Cada 30 de agosto, el mundo se detiene para recordar a quienes faltan. Es el resultado de una dolorosa pero incansable lucha que nació en el corazón de América Latina y logró eco en la comunidad internacional: el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas se conmemora cada 30 de agosto.
La fecha fue establecida en 1981 durante el Primer Congreso de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), realizado en Costa Rica.
En aquel entonces, gran parte de América del Sur y Central estaba sumida en dictaduras cívico-militares que utilizaban la desaparición sistemática de personas como una herramienta de terrorismo de Estado. Las Madres, Abuelas y familiares, enfrentándose al silencio y la complicidad, decidieron fijar el 30 de agosto como una jornada de denuncia para visibilizar lo que los gobiernos de facto intentaban ocultar.
El reclamo de FEDEFAM trascendió fronteras y décadas. Reconociendo que la desaparición forzada se había convertido en un problema global, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) dio un paso histórico en diciembre de 2010. A través de la resolución 65/209, declaró oficialmente el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Desde Naciones Unidas hoy advierten que este crimen ya no es exclusivo de las dictaduras militares latinoamericanas del pasado. Hoy la desaparición forzada se utiliza en situaciones de conflicto interno y como método de represión en múltiples países, generando un clima de terror que afecta no solo a la víctima, sino a sus familias y a la comunidad entera, sumiéndolos en la angustia de no conocer el destino de sus seres queridos.
América Latina engloba 6 de los 10 países con mayor cantidad de desapariciones forzadas producidas entre 1980 y 2020 de acuerdo con el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Argentina, Guatemala, Perú, El Salvador, Colombia y Chile entran junto con Irak, Sri Lanka, Argelia y Pakistán entre los países con mayor cantidad de desapariciones forzadas en los últimos 40 años.
Qué es la desaparición forzada
Como desaparición forzada la ONU se refiere al “arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”
En América Latina, la mayor parte de las desapariciones forzadas se dieron durante dictaduras militares, aunque en Perú y México los números fueron también relevantes en periodos democráticos. Amnistía Internacional estima que entre 1966 y 1986 sucedieron en México, El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia y Haití más de 90 mil desapariciones forzadas.
Plan Cóndor
El contexto sudamericano le otorga a esta fecha un peso específico. Según destaca el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), la región sigue procesando los horrores del terrorismo de Estado, especialmente al cumplirse 50 años de la articulación del Plan Cóndor, la red de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur.
Frente a los crímenes transnacionales del pasado, la respuesta actual de los Estados democráticos debe ser la cooperación inquebrantable para juzgar a los responsables y recuperar la identidad de quienes aún continúan desaparecidos. Así lo establecen las normativas del Derecho Internacional.
Hay un rasgo fundamental de este tipo de crimen: la desaparición forzada es un delito continuo. Esto significa que el crimen no cesa hasta que el Estado determina el paradero de la víctima, restituye su identidad y esclarece los hechos.
Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el Plan Cóndor fue una red de coordinación represiva transnacional formalizada en 1975 para estandarizar el terrorismo de Estado en la región, compartiendo inteligencia, recursos y logística para perseguir, secuestrar y aniquilar opositores.
Pasó de ser un conjunto de «acuerdos de caballeros» bilaterales e informales a una estructura formalizada a partir del acta de fundación firmada en Santiago de Chile en noviembre de 1975, por iniciativa de la dictadura chilena y aceptada por las demás cúpulas militares.
La red estuvo conformada originalmente por los regímenes de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Más tarde se sumó Brasil, y posteriormente se extendió con la participación de Perú y Ecuador.
El Plan Cóndor funcionó como una plataforma para estandarizar y maximizar la persecución política regional. Incluyó intercambio de inteligencia, traslado transfronterizo de prisioneros, expropiación de bienes, secuestro de niños y operativos conjuntos para aniquilar dirigentes y militantes.
Tuvo una etapa genética desde 1973, su fase madura tras el golpe de Estado de 1976 en Argentina (cuando la sede operativa se trasladó a Buenos Aires) y comenzó a debilitarse a fines de la década de 1970 debido a la reaparición de disputas fronterizas tradicionales entre las propias dictaduras (como el conflicto del Beagle).
Equipo Argentino de Antropología Forense
El EAAF es una organización no gubernamental que trabaja desde 1984 en “recuperar e identificar los restos de personas desaparecidas en contextos de violencia, combinando distintas disciplinas científicas”. Nació en este país atendiendo la cuestión de los miles y miles de desaparecidos pero rápidamente se convirtió en una organización de renombre mundial y es convocado por distintos países que padecieron o padecen este tipo de situaciones.
