El Juzgado Federal de Campana intimó al Gobierno nacional a acreditar en un plazo de cinco días hábiles avances efectivos en la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La decisión se dio en el marco de un amparo colectivo impulsado contra el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud por demoras en el cumplimiento de la norma.
La causa se originó a partir de la presentación de un padre en representación de sus hijos y sumó el respaldo de organizaciones y del Ministerio Público, lo que consolidó el carácter colectivo del reclamo. En ese contexto, el juez Adrián González Charvay exigió que el Gobierno presente documentación concreta y dejó en claro que no serán válidos informes basados en “evaluaciones”, “análisis” o “proyectos” sin respaldo material.
