El ex juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni dijo que «la falta de transparencia societaria es uno de los mecanismos fraudulentos» a los que apelan las grandes empresas transnacionales «para obtener mayores ganancias» y puso como ejemplo de esta situación lo sucedido con la agroexportadora Vicentin.
«Con estos tipos de mecanismos y delitos -como la causa de Vicentin- las compañías buscan obtener mayores ganancias, no teniendo capacidad de negociación», sostuvo Zaffaroni esta tarde al participar en un encuentro realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), del que también tomó parte el exfiscal estadounidense David Shapiro.
Según Zaffaroni, la clave para estas situaciones no está en el derecho penal sino en la coautoría de bancos centrales y de los aparatos administrativos de control, es decir, que este tipo de ganancias «no sería posible sin la cooptación de las mismas herramientas legales e instituciones públicas».
«Si no tuvieras un juzgado civil y comercial que protege a una empresa que actuó fraudulentamente diciendo que el fraude todavía no está probado, que tienen que ir a investigar, el desposeimiento no sería posible. Cuidado con creer que lo penal puede resolver esto, es la estructura del poder de los Estados la responsable. Hoy la situación actual, nos ubica en una posición geopolítica desventajosa que facilitan estas situaciones», subrayó el ex integrante de la Corte Suprema.
En tanto, el ex fiscal estadounidense David Shapiro dijo, en el marco de la presentación del libro «Empresa global y ganancias privadas: cómo los ciudadanos y el interés público están siendo estafados», que este tipo de casos -en referencia a Vicentin-, «no es fraude de Argentina sino de todo el mundo, la transparencia es justamente lo que falta en los casos internacionales de fraude ya que hay herramientas que permiten el secreto de estas empresas para qué revelar su información».
Por lo que, actualmente estas compañías, «a través de manejos financieros y societarios formales y ficticios generan un excedente sin producir», lo que les «permite hacer lavados y transacciones a niveles que otras empresas no».
Shapiro subrayó que Vicentin no reveló los millones de dólares en ganancias que obtuvo, tras los cual dijo que era una compañía que gozaba de «un bienestar de lujo» y «de prioridad», con el respaldo de la banca argentina.
«Queremos saber en caso de bancarrota o fraudes dónde fueron los fondos, no hay nada de malo con buscar intereses fuera del mercado argentino, pero queremos saber por qué no se les pago a los acreedores en 2019 pero sí se generaron intereses extranjeros», agregó el ex fiscal estadounidense.
En lo que respecta a la causa en sí, la semana pasada el juez a cargo del concurso preventivo, Fabián Lorenzini, se excusó de continuar entendiendo en el expediente al alegar «violencia moral» por la presentación de juicio político realizada en su contra hace siete meses, a lo que consideró como «una agresión desmedida».
Frente a esta situación, el abogado de un acreedor que realizó la presentación de jury contra Lorenzini, Gustavo Feldman, dijo que el juez «se excusa para no tener que firmar la caducidad del período de exclusividad y la apertura del crown down (salvataje)».
La excusación de Lorenzini en el concurso supondrá una nueva demora en el final de su tramitación, cuyos plazos procesales ya estuvieron suspendidos durante ocho meses por un planteo de avocación – homologable al per saltum- que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe finalmente rechazó.
Previamente a este incidente, Vicentin había presentado una propuesta de pago del pasivo concursal que cuenta con las mayorías exigidas por la ley tanto en capital como en porcentaje de acreedores, donde debía decidir si homologaba ese acuerdo o lo rechazaba y, en tal caso, si habilitaba la vía del «salvataje» que contempla la Ley de Quiebras y Concursos.
Esto permite al juez otorgarle a otros acreedores o terceros interesados la posibilidad de presentar una propuesta de acuerdo a los acreedores y gestionar la empresa.
De ese modo, el magistrado giró el expediente al juzgado civil y comercial de la tercera nominación de la ciudad de Reconquista y dejó el concurso -iniciado en febrero de 2020-, en momentos en que debía decidir si daba curso o no a la propuesta de acuerdo presentada por Vicentin a sus acreedores, por lo que a tres años de iniciado el concurso de acreedores de la principal agroexportadora de capitales argentinos, con un pasivo verificado de $97.448.330.899, el juez dejó el expediente en manos de otro magistrado.
