A mediados de 1975, un plan de ajuste brutal terminó con décadas de ascenso del salario real y abrió la puerta al capítulo más oscuro de la historia nacional. De la mano de Celestino Rodrigo, bajo la presidencia de María Estela Martínez de Perón, el país experimentó un quiebre social cuyas réplicas aún se sienten 50 años después
A mediados de 1975, un plan de ajuste brutal terminó con décadas de ascenso del salario real y abrió la puerta al capítulo más oscuro de la historia nacional. De la mano de Celestino Rodrigo, bajo la presidencia de María Estela Martínez de Perón, el país experimentó un quiebre social cuyas réplicas aún se sienten 50 años después
Junio de 1975 quedó grabado en la memoria colectiva argentina como el momento en que la ilusión de una movilidad social ascendente se estrelló contra la realidad de los números.
Bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón, y con el impulso del influyente José López Rega, asumía Celestino Rodrigo en el Ministerio de Economía.
La gestión de Rodrigo duraría apenas 47 días, pero su legado -el Rodrigazo- alteraría la estructura socioeconómica del país para siempre.
El plan de Rodrigo no admitía matices. Bajo el argumento de estabilizar una economía con déficit fiscal creciente, se aplicó una receta de choque: devaluación del peso en un 100%, aumentos en combustibles y servicios públicos que superaron el 170%, y una liberalización de precios que dejó a las góndolas vacías por el desabastecimiento.
La respuesta al reclamo de las y los trabajadores fue el congelamiento de salarios. Mientras Juan Domingo Perón había prometido dos años antes recuperar el poder adquisitivo, el nuevo plan determinó un aumento por decreto de sólo el 46%, eliminando las paritarias.
El resultado fue inmediato: una caída del 20% en el salario real y una transferencia masiva de ingresos desde el mercado interno hacia los sectores agroexportadores.
La magnitud del ajuste obligó a los sindicatos peronistas y a las vertientes clasistas a una reacción sin precedentes. Por primera vez, la CGT le realizaba un paro general a un gobierno de su propio signo político.
El conflicto social escaló de tal forma que Rodrigo y el Brujo López Rega terminaron eyectados del poder antes de que el ministro cumpliera dos meses de gestión. Sin embargo, el daño ya estaba hecho.
La inflación, que hasta entonces se mantenía en niveles manejables, saltó a los tres dígitos, provocando una ola de quiebras en la industria nacional, que no pudo resistir el cambio de reglas de juego.
Para muchos analistas, el Rodrigazo no fue sólo un error de cálculo económico, sino el escenario necesario para lo que vendría después.
Los sectores de poder concentrado concluyeron que la imposición de este nuevo orden económico era incompatible con el sistema democrático.
«La desintegración del sistema social y la imposición de un nuevo modelo no eran posibles en democracia: se necesitaba una dictadura», señalan historiadores al analizar el clima previo a marzo de 1976.
Los números son contundentes: hasta 1974, el salario real en la Argentina venía en alza, con un crecimiento del 14% en el último lustro.
El Rodrigazo marcó el quiebre de esa tendencia, un golpe que se profundizaría con el golpe de Estado de 1976, cuando el poder adquisitivo caería otro 40%.
Lo que comenzó en junio de 1975 fue el primer eslabón de una cadena de crisis recurrentes. Desde entonces, y salvo breves excepciones, las y los trabajadores han vivido en una lucha constante por intentar recuperar un bienestar que, hace 50 años, parecía un derecho adquirido.
El golpe de 1976 no fue un hecho aislado, sino el desembarco de un proyecto continental de dependencia. Mientras la represión sistemática desarticulaba la resistencia social, el equipo de Martínez de Hoz ejecutaba un desguace industrial que multiplicó la deuda externa por siete y entronizó la especulación financiera
El golpe de 1976 no fue un hecho aislado, sino el desembarco de un proyecto continental de dependencia. Mientras la represión sistemática desarticulaba la resistencia social, el equipo de Martínez de Hoz ejecutaba un desguace industrial que multiplicó la deuda externa por siete y entronizó la especulación financiera.
