nueva fecha electoral establece que la primera vuelta sería el 18 de octubre, un eventual ballotage presidencial el 29 de noviembre y la asunción del nuevo Gobierno recién en diciembre, es decir, más de un año después de la asunción del Gobierno de facto de Jeanine Áñez.
Las elecciones de octubre pasado en las que Morales había sido reelecto y que fueron calificadas como fraudulentas -una definición hoy puesta en duda- fueron canceladas y se convocaron a nuevos comicios para principios de mayo. En plena explosión de la pandemia y con el acuerdo de todas las fuerzas, la fecha quedó en suspenso.
Tras esa primera suspensión y con la multiplicación de las medidas judiciales, políticas y electorales contra el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, la fuerza más importante del país según todas las encuestas y con gran parte de su cúpula en el exilio, comenzó a pedir que se convoque a las elecciones en septiembre y que no se extienda más el «Gobierno interino», como lo denominó Áñez al asumir.
La mayoría de los partidos acordaron con el TSE la fecha del 6 de septiembre, luego aprobada por la Asamblea Legislativa, controlada aún por las mayorías del MAS. Áñez la promulgó a regañadientes, pero nunca dejó de pedir que se vuelva a postergar por la pandemia.
La aceleración de los contagios y las muertes en el último mes -con varios hospitales en alerta por falta de recursos, muertos en las calles y el masivo brote dentro del Gobierno de facto y la primera línea de dirigentes del país- alentó el reclamo de Áñez y de otros opositores a Morales y el MAS.n
Actualmente, Bolivia registra más de 64.100 casos y unos 2.300 muertos, aunque, dado el bajo nivel de testeo, se cree que las cifras son mucho mayores.
En un comunicado, el presidente del TSE, Salvador Romero, explicó que la fecha del 18 de octubre «genera mayores condiciones para la protección de la salud, facilidades de votación en el exterior, llegada de misiones de observación internacional, además de favorecer el despliegue logístico de todas las operaciones», según reportó la agencia EFE.
Romero aseguró que la decisión fue adoptada a partir de estudios que advierten que «el pico» de contagios podría llegar «entre fines de julio y los primeros días de septiembre, por lo tanto, eventualmente, en una etapa cercana al 6 de septiembre».
El primero en rechazar la decisión del máximo órgano electoral fue Morales, desde Argentina, donde se instaló luego de denunciar que el Gobierno de facto quería detenerlo y hostigaba a su familia y aliados.
«El Gobierno de facto quiere ganar más tiempo para continuar con la persecución contra dirigentes sociales y contra candidatos del MAS-IPSP. Esa es otra forma de proscripción. Por eso no quiere elecciones el 6 de septiembre», denunció el ex mandatario.
Morales, además, destacó que en Bolivia la institución que debe poner fecha y convocar a las elecciones es la Asamblea Legislativa, donde su partido aún controla las mayorías.
«Cualquier decisión unilateral (del TSE) es ilegal e inconstitucional», sentenció Morales en su cuenta de Twitter.
Poco antes, la Central Obrera Boliviana (COB) se había declarado en estado de emergencia y su secretario ejecutivo, Juan Carlos Huarachi, había advertido que no aceptaría nuevas postergaciones.
“La Central Obrera Boliviana se declara en estado de emergencia ante cualquier intento de querer suspender las elecciones del 6 de septiembre”, aseguró Huarachi, citado por la emisora de radio Fides.
Otras organizaciones sociales emitieron advertencias o rechazos similares, lo que pronostica una escalada aún mayor de la tensión política en el país.
En tanto, la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba exigió al TSE garantizar la fecha del 6 de septiembre, dio un plazo de 72 horas para que el tribunal «se retracte de su posición unilateral» contraria a las leyes y advirtió que si modifican lo decidido «iniciaremos movilizaciones indefinidas en todo el territorio del país».
El resto del arco político, que apoyó al Golpe de Estado y el derrocamiento de Morales, celebró la decisión del TSE.
El ex presidente Carlos Mesa -que según todas las encuestas de intención de voto secunda a distancia al candidato presidencial del MAS, Luis Arce- dio «su pleno respaldo a la decisión del Tribunal Supremo Electoral» en un video publicado en Twitter.
«Terminado el tema de la discusión electoral y entendiendo que la decisión del tribunal muestra una responsabilidad con el país, creemos que este es el momento de preocuparnos hoy por la salud, por la lucha contra el coronavirus, por la adopción de medidas adecuadas para combatirlo, disminuir su crecimiento y para tener condiciones mínimas» para un proceso electoral, aseguró Mesa.
Añez, en tanto, se comprometió a cumplir con la nueva fecha electoral.
«Cumpliremos la fecha que el TSE y la Asamblea fijen para las elecciones. Cualquiera sea esa fecha, el Gobierno llama a impulsar entre todos la reactivación económica, la lucha contra el virus y la consolidación de la democracia», escribió en su Twitter, pese a que no está claro que la Asamblea Legislativa apruebe la nueva fecha electoral.
