n un breve comunicado, el máximo tribunal informó que instruyó a la Secretaría del Tribunal a que "reúna los expedientes" en trámite y que en la semana próxima "se procederá a correr vista a las partes, por el plazo de diez días, para que se expresen sobre la aplicación de la ley 27.362".
La Corte Suprema de Justicia anunció este viernes, a través del Centro de Información Judicial (cij.gov.ar), que los casos que aún tiene en trámite por la aplicación del 2×1 en el cómputo de las condenas por delitos de lesa humanidad serán evaluados ahora a partir de la nueva ley sancionada por el Congreso de la Nación. En un breve comunicado, el máximo tribunal informó que instruyó a la Secretaría del Tribunal a que «reúna los expedientes» en trámite y que en la semana próxima «se procederá a correr vista a las partes, por el plazo de diez días, para que se expresen sobre la aplicación de la ley 27.362».
Se informa que, en los casos que aún se encuentran en trámite ante la Corte Suprema, en los que se discute la aplicación del cómputo de prisión preventiva denominado “2 x 1” ─previsto en el artículo 7° de la ley 24.390─ en cuanto a delitos de lesa humanidad, se instruyó a la secretaría del Tribunal para que reúna los expedientes. Se informa que, en la semana próxima y por disposición de la Secretaría, como corresponde legalmente y es habitual, se procederá a correr vista a las partes, por el plazo de diez días, para que se expresen sobre la aplicación de la ley 27.362.
La Corte se pronunció de esta forma luego de que el presidente Mauricio Macri promulgara la ley aprobada por el Congreso en tiempo récord esta semana, que excluye a represores del beneficio del 2×1, mediante el decreto 329/2017 publicado en el Boletín Oficial. La ley 27.362 establece que el cálculo del 2×1 «no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional».
La norma determina también que el cómputo de penas de 2×1 «será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella ley», es decir entre 1994 y 2001. El Congreso también determinó que esa limitación en la aplicación del 2×1 «será aplicable aún a las causas en trámite».
El anuncio lo realizó a través de un video en redes sociales
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