El Parlamento Europeo frenó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur al dar paso a una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Con 334 votos a favor y 324 en contra, los legisladores europeos decidieron que sea la Justicia la que decida si el convenio firmado en Paraguay respeta los tratados del bloque de los 27 miembros.
Francia es uno de los países que más trabas puso para que esto sucediera y ahora el Parlamento habilitó a la Justicia para que decida sobre esta cuestión.
Así, queda en pausa el acuerdo que se firmó el pasado sábado 26 en Asunción. Ahora, la corte europea deberá revisar su compatibilidad con los tratados comunitarios. En la práctica, supone la paralización del proceso de ratificación hasta que los jueces dicten su conclusión. Esa instancia podría retrasar la entrada en vigencia del pacto hasta dos años (entre 18 y 24 meses).
La Comisión Europea, liderada por Úrsula von der Leyen, cuestionó la decisión del parlamento. «Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas en esta moción no están justificadas», afirmó el portavoz del organismo, Olof Gill.
Uno de los principales focos es la duda sobre la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto, así como la base legal elegida para su aprobación. La misma permite la ratificación de los capítulos sin la obligación de la aprobación de los parlamentos nacionales.
Resistencias y reclamos de protección
La resistencia al tratado interbloques está encabezada, además de Francia, por Polonia, Hungría, Austria e Irlanda. Italia estaba al principio en ese grupo, pero con el liderazgo de Giorgia Meloni terminó destrabando su apoyo tras negociar con Bruselas un paquete de medidas económicas destinadas a reducir costos en la actividad agrícola.
La semana previa a la firma del tratado, Francia vivió jornadas de extrema tensión. En París, unos 350 tractores volvieron a ocupar la avenida de los Campos Elíseos y se instalaron en las inmediaciones del Parlamento, en una nueva demostración de fuerza del sector rural.
Protestas similares se sucedieron en Irlanda, donde productores agropecuarios bloquearon rutas en la ciudad de Athlone, en el centro del país, con consignas como «Stop UE-Mercosur» y banderas de la Unión Europea intervenidas con la palabra «vendidos».
También hubo movilizaciones en Polonia, Hungría y Austria. Incluyeron cortes promovidos por agricultores que presionan a sus gobiernos para que mantengan una postura dura frente a Bruselas.
El núcleo del rechazo de los productores europeos es el temor a una caída de sus ingresos. Argumentan que trabajan bajo normas de producción mucho más estrictas que las vigentes en Sudamérica, y que eso eleva sus costos. En la UE rigen exigencias severas en materia de trazabilidad, uso de pesticidas, hormonas y bienestar animal.
Desde ese diagnóstico, advierten que los productos importados desde el Mercosur no cumplirían estándares equivalentes, pero ingresarían igualmente al mercado europeo a precios más bajos. Y que eso les generará una competencia que consideran desleal y amenaza la sustentabilidad del sector.
700 millones
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) sienta las bases de la mayor zona de libre comercio del planeta, con un mercado integrado por unos 700 millones de personas.
Tras 26 años de negociaciones, el tratado quedó listo para su firma, que se produjo en Asunción, pero lejos de un amplio consenso.
En términos comerciales, el entendimiento prevé la eliminación progresiva de la mayoría de los aranceles durante los próximos 15 años y abrirá el mercado europeo a productos del Mercosur como carne vacuna, pollo, azúcar y soja. El impacto potencial sobre el sector agropecuario europeo es uno de los ejes de la controversia. Pero también en Sudamérica hay reticencias por posibles impactos negativos, en este caso respecto de productos industrializados.
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