La Corte Suprema de los Estados decidió este lunes pedirle opinión al gobierno de ese país, en el marco de una demanda abierta por un fondo buitre contra la expropiación de YPF, que puede costarle a la Argentina unos 3.000 millones de dólares.
El máximo tribunal de Justicia norteamericano dispuso consultar al “General Solicitor” de ese país (el jefe de los abogados del Estado) por ese juicio, que ya tiene dos fallos adversos para la Argentina. La Corte debe decidir si la demanda entablada por el fondo buitre Burford Capital por la estatización de la petrolera (hecho ocurrido en 2012) debe continuar en tribunales de Estados Unidos o en Buenos Aires.
La demanda comenzó con ex accionistas minoritarios de YPF luego de que el Estado argentino le pagara a la española Repsol –que controlaba a la petrolera argentina– 5.000 millones de dólares en concepto de resarcimiento por la “renacionalización” de la compañía. Más tarde, Burford compró los derechos para hacer juicio de algunos de esos accionistas, que formaban parte del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi.
Los abogados del fondo norteamericano argumentan que durante el gobierno de Cristina Kirchner, la Argentina rompió el contrato de concesión de YPF, al expropiar el 51% de esa compañía y no haber formulado una oferta a los socios minoritarios. Para los letrados, se trata de una cuestión de derecho comercial que debe ser juzgada en Estados Unidos, donde se emitieron las acciones de la petrolera.
La intención del gobierno de Mauricio Macri es que el demandante se presente ante los tribunales argentinos, por entender que la “reestatización” de YPF fue una decisión soberana. Pero sobre esa posibilidad no existe un buen precedente: la Argentina tuvo ya dos fallos negativos en los últimos años, uno en primera instancia de la jueza federal de Manhattan Loretta Preska y otro de segunda instancia de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Si finalmente la Corte Suprema de los Estados Unidos rechaza la argumentación argentina, el caso volverá a primera instancia. El tribunal de Preska deberá abrir un juicio y esta posibilidad abriría además lo que se conoce en la Justicia norteamericana como un “discovery process”, que obligaría a indagar cómo fue el camino financiero que recorrió la YPF privada desde la era Repsol hasta la llegada del Grupo Petersen, la expropiación y el fondo buitre que inició la demanda.