La madrugada del 24 de marzo de 1976 no sólo trajo botas y bayonetas a las calles argentinas; trajo consigo un cambio de paradigma civilizatorio. Bajo el amparo del Plan Cóndor -la red de coordinación represiva impulsada por Estados Unidos en el Cono Sur- la Junta Militar instaló un modelo de “cabeza de playa” neoliberal diseñado para aniquilar el Estado de bienestar y reinstaurar la hegemonía del sector agroexportador.
El corazón del plan económico de José Alfredo Martínez de Hoz fue la desregulación financiera. A través de la famosa tablita cambiaria, se mantuvo un dólar artificialmente barato que dio origen a la era de la plata dulce.
Mientras la clase media viajaba al exterior y consumía productos importados bajo la premisa de que «lo de afuera es mejor», la estructura productiva del país se desmoronaba.
Este retraso cambiario funcionó como una anestesia social para un sector de la población, mientras el bolsillo de la clase trabajadora sufría un retroceso histórico.
El modelo fomentó la bicicleta financiera: el ingreso de capitales especulativos que aprovechaban las altas tasas de interés en pesos para luego reconvertirse en dólares y salir del país sin restricciones.
Este esquema de acumulación de renta no generó inversión productiva, sino una fuga de capitales que el Estado terminó absorbiendo.
Los números de la herencia dictatorial son demoledores:
La tragedia no se midió sólo en divisas. A la cifra de los 30.000 desaparecidos, el robo de bebés y el saqueo de bienes, se sumó un disciplinamiento laboral sin precedentes. La desregulación del mercado de trabajo provocó un aumento del 5% en el trabajo no registrado y un incremento del desempleo registrado.
El objetivo de convertir a la Argentina nuevamente en el granero del mundo implicó el sacrificio del mercado interno.
La desindustrialización dejó un tendal de fábricas cerradas y una clase obrera cuyo poder adquisitivo cayó en picada, perdiendo el terreno ganado durante las tres décadas anteriores.
El colapso del modelo económico, sumado al desastre de la Guerra de Malvinas en 1982, aceleró la caída de la Junta Militar. Sin embargo, los cimientos de ese modelo de dependencia -la deuda externa crónica y la primarización de la economía- quedarían instalados como una herencia difícil de revertir para las democracias venideras.
Raúl Alfonsín asumió con la promesa de que «con la democracia se come, se cura y se educa». Sin embargo, la herencia de la dictadura, el asfixiante frente externo y la presión de los mercados transformaron el sueño de 1983 en el caos de 1989. Crónica de un final marcado por el café de filtro y los saqueos
Raúl Alfonsín asumió con la promesa de que «con la democracia se come, se cura y se educa». Sin embargo, la herencia de la dictadura, el asfixiante frente externo y la presión de los mercados transformaron el sueño de 1983 en el caos de 1989. Crónica de un final marcado por el café de filtro y los saqueos
Diciembre de 1983 no fue sólo un cambio de mando; fue un renacimiento. Tras siete años de oscuridad, la Argentina de Raúl Alfonsín despertaba con una vitalidad institucional inédita.
Pero, detrás de los discursos en los balcones, el país real crujía: los militares habían dejado una deuda externa impagable, una industria desmantelada y una inflación que ya no encontraba techo.
En 1985, acorralado por los precios y con el visto bueno del FMI, el ministro de Economía Juan Vital Sourrouille lanzó el Plan Austral. Fue un shock de confianza: cambio de moneda, desagio y congelamiento de precios.
El éxito fue inmediato. La inflación mensual se desplomó del 30% al 5%, permitiendo que el radicalismo barriera en las legislativas de ese año.
Sin embargo, el veranito fue breve. Para 1987, el PBI se estancó y los salarios empezaron a correr detrás de los precios.
El malestar social se filtró por las grietas de los cuarteles: los levantamientos carapintadas, que exigían el fin de los juicios a los genocidas, se montaron sobre un descontento económico que ya alcanzaba a todos los trabajadores.
En un intento desesperado por evitar el colapso antes de las elecciones, el gobierno lanzó en 1987 el plan Primavera. Se basó en un dólar desdoblado y controles de precios acordados con la industria, pero el contexto internacional fue el verdugo definitivo.
El Banco Mundial canceló desembolsos clave y el FMI retiró su respaldo. Sin crédito externo y con las reservas del Banco Central en rojo, el esquema estalló el 6 de febrero de 1989.
