“Todos los gobiernos nos han quitado derechos a los trabajadores”, define Daniel Yofra. Al frente de la Federación Nacional de Aceiteros, el gremialista rosarino ostenta algunas diferencias con sus pares de otros sindicatos y confederaciones: una de ellas es que aún no cumplió los 50, y ya va camino a cumplir cuatro años al frente de una entidad que representa al menos a 20 mil trabajadores del sector de todo el país. Y otra es que no deja de mencionar la palabra “lucha”: así explica cómo hicieron los aceiteros para remontar sus ingresos aventajando a la inflación y, más, ganando terreno en poder adquisitivo y derechos laborales. De hecho, en una década lograron triplicar en dólares los salarios del sector y en abril del año pasado firmaban la paritaria más alta del año hasta entonces.
—¿Cómo encaran hoy las paritarias?
—En poco tiempo tendremos el plenario nacional de delegados que hacemos todos los años para definir el pedido de aumento.
—En las últimas paritarias los aceiteros lograron perforar techos “sugeridos” por el gobierno anterior y por el actual. ¿Esperan poder seguir haciéndolo?
—El año pasado el acuerdo fue por un aumento del 38,8 por ciento. Pero no había una imposición de techos: hoy vemos que el gobierno tomó parte en el asunto. El hecho de que haya pedido un juicio político a los jueces que dictaron la homologación de la paritaria de los bancarios me parece una intervención seria, mucho más seria que la del kirchnerismo en su momento. Igual, yo creo que todos los gobiernos nos han robado derechos a los trabajadores: algunos lo hacen a cara cubierta, como el kirchnerismo, y otros al descubierto como este gobierno. El gobierno anterior hacía fuerza para que no cerremos paritarias más altas de lo que ellos pretendían; estos directamente van a la Justicia para interpelar a los jueces que fallan a favor de los trabajadores, lo que es mucho más grave aún. Evidentemente esta gente está decidida a todo, no mide el riesgo y no le importa nada. No sé hasta dónde llegarán, porque hubo otros sindicatos, como los aeronáuticos, que acordaron un 41 por ciento, un buen aumento en una paritaria por empresa.
—Los aceiteros, ¿ya tienen una estimación?
—Nuestro convenio se vence este 31 de marzo. Los estudios que nosotros tenemos –no nuestros sino oficiales de la ciudad autónoma de Buenos Aires– dicen que el mínimo que necesita un trabajador son 27 mil pesos, sin ser propietario. Esto con un alquiler que calculan de 3.500 a 4.000 pesos, que sería abajo de un puente, no sé dónde va a conseguir una casa para alquilar con ese monto., Pero bueno, es algo que estiman ellos: esos 27 mil pesos son al mes de diciembre. Habría que sumar un 6 por ciento por la inflación de estos últimos tres meses, lo cual, en la escala nuestra, nos va a dar por encima de un 35 por ciento.
—¿Hay una brecha entre los pedidos de aumento salarial hacia firmas multinacionales o exportadoras y hacia empresas que producen para el mercado interno y están contra las cuerdas?
—Primero hay que definir qué es el salario. Si el salario se toma de acuerdo con lo que dice el mercado, el trabajador se empieza a jugar entre las variables que proponen los empresarios. Por eso hay que definir qué es lo que necesita un trabajador para vivir dignamente. Es lo que dice la ley: qué necesita para tener vivienda, salud, vacaciones, esparcimiento… Es lo que estipula la ley. Esto está definido, lo hacía una encuesta nacional del Indec, no es algo que hayamos inventado los aceiteros. De acuerdo a quién asesora a los dirigentes, cada gremio utiliza una forma, nosotros utilizamos esa definición que es la que se ajusta a derecho. Después está quién lo puede pagar: nosotros hemos demostrado que no solamente las multinacionales pueden pagar un salario como el que pedimos sino empresas chicas, como en Rosario la empresa Zanoni, que ahora es de Agricultores Federados Argentinos, que tiene 20 empleados, es una envasadora y lo paga. ¿Qué implica para los empresarios pagar un buen salario? ¿Ganar menos? Y sí: esa es la lucha que nosotros venimos dando y que sería muy bueno que todo el mundo la dé, porque todo el mundo pregunta cuánto tiene que ganar un trabajador, pero nadie se preocupa por cuánto gana un empresario.
—La movilización de las centrales obreras, ¿tiene que ver con esa pelea? La CGT, ¿está dejando de eludir el conflicto?
—Yo creo que la CGT se mueve al ritmo del movimiento obrero, pero no a la necesidad del movimiento obrero. La CGT es una excusa de aquellas organizaciones que no quieren tomar el toro por las astas, porque la misma facultad que tiene de hacer una huelga la tiene cualquier sindicato de cualquier lugar del país. Las mismas CTA han dicho que la CGT tendría que parar, como si no fueran autónomas. Si hubiera veinte gremios de paro por salarios, por recuperación de los puestos de trabajo, por el impacto que tuvieron las tarifas, por todo lo que está pasando en el país, la CGT no habría esperado tanto tiempo para llamar a una movilización.
ART y Ganancias, sólo parte de las promesas incumplidas
En los últimos diez años, la Federación Aceitera empujó el salario de la categoría básica del sector de menos de 450 dólares a más de 1.200. Pero el camino no fue libre de conflicto: tanto en 2015 como el año pasado, con dos gobiernos diferentes, los gremios que integran la federación llegaron a acordar con las cámaras del sector tras fuertes huelgas y movilizaciones. Pero también dejaron algo en el camino: dos años atrás, por un decreto de la entonces presidenta Cristina Fernández, menos del 10 por ciento de los trabajadores del sector pagaba Ganancias, pero hoy debe tributar más de la mitad.
“Esa es otra mentira más de este gobierno. Una promesa incumplida. Sin hacer un sondeo sabemos que los aceiteros en un 50 por ciento o más votaron a Macri esperanzados de que iba a sacar el impuesto a las Ganancias. Nosotros de tener un 7 o un 8 por ciento que impactaba en la masa salarial aceitera pasamos a tener un 60 por ciento de los trabajadores aceiteros que los agarra el impuesto”, se enoja Yofra, quien cuestiona con severidad al anterior gobierno nacional, pero habla con tono todavía más grave del actual.
Uno de los capítulos más duros es la modificación de la ley de Riesgos del Trabajo que impulsó el Ejecutivo y logró aprobar el interbloque oficialista en el Congreso. “Fue una vergüenza lo que hicieron”, dijo. “Ahora antes de ir a juicio hay que pasar por una auditoría que hace la misma ART. Es como ir a hacer una denuncia contra la policía a la misma policía. Si esta ley fuera para prevención… Pero para lo único que sirve es para darle plata a las ART. Y a las empresas, porque las alícuotas que ellos pagan por accidentes de trabajo es mucho mayor cuando se producen esos accidentes y se denuncian. Hay muchos que no se denuncian por presión de las patronales. Simplemente es una cuestión de recaudación, no es para prevenir los accidentes de trabajo”.
