El gobierno santafesino reglamentó ayer una ley sancionada en 2016 por la cual se podrán decomisar los bienes que hayan sido secuestrados en procedimientos contra bandas delictivas realizados por la Justicia provincial. El gobernador Miguel Lifschitz firmó el decreto que reglamenta la ley, por la cual se creará una agencia estatal que será la encargada de hacer el inventario de esos bienes, de publicarlos y de asignarles un destino.
Santa Fe es la primera provincia en contar con una legislación de estas características. El proyecto había sido elaborado por el Ejecutivo, durante el primer año de la gestión de Lifschitz, y tiene su origen en la necesidad de regular el destino de los bienes incautados en procedimientos judiciales realizados en la provincia. La causa contra la banda de Los Monos por asociación ilícita –actualmente en proceso en la Justicia local– apuró el debate y la sanción de la ley.
El organismo que administrará los bienes secuestrados provenientes de ilícitos será un ente autárquico dependiente del Ministerio de Justicia de la provincia, que tendrá a su cargo la custodia y disposición de los bienes secuestrados a individuos o bandas que cometan delitos, siempre que sean de competencia provincial (no narcotráfico ya que es un delito federal). Su creación había sido reclamada desde el Ministerio Público de la Acusación de la provincia.
Si bien ley habilita el decomiso de bienes productos de distintos tipos de delitos, fue pensada específicamente para resolver el destino de los bienes vinculados a las bandas dedicadas al narcotráfico que sean juzgadas en la provincia por delitos de competencia local. Para ello, la nueva agencia estatal deberá hacer un inventario de todos los bienes que reciba: inmuebles, automóviles y también dinero en efectivo. Y luego decidir su destino.
Desde el gobierno provincial aclararon que, en caso de que se traten de vehículos robados, serán restituidos a las víctimas. En todos los otros casos, los bienes incautados podrán ser destinados a diferentes áreas del Estado e incluso se podrán organizar subastas públicas, una de las posibilidades que plantea la ley.
Puntos centrales
La ley de decomiso de bienes fue aprobada por la Legislatura el 22 de septiembre de 2016. Uno de sus puntos centrales establece que los bienes secuestrados podrán ser dispuestos por la nueva agencia aún sin que la Justicia haya arribado a una condena por el delito en el que se obtuvo ese bien.
El secuestro de bienes vinculados a hechos ilícitos era, hasta ahora, una posibilidad que tenían jueces y fiscales. Pero a partir de la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, el procedimiento quedará establecido dentro del Código Procesal Penal de la provincia y será ejecutado por una agencia estatal.
El espíritu de la nueva norma, según remarcaron los legisladores al momento del debate, es golpear a las bandas delictivas donde más duele: sus ganancias. Para ello se apunta a lograr una política de recupero de activos y un sistema de decomiso para atacar al crimen organizado y al poder económico que lo sostiene.
8.000 celulares secuestrados
Según fuentes del Ministerio de Justicia, hay 8000 teléfonos celulares secuestrados en procedimientos de competencia provincial que podrán ingresar al inventario de la agencia estatal encargada de definir el destino de los bienes incautados. Además: autos alta gama, joyas, electrodomésticos e incluso inmuebles.
A principios de febrero, el gobierno provincial tomó de posesión –por disposición judicial– de bienes decomisados durante la investigación que permitió desbaratar una red de prostitución en la ciudad de Melincué (departamento General López). El valor estimado de los bienes –un inmueble de 550 metros cuadrados, una camioneta Chevrolet S-10 y un Mercedes Benz Clase A– supera los 2.500.000 pesos.
Otro caso emblemático es el de la banda Los Monos (ver aparte), que está siendo juzgada por la Justicia provincial.
De Los Monos al Estado
En abril de 2014, en un juicio abreviado en el marco de la megacausa Monos, se resolvió decomisar 55 vehículos y 7 propiedades adjudicados a la banda. Si bien estos bienes no figuraban a nombre de los once condenados, a través de un juicio abreviado firmado en abril de 2014, los magistrados Edgardo Ferttita, José Luis Mascali y Julio Kesuani entendieron que estas personas formaban parte de una asociación ilícita y el producido de los delitos que cometían era invertido en bienes que aparecían a nombre de otras personas para evitar mostrar un patrimonio cuyo origen no podían comprobar. Estos bienes, es decir vehículos y propiedades, fueron al Poder Ejecutivo que tuvo que disponer de los mismos. A su vez, dispusieron el decomiso de 5 licencias de taxi que fueron devueltas a la Municipalidad de Rosario.
