Fuerzas federales allanaron este martes, en el marco de una causa por lavado de activos que involucra al narco de San Lorenzo David Delfín Zacarías, la sede de la desarrolladora inmobiliaria Tierra de Sueños en el microcentro. Hasta allí habían llegado tres años atrás buscando pruebas sobre tres parcelas propiedad del ex convicto ahora procesado y, de la misma forma, ayer fueron a las oficinas de la firma por orden de la Justicia federal. A la flota de autos y a las casi tres decenas de cocheras (además de un megagimnasio en construcción) detectadas en su momento por la Subsecretaría de Delitos Económicos del Ministerio de Seguridad provincial, ahora se suma una veintena de terrenos que, según la pesquisa, integran también el patrimonio del importador de pasta base de cocaína.
La causa por lavado de activos contra el clan Zacarías fue abierta en 2015 a instancias de la Unidad de Información Financiera (UIF), en paralelo con los expedientes iniciados contra otros dos célebres nucleamientos: la banda de los Monos liderada por el clan Cantero, por un lado, y quienes fueron asociados o integraron la familia política del asesinado Luis Medina, por otro.
Zacarías cayó junto con su mujer en Funes a fines de 2013 mientras transformaba en una casaquinta 300 kilos de pasta base en clorhidrato de cocaína. Según la UIF, que remitió los datos recolectados sobre lavado de activos del juez federal Carlos Vera Barros al presentarse como querellante, era una organización criminal estructurada como una asociación familiar destinada a la producción y posterior venta de estupefacientes, efectuando asimismo operaciones tendientes a legitimar sus ganancias delictivas. Los miembros de la banda y otras personas que operaban como prestanombres adquirieron bienes inmuebles (entre otros, unas 30 cocheras) y muebles, entre los cuales figuraban autos de alta gama.
La Unidad de Información Financiera destaca que ninguno de los investigados contaba con el perfil patrimonial para adquirir esos bienes: no trabajaban en relación de dependencia o se encontraban inscriptos en una categoría muy baja de monotributo. En el caso Zacarías, se trata de 15 personas investigadas y un patrimonio compuesto por 52 autos, 30 inmuebles y dos sociedades comerciales: Frecuencia Urbana SRL, una remisería asentada en Granadero Baigorria a nombre del propio Zacarías y su mujer, Sandra Marín; y Top Cranes SRL, a nombre de Zacarías y su hija Flavia, firma destinada a “la prestación de servicio a empresas para la construcción”. Los tres están procesados en la causa por narcotráfico.
En noviembre de 2013, un mes y medio después del desbaratamiento del clan Zacarías y en el marco de la causa por narcotráfico que instruyó el propio Vera Barros, Gendarmería allanó Tierra de Sueños, en San Lorenzo al 1300, en busca de documentación sobre tres terrenos adquiridos por el líder de la banda en Tierra de Sueños III, en Roldán, durante 2009. Dos propiedades, que estaban a nombre de su hija, ya las había vendido. Los efectivos también se hicieron presentes entonces en una inmobiliaria de Córdoba al 1400, donde fue incautada documentación de otras propiedades, al parecer prueba de su participación en un fideicomiso de una obra de construcción.
Ayer, dijeron fuentes con acceso a la causa, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanaron las oficinas de Tierra de Sueños por orden del magistrado Vera Barros en busca de más documentación por el expediente de lavado de dinero. Según la sospecha de la Justicia federal, hay otra veintena de propiedades, en este caso terrenos, que no habían sido detectados en su momento y que incrementan al medio centenar la cantidad de inmuebles adquiridos por Zacarías con dinero proveniente del narcotráfico.
Narcolavado: 1 de cada 3
El 34% de los legajos sustanciados por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) desde el 20 de diciembre (fecha de su creación) a la fecha tiene al narcotráfico como delito precedente del lavado de activos. El dato se desprende de un relevamiento que la Procuraduría especializada compartió en octubre pasado ante delegados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), en el marco de una jornada de trabajo organizada por la Cancillería argentina como parte del proceso de evaluación del que es objeto el país, y que forma parte de sus compromisos internacionales en materia de combate a la corrupción.