El Banco Central se retiró del mercado de divisas y el dólar se disparó sin control, forzando una devaluación brutal que pulverizó el poder adquisitivo en horas.
«La crisis llegó a las tazas: en los bares porteños aparecieron los carteles de «hay café de filtro». El espresso era un lujo que nadie podía pagar, mientras los precios en las góndolas cambiaban varias veces al día», recuerda la crónica urbana de aquel invierno negro.
La inestabilidad económica se tradujo rápidamente en tragedia social. El desempleo y la pobreza extrema derivaron en saqueos en los principales centros urbanos. La autoridad de Alfonsín, erosionada por la presión de exportadores y acreedores, no pudo sostener el calendario electoral.
Con un país en llamas, se adelantaron los comicios. Carlos Menem resultó ganador en un escenario de hiperinflación galopante, marcando un traspaso de mando apresurado por el hambre.
La primavera democrática terminaba de la peor manera: con las y los trabajadores, una vez más, pagando el costo de una crisis que no habían provocado.
Carlos Menem llegó al poder para refundar el Estado bajo las banderas del neoliberalismo. Con la Convertibilidad (un peso, un dólar) como estandarte y Domingo Cavallo como arquitecto, Argentina vivió una década de consumo financiado con deuda y remate de empresas públicas, un esquema que implosionó en manos de la Alianza tras 44 meses de recesión
Carlos Menem llegó al poder para refundar el Estado bajo las banderas del neoliberalismo. Con la Convertibilidad (un peso, un dólar) como estandarte y Domingo Cavallo como arquitecto, Argentina vivió una década de consumo financiado con deuda y remate de empresas públicas, un esquema que implosionó en manos de la Alianza tras 44 meses de recesión
Carlos Menem asumió la presidencia en 1989 sobre las cenizas de la hiperinflación, pero su respuesta no fue la receta tradicional del peronismo.
En un giro histórico, convocó a los sectores más conservadores del poder económico -como Álvaro Alsogaray y el grupo Bunge y Born- para diseñar un plan de reformas estructurales sin precedentes. Con poderes excepcionales otorgados por el Congreso, el riojano inició el desmantelamiento del Estado edificado desde 1945.
Para cumplir con los acreedores externos, el gobierno puso en marcha un plan masivo de privatizaciones que incluyó desde canales de televisión hasta empresas estratégicas de energía y comunicación.
En ese clima de urgencia, los ahorristas sufrieron el primer gran zarpazo: el plan Bonex, que incautó plazos fijos para canjearlos por bonos a diez años.
Sin embargo, el verdadero milagro llegó en 1991 con la ley de Convertibilidad. Domingo Cavallo, quien ya había tenido un paso polémico por el Banco Central durante la última dictadura militar, impuso el uno a uno: un peso, un dólar.
La Convertibilidad fulminó la inflación de manera casi instantánea al prohibir la indexación. Este éxito se convirtió en un capital político imbatible.
La clase media, seducida por la capacidad de consumo y los viajes al exterior, sostuvo el modelo a través del voto cuota: un sufragio vergonzante que le dio a Menem la reelección en 1995, previo Pacto de Olivos con Raúl Alfonsín para reformar la Constitución.
Pero, detrás del brillo del primer mundo, la desindustrialización avanzaba. La apertura económica destruyó el tejido pyme y el desempleo empezó a escalar a niveles de dos dígitos, convirtiéndose en una herida abierta que el modelo ya no podría cerrar.
El agotamiento del esquema neoliberal hundió al país en una recesión de 44 meses que arrastró al sucesor de Menem, el radical Fernando de la Rúa.
En un último intento por salvar el sistema, De la Rúa volvió a convocar a Cavallo, quien pasó de ser el padre de la criatura al villano de la película.
Bajo la bandera del déficit cero, el gobierno aplicó un descuento del 13% en los salarios estatales y jubilaciones, calificado cínicamente como un «esfuerzo patriótico». La presión social estalló en diciembre de 2001, cuando el corralito financiero bloqueó los ahorros de la población.
El desenlace fue el Diciembre Negro: 40 manifestantes asesinados por la represión policial y un presidente huyendo en helicóptero de una Casa Rosada sitiada por el hambre y la indignación.
