Se avanzaría con “recompra” de papeles por los socios privados mayoritarios. Un banco, una constructora, una empresa de alimentos, un grupo de medios de comunicación y una gran multinacional argentina ya mostraron al propio Macri interés en la operación.
Con las manos legales liberadas para avanzar en la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, el Gobierno comenzará a analizar seriamente la posibilidad de avanzar en este tipo de operaciones. En principio se esperará al primer trimestre de 2017 para las ventas de las acciones de las empresas que están bajo dominio del organismo que dirige Emilio Basavilbaso; monitoreando de cerca el resultado final que vaya arrojando el blanqueo impositivo y de capitales que culminará el último día hábil de marzo. Pero también el valor de las acciones en el mercado de capitales. Aseguran en el Ejecutivo que el Anses sólo se desprenderá de los activos si estos tienen un valor de mercado que justifique la operación. Y que nunca será una venta masiva sino paulatina y analizando oportunidades.
Mientras tanto, en el Gobierno aseguran que ya hay seis ofertas concretas de grandes empresas que operan en el país que quieren recomprar las acciones que en algún momento estaban en manos de las AFJP y desde la nacionalización del régimen privado de jubilaciones pasaron a ser parte del FGS: Un banco, una empresa de alimentos de capitales argentinos, una gran proveedora para la industria petrolera y la construcción, una desarrolladora inmobiliaria para público ABC1, un gran grupo de medios de comunicación y una constructora cercana al poder. Estas seis empresas, entre otras, ya les comunicaron por varias vías a muchos altos referentes del Gobierno, incluyendo a Mauricio Macri, la intención de «recomprar» las acciones de esas mismas compañías. Tres de estas lo hicieron de manera directa al propio Presidente durante el Foro de Inversión y Negocios que el Gobierno organizó la semana pasada en el CCK.
Los contactos habían comenzado ya en mayo, cuando desde el Ejecutivo comenzó a sondearse la posibilidad de avanzar en la operación. Las trabas judiciales frenaron los contactos, pero el Foro y la decisión, adelantada ayer por este diario, de un juez de rechazar el amparo que impedía avanzar en la venta de las acciones, reactivaron el interés de las partes.
El fallo conocido el miércoles fue tomado por el juez subrogante Fernando Strasser, que consideró que el demandante de la inconstitucionalidad de la operación, Miguel Ángel Fernández Pastor (ex miembro de la Anses en los tiempos de Sergio Massa), no estaba habilitado para solicitar el amparo.
El organismo que maneja Basavilbaso ejerce la administración de parte de las acciones de unas 46 compañías a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), luego de la nacionalización de las AFJP en 2008; y tal como adelantó en abril este diario, el plan del Ejecutivo es desprenderse de todo o parte de este paquete para derivar el dinero a cerrar la deuda previsional. Según los datos de diciembre del año pasado, últimos oficiales, el Gobierno manejaba unos 82.092 millones de pesos en esta cartera, según la valoración bursátil y de los balances disponibles de las propias compañías. Si bien no hay actualización del dato, desde el propio Gobierno estiman que ya se superan los $100.000 millones. Este dinero, en teoría, debería ir al Plan de Reparación Histórica para los jubilados, que debería ser financiado un 100% por el blanqueo.
Sin embargo, si el resultado del llamado no es el esperado, será el Estado el que deberá cubrir el faltante. Sería en esa instancia (comienzos de 2017) donde comenzarían estas operaciones. La fórmula legal sobre la que se basa el Gobierno para avalar legalmente la operación es la de tener la facultad de vender las acciones, pero eventualmente también la de comprar papeles de otra empresa, llegado el caso.
Desde el Gobierno aseguran que no hay intención de desprenderse masivamente de las acciones de las 46 empresas que administra la Anses. Sin embargo, están dispuestos a negociar con algunos de los propietarios mayoritarios de estas empresas algún tipo de mecanismo de recompra de esas acciones. Son varios los interesados que ya se acercaron al Gobierno para asegurarle que estarían dispuestos a recapturar a un buen precio papeles que hoy están dentro del FGS y que fueron renacionalizados con el final de las AFJP.
El argumento de estas compañías interesadas es el siguiente: «Nosotros nunca quisimos que el Estado sea nuestro socio. Abrimos el capital a administradoras privadas porque era el financiamiento más conveniente en su momento y porque eran parte del sistema financiero. Nos encontramos luego con representantes del Estado en nuestras asambleas, lo que nunca fue productivo. Ahora queremos recuperar esas acciones, pagando un buen precio por ellas», según le contó a este diario un alto representante de una de las compañías interesadas en recomprar esas acciones.
No será un trámite fácil. Expertos opinan que la decisión de vender las acciones individualmente o por paquete debería ser de manera abierta al mejor postor, para que se garantice la Anses el mejor ingreso posible. Además, el organismo debería garantizar un mecanismo de transparencia para que la operación no termine con presentaciones judiciales por limitaciones en la participación de potenciales interesados. Se menciona además que lo habitual es que se reciban las ofertas en bloque y que la operación la realice un banco de inversión especialmente contratado para la ocasión, que a su vez garantice que manejará la venta con absoluta independencia de influencia del Estado.
Otra alternativa sería un criterio similar al que durante el kirchnerismo se realizó para colocar el pago a la petrolera española Repsol, a la que se le venden todas las acciones a un precio de mercado y luego el banco se ocupa de colocar los papeles. Cualquiera de estos mecanismos tendría el riesgo, para los accionistas principales de las compañías, de no poder recomprar y recibir un socio no querido (aún menos que el Estado en tiempos kirchneristas).
La idea de estas compañías es idear un mecanismo legal y transparente para que sean ellas mismas las que recompren, sin intervención del mercado abierto ni la aparición de subastas de las acciones. Aseguran que en el nuevo escenario es más fácil lograr financiamiento internacional para la operación, y que se garantizará que la Anses recibirá un dinero justo por la venta sin perjuicio para el FGS.
