El gobierno envió este lunes al Senado el proyecto de ley que dispone la creación de un nuevo organismo para que administre las participaciones accionarias que tiene el Estado en empresas particulares (modelo que rige en otros países) y una cláusula de blindaje para que los futuros gobiernos no puedan vender esas acciones a menos que la ley que lo disponga reúna los dos tercios de los miembros del Congreso. Sobre este último punto, el propio gobierno reconoció que existe un problema para la sanción: la doctrina y los reglamentos exigen que para que se introduzca una cláusula que fije una mayoría calificada como condición, esa ley debe ser aprobada también con la misma mayoría calificada.
Lo confirmó el mismo día Aníbal Fernández en declaraciones a medios: “Para aprobar ese proyecto, debiera ser así: dos tercios. Mayoría agravada para tener mayoría agravada”, dijo. Es una limitación complicada para el gobierno ya que no tiene ese número en el Congreso nacional. De hecho, Aníbal Fernández comenzó a acusar a la oposición para el caso en que se niegue a prestar acuerdo. Ningún bloque opositor aún dio su sentencia sobre el proyecto.
El jefe de Gabinete se refería al artículo de la ley que establece: “Quedará prohibida la venta de participaciones del Estado nacional en las empresas de servicios públicos y energéticas, sin autorización expresa de las dos terceras partes del Congreso”. El kirchnerismo hoy no tiene ese número en las cámaras.
El proyecto que ingresó el lunes fija, además, un régimen para remuneraciones y facultades de los directores del Estado en las empresas. Se ratifica que los ingresos que obtengan deben girarse al Tesoro y el Estado regulará su salario.
Otra de las novedades es que la ley no alcanza a las acciones del Estado en YPF o YPF Gas. Aunque sí a otras empresas fuera de las tenencias que administra la Ansés. Lo confirmó también el lunes Juan Manuel Abal Medina, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, una de las que ayer comenzó a debatir la ley. “También se extiende a otro conjunto de empresas como Arsat, Correo Argentino, Aeropuertos Argentina 2000 o la Administración General de Puertos”, dijo.
El proyecto de ley declara de interés público la protección de las participaciones sociales en empresas privadas del Estado nacional, que integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantías Sustentables (FGS) de la Ansés.
El debate comenzó ayer con un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social que se llevó a cabo en el salón Illia del Senado.
Se prohíbe la venta, la transferencia o cualquier otra acción que implique que el Estado se desprenda de esas acciones, salvo que el Congreso de la Nación lo autorice a través del voto de los dos tercios de sus miembros.
De acuerdo con el proyecto, la finalidad es preservar la sustentabilidad del fondo y “promover el rol activo del Estado en la coordinación de la gestión de los directores que representan al Estado nacional” para “resguardar el interés público comprometido en las participaciones societarias”.
Se crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas como continuadora de la Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado; que deberá entender en la ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de las empresas comprendidas en el proyecto.
La Anpee tendrá a su cargo ejercer los “derechos políticos” inherentes a las acciones que integran la cartera de inversiones del FGS.