Asalariadas y asalariados, quienes habían perdido durante toda la década, terminaron pagando el costo final de un modelo que prometió el cielo y dejó un país en ruinas.
Mauricio Macri llegó al poder con la promesa de normalizar la economía y erradicar la inflación. Sin embargo, su gestión quedó marcada por un ajuste tarifario que golpeó el consumo hogareño, un endeudamiento récord con el Fondo Monetario Internacional y una frase que definió la época: la idea de que la clase media había vivido una fantasía en la década anterior
Mauricio Macri llegó al poder con la promesa de normalizar la economía y erradicar la inflación. Sin embargo, su gestión quedó marcada por un ajuste tarifario que golpeó el consumo hogareño, un endeudamiento récord con el Fondo Monetario Internacional y una frase que definió la época: la idea de que la clase media había vivido una fantasía en la década anterior
Diciembre de 2015 marcó el inicio de un giro de 180 grados en la política argentina. Tras doce años de kirchnerismo, Mauricio Macri asumió la presidencia encarnando un viento de cambio que prometía transparencia, inversiones y una solución rápida para la inflación. Pero el optimismo inicial pronto se topó con la crudeza de un modelo que priorizó el recorte de subsidios y la apertura financiera.
Uno de los hitos más recordados del período fue el brutal aumento de las tarifas de servicios públicos. Mientras los hogares se abrigaban para compensar el costo del gas, el presidente lanzaba una frase que calaría hondo: «Cuando estén en sus casas y vean que están en patas o en remera, es que están consumiendo energía de más».
Este “sinceramiento de tarifas” fue defendido por figuras como Javier González Fraga, quien disparó contra las aspiraciones de los trabajadores al afirmar que se les había «hecho creer» que podían comprar celulares, televisores plasma o viajar al exterior. Para trabajadoras y trabajadores, la primavera macrista se transformó rápido en un invierno de bolsillos flacos.
Pese a la bandera de la transparencia, el gobierno enfrentó turbulencias éticas. Los Panamá Papers revelaron cuentas no declaradas del presidente en paraísos fiscales y, poco después, un decreto permitió que familiares directos -como su hermano Gianfranco Macri- accedieran a un blanqueo de capitales que la ley originalmente prohibía.
A esto se sumó el polémico intento de condonación de la deuda del Correo Argentino a la familia presidencial y una política energética que benefició directamente a empresarios del círculo íntimo de Macri, como Nicolás Caputo y Marcelo Mindlin, en un contexto de caída del poder adquisitivo general.
Tras ganar las elecciones de medio término en 2017, el macrismo profundizó su modelo de especulación a través de un festival de Lebacs (letras del Tesoro), ofreciendo tasas exorbitantes que garantizaron rentas escandalosas al capital extranjero. Cuando la confianza del mercado se quebró en 2018, la salida fue un regreso inédito al Fondo Monetario Internacional, de cuyo yugo la Argentina se había salido en 2005, cuando Néstor Kirchner canceló la deuda.
El FMI otorgó al país un préstamo de 57.000 millones de dólares, una cifra 127 veces superior a lo estipulado por la propia carta orgánica del organismo.
Ese dinero, lejos de volcarse a la producción, financió una fuga de capitales histórica que desangró las reservas del Banco Central.
El final del proyecto hegemónico de Macri dejó números en rojo: la inflación, que prometió bajar, terminó duplicándose; el PBI cayó un 5% y el desempleo trepó a los dos dígitos por primera vez en trece años.
Con una pobreza que escaló hasta rozar el 40%, el modelo del «cambio» cerró su ciclo dejando a un país nuevamente endeudado y con las aspiraciones de la clase trabajadora bajo cero.
Dirección: Silvina Tamous.
Idea y guión: Silvina Tamous, Daniel Schreiner.
Edición periodística y archivo: Patricio Irisarri.
Voz en off: Daniel Schreiner.
Producción: Franco Trovato Fuoco.
Periodismo performático: Carmen – Luciana Mangó; El Profe – Diego Añaños.
Vestuario y maquillaje: Mariana López, Carina Ortiz.
Trasmedia:
Arte: Matías M. Ramírez – Desarrollo: Nicolás Gonzalo.
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