El Ministerio Público de la Acusación (MPA) es uno de los órganos fundamentales del nuevo sistema procesal penal que se implementó en febrero de 2014 en la provincia. Un órgano masculinizado que lleva las riendas de la persecución penal pública. Tiene autonomía funcional y administrativa y maneja sus propios recursos económicos. Cuenta con amplias facultades y dirige, además de sus funcionarios y empleados, al Organismo de Investigación (OI-policía judicial) y al personal policial dentro de la función judicial.
Desde que se puso en marcha el sistema, las riendas del MPA han estado a cargo de hombres. Ya se generaron dos concursos donde hubo recambio de autoridades y en ninguno de los dos casos fueron designadas mujeres. Actualmente la funcionaria María Eugenia Iribarren ocupa el cargo de fiscal Regional interina de Rosario, pero sólo tras la caída en desgracia del ex fiscal Regional Patricio Serjal, involucrado en una investigación por coimas vinculadas al juego ilegal en la provincia.
En este contexto, un grupo de funcionarias y empleadas del MPA, que trabajan en las áreas de género y delitos sexuales, comenzaron a interactuar por otras cuestiones y confluyeron en la iniciativa de reclamar paridad de género para los próximos concursos para fiscal General y fiscales Regionales de las cinco circunscripciones de la provincia. A modo de ejemplo cuentan que en la Fiscalía Regional de la 4a Circunscripción (Reconquista) los cargos están ocupados sólo por varones.
A través de una nota en redes sociales, las trabajadoras del Órgano de la Acusación trasmitieron el reclamo paritario para los próximos concursos. Planteo que es avalado por distintas agrupaciones, instituciones y organizaciones como el Área de Género y Sexualidadedes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA, la comisión de feminismo del Consejo Municipal, también de la Legislatura, la Red de Mujeres para la Justicia y diferentes colegios de abogados, entre otros.
La fiscal Luciana Vallarella contó que una de las ideas era arrancar con esta iniciativa antes de que se llamara a concurso porque «en el trámite se tiene que tener en cuenta la perspectiva de género, en los requisitos y a la hora de evaluar», explicó.
«Tomar en cuenta la formación y el compromiso en género y disidencia», indicó Vallarella y remarcó que en general las mujeres «ocupamos mucha vida a tareas de cuidado y va en desmedro de la formación, lo que se debe evaluar».
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El documento recordó que en 2020 se sancionó la Ley 14.002 que obliga a cubrir cargos del Poder judicial «garantizando la paridad de género, cumpliendo de esta manera con la obligación estatal de remover los obstáculos en el acceso de las mujeres a cargos jerárquicos que se deriva de instrumentos y recomendaciones internacionales».
La nota afirma que es indispensable el acceso de mujeres especialmente capacitadas y sensibilizadas en materia de género y violencias contra las mujeres y disidencias. A la vez que resalta la importancia de la perspectiva de género en los cargos de decisión del MPA.
«Este acceso a la Justicia paritario, a los fines de garantizar una efectiva protección de los derechos de las mujeres, se conforma además con la acreditación de esa idoneidad específica entendiendo la misma no sólo en el conocer tratados internacionales y leyes, sino en poder demostrar una trayectoria de compromiso social y de intervenciones respetuosas de los derechos humanos de las mujeres y personas LGTBI en su experiencia profesional y formación».
Las bases de los concursos deben realizarse con perspectiva de género, lo que implica que los antecedentes objetivos deben considerarse teniendo en cuenta las desigualdades aún existentes, en los roles de cuidados entre las mujeres y hombres. En las instancias de evaluaciones debe incorporarse la perspectiva de género de manera transversal, considerándose no sólo la formación teórica sino fundamentalmente que se ponga especial énfasis en la trayectoria de intervención y compromiso con la temática de género y con la participación de la sociedad civil en los procesos de selección por ser indispensable para que avancemos hacia un Poder Judicial más democrático y transparente, expresa el documento. Además, el escrito agregó que dicha idoneidad, compromiso y formación debe exigirse para quienes integren el tribunal evaluador y estar compuesto tanto por mujeres como por hombres.
En las últimas líneas las funcionarias solicitaron al gobernador Omar Perotti la designación de mujeres en los cargos de decisión en el MPA.
