El juez de la Corte Eugenio Zaffaroni expresó que «existen responsabilidades judiciales, políticas, legislativas y de los medios de comunicación» haciendo alusión a la aplicación de tortura “en la región”; situación atribuida exclusivamente a las fuerzas de seguridad. Y añadió que «se fabrican irresponsablemente leyes penales, a partir de una agenda marcada por los medios masivos que están al servicio de sectores hegemónicos que concentran la renta».
Para el integrante del máximo tribunal de justicia, «en nuestro país se fabrican los adolescentes de barrios precarios, que son las principales víctimas de maltratos». Las afirmaciones del magistrado fueron formuladas ayer en el cierre del «Congreso Internacional sobre Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes», celebrado en la Biblioteca nacional, en la ciudad de Buenos Aires.
Junto al ministro de la Corte, estuvieron en el panel de las conclusiones la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, el catedrático español Francisco Muñoz Conde y el defensor ante la Corte Suprema de Justicia, Julián Langevin. En declaraciones distribuidas por la Defensoría General, el magistrado advirtió que «la responsabilidad de la aplicación de la tortura en la actualidad no es exclusiva de las fuerzas de seguridad sino que, además, existen responsabilidades judiciales, políticas, legislativas y de los medios de comunicación».
«El agente principal de la tortura en nuestra región son nuestras policías, que no actúan solas: operan dentro de determinados marcos de poder contra personas que son estereotipadas a través de construcciones sociales de la realidad que hacen los medios de comunicación, fundamentalmente la TV», alertó.
Zaffaroni insistió en apuntar a los medios masivos que están «servicio de sectores hegemónicos que concentran la renta» por la creación de leyes penales. «En todo proceso de concentración de renta, en que se pretende una distribución y no se logra, necesariamente los que se quedan con la menor renta se sienten incómodos. Se mueven, hay que controlarlos. El control se vuelve represivo y en ese marco tenemos que enfrentar la manifestación más cruel de la violencia institucional, que es la tortura», subrayó.
El juez de la Corte concluyó: «Luchamos contra aquellos que dicen que nos defienden y lo que buscan es que haya más poder represivo para tener una inseguridad absoluta frente a ellos como sector hegemónico». A su turno, la defensora general de la Nación anunció que la Campaña Nacional contra la Tortura finalizará con un encuentro en noviembre en Tucumán. «Aunque aún falta mucho, tenemos que seguir luchando de manera firme contra la supervivencia de la tortura: hemos dado un gran paso cuando dejamos de ver a la tortura como un problema de derecho penal y lo consideramos un problema de derechos humanos».
